Sánchez decidió El Pardo para reinhumar a Franco antes de preguntarle a la familia

El Gobierno de Pedro Sánchez tenía decidido el traslado de los restos de Franco a una cripta del cementerio madrileño de Mingorrubio-El Pardo semanas antes de ofrecerle a los nietos del dictador la posibilidad de designar un nuevo emplazamiento para enterrar el cuerpo embalsamado de su abuelo. La familia siempre ha expresado su deseo de que, en caso de que el Ejecutivo materializara su decisión, la reinhumación tuviera lugar en la catedral de la Almudena.

El pasado 11 de julio, 44 días antes de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto-ley para dar cobertura a la exhumación del dictador, Patrimonio Nacional reclamó a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid SA los derechos funerarios sobre la cripta de Mingorrubio de su propiedad en la que el Ejecutivo pretende enterrar los restos de Franco el próximo 10 de junio y una llave de la puerta de la capilla.

Fue semanas antes de que, en virtud del expediente administrativo instruido por el Ministerio de Justicia, se diera a los nietos de Franco la posibilidad de personarse en el procedimiento para presentar alegaciones e indicar "el lugar de reinhumación" deseado. Según se detalla en el citado decreto-ley, el Consejo de Ministros sólo designaría el emplazamiento en caso de que los familiares discreparan sobre la nueva sepultura o no manifestasen su voluntad "en tiempo y forma".

En dicho trámite, la familia formuló su oposición al traslado de los restos desde el Valle de los Caídos -donde están enterrados desde el 23 de noviembre de 1975- y planteó que, en el supuesto de que se exhumase el cuerpo embalsamado, les entregaran el féretro con el cadáver para darle sepultura en la cripta familiar de la catedral madrileña, donde está enterrada la hija del dictador (Carmen Franco).

Patrimonio Nacional reclamó los derechos funerarios sobre la cripta de Mingorrubio antes de iniciar el procedimiento administrativo

Ese emplazamiento ha sido vetado expresamente por el gabinete de Pedro Sánchez invocando un informe de la Delegación del Gobierno en Madrid -trámite no previsto en el decretazo- en el que se desaconseja la ubicación esgrimiendo razones de "orden público".

En la extensión del recurso contencioso-administrativo inicialmente interpuesto contra el acuerdo por el que el Consejo de Ministros decidió el pasado 15 de febrero la exhumación de los restos de Franco, ahora ampliado tras dictarse una segunda resolución (el 15 de marzo) con medidas específicas sobre la forma en que se ejecutará el traslado y posterior reinhumación, los Franco consideran que el hecho de que Patrimonio Nacional reclamara los derechos funerarios sobre la cripta de Mingorrubio-El Pardo "evidencia la idea preconcebida" del Gobierno de Sánchez de que fuera ésta la nueva sepultura sin esperar a que la familia expresara su opinión.

"Apropiación indebida de los restos"

Los nietos también recuerdan que "carecen de título o control alguno que les habilite" para llevar a cabo la reinhumación en dicha cripta, lo que supondría -exponen- "una suerte de apropiación indebida de los citados restos mortales" por cuanto la propiedad corresponde a Patrimonio Nacional.

Los descendientes argumentan que, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica (disposición adicional sexta bis), el Gobierno está obligado a tramitarle y asignarle el correspondiente derecho funerario, "lo que no se ha hecho ni se sabe en qué condiciones, en su caso, se hará ni si éstas garantizarán los derechos de la familia en cuanto a visitas, ceremonias religiosas y demás actos de culto".

"Mis representados no pueden aceptar en modo alguno una eventual reinhumación de los restos mortales de su abuelo en el lugar que unilateralmente ya tenía prefijado el Gobierno, un lugar que, dicho sea de paso, no ofrece -según la Delegación del Gobierno- suficientes garantías de seguridad que pudieran evitar eventuales intentos de profanación y sobre el que no se ha concedido ningún título funerario en favor de mis representados que garantice no sólo la dignidad y seguridad que requieren la sepultura de un Jefe del Estado cuya figura sigue siendo objeto de controversia política sino también los derechos de mis representados a visitar la sepultura de su abuelo, sin tener que solicitar autorización al Gobierno", detalla el escrito, firmado por el abogado Luis Felipe Utrera-Molina.

No habrá sentencia antes del 10 de junio

La familia considera "más que probable" que se llegue al 10 de junio -la fecha señalada por el Ejecutivo de Sánchez para llevar a cabo la exhumación, traslado y reinhumación de Franco- sin que la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo haya dictado sentencia, por lo que consideran que la eventual ejecución de la medida frustraría la finalidad del recurso en caso de que se les terminara dando la razón y les causaría "graves daños". Es por ello por lo que reitera al alto tribunal la necesidad de que acuerde la suspensión cautelar, como le han pedido tanto ellos como la comunidad benedictina de la abadía del Valle de los Caídos, la Fundación Nacional Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.

Previsiblemente, para no interferir en la ya iniciada campaña de las elecciones generales del 28-A, el Supremo no resolverá la pieza de medidas cautelares hasta después de los comicios. En las alegaciones con las que pide que se desestime dicha petición al considerar que la exhumación no provocaría un "daño irreparable", la Abogacía del Estado ha solicitado a la Sala que delibere y falle las cuatro peticiones a la vez.