El Gobierno reprocha el "victimismo" de Iglesias con el caso de las cloacas de Interior

El Gobierno de Pedro Sánchez considera perniciosa la estrategia de Pablo Iglesias de utilizar el caso de un posible espionaje por parte de las cloacas del Estado para cobrar protagonismo en la campaña electoral. Fuentes del Ejecutivo señalan el riesgo del victimismo político al que recurre el líder de Podemos, que a la postre "no beneficia a nadie". "Está manejando el asunto muy hábilmente, pero la consecuencia es que se socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones y eso no es bueno ni para el Gobierno ni para nadie", aseguran.

El propio presidente tuvo que salir esta semana a defender a los cuerpos policiales, también molestos con las acusaciones de Pablo Iglesias. "Entiendo su indignación, comparto su preocupación, lo que sí que puedo trasladar es que el Gobierno de España en primer lugar defiende el buen nombre de  la Policía y los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado", destacó Pedro Sánchez el jueves en una entrevista en Telecinco.

"El hecho de que haya habido un grupo minoritario de policías corruptos que se han puesto a las órdenes de decisiones políticas de la anterior administración tendrá que ser suscitado y ver hasta dónde podemos llegar en la Audiencia Nacional para que paguen con todas las consecuencias. Pero también le voy a decir una cosa al señor Iglesias: estas personas son funcionarios, se han apartado de sus responsabilidades pero son funcionarios, y hasta que no haya una sentencia firme por parte del poder judicial el Gobierno no puede actuar en la medida en que dice el señor Iglesias", aclaró el presidente.

El líder de Podemos ha llegado a comparar el supuesto robo del móvil de su asistente con la guerra sucia contra ETA. "Es lo más grave que ha pasado en España desde los GAL", ha asegurado, en una clara sobreactuación, a juicio del Gobierno. “Tenemos que aguantar que el ministro del Interior diga que no hay cloacas", ha cargado Iglesias contra el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que con toda discreción ha descabezado a la cúpula policial del anterior Ejecutivo. Por ese motivo, tanto el ministro como el presidente insisten en que desde que el PSOE llegó al Gobierno se ha limpiado cualquier rastro de "corrupción" del anterior Ejecutivo.

"Con esta estrategia, Iglesias nos crea un grave problema si los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad no se sienten amparados por sus representantes políticos en general y por su Gobierno en particular", explican desde el Ejecutivo, en referencia a los 60.000 policías, 77.000 guardias civiles y 120.000 militares que se pueden sentir ofendidos por las acusaciones del líder de Podemos, que ha llegado a pedir el control del Ministerio del Interior en un próximo Gobierno en coalición con el PSOE, aumentando la preocupación de ese sector del funcionariado.

“Espero formar parte de ese ministerio y no solamente poner condiciones, sino ponernos a trabajar para limpiar ese ministerio de cloaca”, aseguró el jueves Iglesias, que mostró su confianza en que él mismo pueda depurar las “responsabilidades políticas” en la próxima legislatura. “Hasta que nosotros no formemos parte de un Gobierno hay cosas imposibles de limpiar”, reiteró.

El líder de Podemos reclamaba así al Gobierno la cabeza del inspector de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago, que en abril de 2016 se desplazó a Nueva York para obtener información sobre la presunta financiación ilegal de Podemos y cuyo nombre suena como el cabecilla en la llamada policía patriótica durante la etapa de Jorge Fernández Díaz (PP) al frente de Interior. “Cuando pedimos a Marlaska y al PSOE que esto hay que limpiarlo no lo hacemos con una voluntad de enfrentarnos políticamente sino de reconocer la realidad”, continuó en una entrevista en Rac1. “Ellos tienen demasiadas piedras en la mochila como formación política". “¿Cómo puede ser que este tipo siga cobrando un sueldo de la Policía, humillando la dignidad de miles de policías y guardias civiles?”, se preguntó Iglesias, que recordó que otro de los agentes involucrados recibió una medalla policial en 2009 del entonces ministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

"A Pedro todo este asunto le incomoda", aseguran fuentes del entorno del presidente del Gobierno, que censuran la búsqueda de "protagonismo" de Iglesias en esta campaña con actos como "irse a Paterna a llorar". "Usa el victimismo para lograr protagonismo con un tema que desmotiva a la gente. Con eso no se debe jugar, por eso la dimisión de Alberto Pozas se ha producido lo antes posible", aseguran, en referencia a la renuncia el pasado viernes del director general de Información Nacional de la Moncloa, primera víctima en el Gobierno de la trama del ex comisario José Manuel Villarejo.

Desde el Ejecutivo se señala también el adanismo del líder de Podemos, que debería ser consciente de la obligación del Centro Nacional de Inteligencia y de la Policía española de investigar cualquier sospecha sobre la injerencia de una potencia extranjera en la política española con maniobras como, por ejemplo, la financiación de un partido político. En ese sentido destaca el hecho de que los propios dirigentes de Podemos, como su secretario de Organización, Pablo Echenique, hayan advertido de que Vox pudiera haber recibido fondos de Irán. "Aquí se nos ha investigado a todos", aseguran desde el Gobierno.

La Audiencia Nacional investiga el posible robo de un móvil de una cercana colaboradora de Pablo Iglesias del que podrían haber salido algunas informaciones, que carecen de contenido político. Se trata de algunos chats de Podemos, como en el que el líder bromea con la posibilidad de "azotar" hasta que sangre a la periodista Mariló Montero. Iglesias insiste en que esas operaciones trataban de impedir la conformación de un Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos.

Lo cierto es que no fueron las cloacas del Estado, sino el Comité Federal del PSOE, primero, y luego el propio Iglesias y su negativa a investir a Sánchez como presidente, quienes evitaron esa coalición de Gobierno. El máximo órgano entre congresos del PSOE aprobó una resolución el 28 de diciembre de 2015 acordando no alcanzar acuerdos con el partido de Iglesias por su defensa del derecho a decidir en Cataluña. "La autodeterminación, el separatismo y las consultas que buscan el enfrentamiento sólo traerán mayor fractura a una sociedad ya de por sí divida. Son innegociables para el Partido Socialista y la renuncia a esos planteamientos es una condición indispensable para que el PSOE inicie un diálogo con el resto de formaciones políticas", establece el documento. Posteriormente, en marzo de 2016, Podemos votó en contra del intento de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

No sólo en el Gobierno, también en la Audiencia Nacional preocupa la utilización política que está haciendo del caso el líder de Podemos. Fuentes jurídicas aseguran que el juez Manuel García-Castellón se resistió inicialmente a la citación de Pablo Iglesias para evitar que su investigación entrara de lleno en la campaña electoral, como finalmente ha ocurrido.