Cuando el pasado mes de febrero arrancó el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo, el ex conseller de Cultura Santi Vila era considerado por sus compañeros del banquillo de los acusados como el ‘traidor’ que los iba a ‘vender’ en la vista oral. Pero no fue así. Declaró de forma extensa y con un discurso verosímil, contó cómo la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) fue inesperada para él tras la última conversación que mantuvo con el ex president Carles Puigdemont y dijo que el referéndum del 1-O no fue ilegal.
Su estudiada declaración, sin perjudicar al resto de líderes independentistas, le valió que la mayoría de ellos le volvieran a dirigir la palabra después de meses de desprecio, aunque lo cierto es que para el mundo secesionista Santi Vila sigue siendo un ‘botifler’. Eso sí un ‘traidor’ que tiene que defenderse por cuenta propia sin ayudas de terceros.
La razón es que mientras Vila asume él mismo el coste de los honorarios de su abogado –su defensa la ejerce el prestigioso letrado catalán Pablo Molins y el letrado Juan Segarra- existe la sospecha de que las abultadas minutas de otros letrados de sus compañeros de banquillo son sufragadas por asociaciones independentistas como ANC y Òmnium Cultural. Lo cierto es que para el ex conseller acusado por desobediencia y malversación de caudales públicos la asistencia a la vista oral –que este miércoles desarrolla su jornada número 30- le está suponiendo un importante esfuerzo económico. De ahí que haya solicitado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que le devuelva la fianza que tuvo que pagar para eludir el ingreso en prisión. En total 50.000 euros para poder costear todos los costes derivados de su defensa.
En el escrito remitido al Alto Tribunal, al que ha tenido acceso El Independiente, el ex conseller explica que “la obligatoriedad de asistir personalmente a las numerosas sesiones del acto de juicio oral, las cuales duran ya aproximadamente un mes y medio y previsiblemente se alargarán durante varios meses más según el progresivo calendario de señalamientos, está provocando una situación económica de extrema necesidad" ya que su "residencia habitual" está en la ciudad de Barcelona" y es él mismo "quien debe sufragar los cuantiosos costes de desplazamiento, alojamiento y manutención en Madrid, así como los costes legales de su defensa, sin ayuda ni apoyo económico de ningún tipo”.
Asimismo, el ex miembro de Govern añade que el hecho de tener que desplazarse a la capital le “está comportado una relevante disminución de los únicos ingresos económicos que tiene, debido a la drástica limitación de su actividad laboral. Por una parte, ha debido suspender las clases que como profesor imparte en la Universidad Ramon Llull y, por otra parte, ha visto reducida considerablemente su actividad laboral ordinaria, a uno o máximo dos días semanales, como Director de una empresa en Bañolas (Girona)”.
Por esta razón, el acusado ha pedido a la Sala que preside el magistrado Manuel Marchena que solicite “la devolución de la referida fianza personal al objeto de poder destinar su importe a sufragar los elevados costes de desplazamiento, alojamiento y manutención en Madrid”.
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