Casado quiere que los sin papeles puedan ir a urgencias pero no a la sanidad pública

El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que, de llegar a gobernar, el PP reactivaría la Ley de Racionalización del Sistema Sanitario del año 2012 por la que se acababa con "ese turismo sanitario sin contraprestación del país de origen" y se limitaba el acceso de los inmigrantes ilegales a la sanidad pública. A su juicio, este gesto no "evitaba la solidaridad" ya que se permitía "la atención a urgencias" de las personas indocumentadas.

Durante una breve intervención en el muelle de Cambulloneros, en Las Palmas, Casado ha defendido la necesidad de restringir ese turismo sanitario sin contraprestación de los países de origen, una medida que se enmarcará en una "política firme" de defensa de las fronteras que quiere acometer el líder 'popular' en caso de llegar a Moncloa.

El presidente del PP ha evidenciado la necesidad de "hacer sostenible" el Estado del Bienestar, algo que no conlleva dejar de solidarizarse con el continente africano, sino dejar claro que la inmigración debe hacerse desde un "cauce legal".

Casado ha querido contextualizar su discurso argumentando que con Pedro Sánchez se atiende a la "peor crisis migratoria desde la crisis de los cayucos de 2010", acaecida durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, lo que pone "en peligro" los servicios sociales y el Estado de Bienestar. En opinión del candidato, ese "buenismo" de Sánchez ha sido utilizado por las mafias de tráfico de personas "para delinquir".

En este sentido, Casado ha reiterado su propuesta de un Plan Marshall para África, ya anunciado por la formación el pasado verano, en el marco de una legislación que regule esa "oleada" de irregulares y que "ha funcionado durante sus años de Gobierno", un plan que ahora considera en riesgo por la "demagogia" de los socialistas.

Una ley polémica

La Ley de Racionalización del Sistema Sanitario fue aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en abril de 2012. Por ella, desde ese año y hasta 2018 los inmigrantes irregulares podían acceder únicamente a los servicios de urgencias, pediatría y maternidad, si bien fue anulada posteriormente por Pedro Sánchez mediante un decreto aprobado el pasado mes de septiembre. La medida fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de los populares.

Entonces, la exclusión sanitaria fue justificada en mitad de la polémica por la ministra Ana Mato de la misma forma que lo ha hecho hoy Casado siete años después: aduciendo los abusos del "turismo sanitario" cometido por aquellos que traían a nuestras fronteras a sus familiares exclusivamente para recibir tratamiento médico. Mato reducía por tanto el acceso de los indocumentados a una asistencia básica, que está asegurada a cualquier persona.

El Real Decreto 16/2012 estuvo envuelto en la polémica desde el mismo momento de su gestación, ya que restringía el acceso a la sanidad pública a personas sin papeles y supuso de entrada la retirada de 870.000 tarjetas sanitarias. Hasta entonces, estas personas necesitaban únicamente el empadronamiento para obtenerla y, a partir de la aprobación de la norma, se exigía también la residencia fiscal.

La medida no solo recibió críticas por parte de la oposición y de diversas organizaciones a nivel nacional, sino que también desató denuncias por parte de diversos organismos internacionales que tildaban la norma como causante de una grave vulneración de derechos humanos por negarle atención a cientos de personas con enfermedades crónicas.

Ante esta situación, un buen número de Comunidades Autónomas decidieron rebelarse contra la ley y aprobar en sus territorios normas alternativas para corregir la carencia de cobertura sanitaria, como País Vasco, Cataluña, Extremadura, Cantabria, Baleares o la Comunidad Valenciana.

La polémica creció aún más tras hacerse público un estudio del Instituto de Economía de Barcelona y de la Universidad Pompeu Fabra en el año 2018 que demostró que desde la reforma sanitaria y hasta 2015 la mortalidad de los sin papeles aumentó un 15% en España.