Prevención de Blanqueo y el CNI investigaron la financiación de Podemos

Pablo Iglesias ha recorrido estos últimos días platós de televisión y estudios de radio para denunciar que la "policía política" del PP espió a Podemos para evitar que llegara al poder. Algunas encuestas recogen un cierto efecto de esta campaña victimista mostrando que, al menos, la formación morada ha dejado de caer en intención voto.

Sin embargo, en contra de la teoría conspiratoria de Iglesias, las primeras alarmas sobre una posible financiación ilegal de Podemos no se encendieron en las cloacas del ministerio del Interior, sino en el CNI y en un organismo dependiente del ministerio de Economía.

En efecto, a lo largo de 2015, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), que opera desde el Banco de España y que depende de Economía, emitió varios informes en los que llamaba la atención sobre la financiación de la sociedad 360 Global Media, editora del programa La Tuerka, dirigido por Iglesias. Según dichos informes, la citada sociedad no contaba con ingresos justificables, sino que sus facturación procedía de transferencias hechas desde cuentas de bancos radicados en el extranjero, en países como Belice, Emiratos Árabes, Irán, etc. La dinámica de dicha financiación se correspondía con la que habitualmente se utiliza para el blanqueo de dinero: se realizan transferencias desde cuentas que, inmediatamente después, se cancelan.

El SEPBLAC es un organismo de inteligencia financiera autónomo que realiza sus informes de oficio cuando detecta transferencias sospechosas de blanqueo, o a instancias de parte por profesionales que están obligados a ello, como por ejemplo los notarios en el caso de las transacciones inmobiliarias.

La colaboración del chavismo y Podemos saltó al primer plano cuando en enero de 2015 se supo que Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de dicha organización, había cobrado 425.150 euros a través de su empresa Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones por asesorar al gobierno de Hugo Chávez en 2013.

El SEPBLAC elaboró varios informes sobre la financiación que recibía la empresa que produce el programa La Tuerka, dirigido por Pablo Iglesias

Por otra parte, el 10 de diciembre de 2014 el presidente Chávez puso su avión oficial a disposición de varios activistas, entre los que se encontraban Anna Grabriel (CUP), Ignacio Gil de San Vicente, miembro activo de la izquierda abertzale y suegro del dirigente de ETA Davil Pla, o María José Aguilar, que después se integró en Podemos, para que se trasladaran a Venezuela para impartir una serie de charlas.

En paralelo a las pesquisas del SEPBLAC, el CNI investigó tanto si la financiación de 360 Global Media procedía del gobierno de Irán, como el supuesto dinero que aportó el gobierno de Hugo Chávez a la Fundación CEPS (Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstringe), origen de Podemos. La ley de Financiación de Partidos Políticos de 2007 prohibía expresamente la aportación de fondos de gobiernos extranjeros a los partidos políticos españoles. Posteriormente, se endureció dicha ley, estableciendo incluso penas de prisión de entre uno y cinco años para los infractores de esa norma. Según fuentes solventes, el CNI obtuvo información que avalaría la tesis de que Podemos recibía dinero de gobiernos extranjeros y elaboró una nota al respecto que remitió al gobierno.

La intervención de Interior fue a instancia de parte. El ex ministro de Finanzas del gobierno de Chávez, Rafael Isea, se puso en contacto con la Policía a través de su abogado Martín Rodill a principios de 2016.

El CNI investigó tanto la posible financiación procedente de Irán como el dinero que recibió CEPS y Monedero del gobierno de Hugo Chávez

En efecto, en abril de dicho año, como publicó Moncloa.com, se produjo una reunión en la sede del consulado español en Nueva York a la que acudieron el comisario que ocupaba entonces la dirección de la UDEF, José Manuel García Catalán; el comisario José Ángel Fuentes Gago, hombre de confianza del DAO Eugenio Pino, y una inspectora de la UDEF de nombre Silvia. Isea llegó al consulado acompañado de agentes de la DEA, dado que entonces era un testigo protegido de la agencia antidroga norteamericana.

Fuentes Gago afirmó en dicha reunión -como pone de manifiesto la grabación hecha pública por Moncloa.com- que estaban allí y podían ofrecer ciertas garantías de protección de testigos porque tenían la cobertura del ministro del Interior y del presidente del gobierno.

Interior ofreció a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que un fiscal acompañara a los agentes de la UDEF a dicha entrevista en Nueva York, pero el fiscal jefe, Javier Zaragoza no lo creyó necesario dado que no vio que el tema tuviese recorrido, según ha declarado a El País.

Sin embargo, Isea ha confirmado en una entrevista a La Sexta que el documento que lleva su firma, cuando era ministro de Finanzas en el gobierno de Hugo Chávez, en 2008, por el que se produce una transferencia de 7,1 millones de euros a la Fundación CEPS es auténtico.

La investigación sobre la financiación irregular de Podemos está por tanto justificada y no tiene su origen en la supuesta "policía política" montada por el ministro del Interior, sino que se lleva a cabo en tres instancias distintas: SEPBLAC (Ministerio de Economía), CNI (dependiente de la Viepresidencia del Gobierno), y la UDEF (Ministerio del Interior).

O bien la conspiración que denuncia Iglesias afectó a todo el gobierno de Rajoy y no sólo a las cloacas del Estado; o bien, había datos más que suficientes como para que se investigara si Podemos o las entidades relacionadas con dicho partido recibieron financiación de dictaduras extranjeras interesadas en desestabilizar la situación política en España.