El comisario García Castaño confiesa que entró sin orden judicial en una vivienda de Bárcenas

La operación Kitchen adquiere una nueva dimensión después de que el comisario principal y ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño haya confesado en la Audiencia Nacional que él mismo accedió al estudio de restauración que el ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias tenían en la madrileña calle General Díaz Porlier sin contar con orden judicial.

Según informan fuentes de la investigación a El Independiente, el comisario principal -conocido en los círculos policiales como El gordo- admitió esta ilegalidad a finales de marzo en el penúltimo día de declaración ante el juez Manuel García-Castellón y los fiscales Anticorrupción, que lo investigan por la comisión de delitos de cohecho, organización criminal, prevaricación, revelación de secretos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos en el marco del caso Tándem. El mando policial fue detenido el pasado verano por facilitarle al comisario José Manuel Villarejo -en prisión preventiva desde noviembre de 2017- datos bancarios y tributarios y listados de tráfico de llamadas telefónicas de terceros para la elaboración de los "informes de inteligencia" que aquél facturaba a través de su entramado empresarial.

Fue a preguntas de Anticorrupción cuando El gordo contó que él mismo accedió al estudio que el ex tesorero del PP y su esposa tenían en el barrio Salamanca de Madrid sin disponer de una orden judicial para ello. En aquella vivienda, los Bárcenas guardaban supuestamente documentación comprometedora sobre la financiación irregular del partido que presuntamente fue robada por su chófer, Sergio Ríos Esgueva.

García Castaño habría accedido al local con la llave que le facilitó el conductor de los Bárcenas, captado como confidente de la Policía Nacional en 2013 para intentar obtener pistas que permitiera conocer dónde ocultaba su patrimonio el ex tesorero del PP y quiénes eran sus testaferros.

El gordo es una de las piezas claves en el denominado operativo Kitchen. La Audiencia Nacional investiga dicho el dispositivo policial, presuntamente montado por orden del Ministerio del Interior, para espiar e intervenir documentación sensible a Bárcenas después de que este hubiera tirado de la manta en la Audiencia y detallado que el PP mantuvo durante casi dos décadas un sistema de financiación irregular oculto al Tribunal de Cuentas. Fuentes policiales aseguran que, en contra de lo que había asegurado el conductor de Luis Bárcenas, no se encontró en aquel estudio de restauración documentación sensible para los 'populares'. "Fue un montaje del chófer", aseguran las citadas fuentes.

'El gordo'declaró en sede judicial que él mismo accedió al estudio de restauración donde los Bárcenas guardaban documentación sensible de la 'caja B' del PP

Los fiscales le preguntaron al investigado si no fue consciente de que esa acción -acceder a una vivienda de los Bárcenas sin orden judicial- era una “ilegalidad” y el comisario García Castaño respondió que “precisamente” por eso "lo hizo él y no mandó a su gente" para evitar comprometerlos.

Lo cierto es que la confesión de la entrada en el estudio de restauración de Rosalía Iglesias en el que se guardaba documentación sensible sobre la 'caja B' del PP es un claro indicio de que el comisario principal pretende colaborar con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos que investiga el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en una decena de piezas separadas en el marco del caso Tándem.

Fue García Castaño quien se dirigió al juez a finales del pasado año para que pidiera autorización al Consejo de Ministros a fin de que desclasificara como materia calificada con la categoría de “secreto” la documentación relativa al operativo Kitchen -afectada tanto por la ley sobre secretos oficiales como por la que regula la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados- y explicar cómo se llevó a cabo aquel dispositivo, quiénes participaron y qué descubrieron.

Operaciones de Estado

Con 44 años de trayectoria en la Policía Nacional, García Castaño participó en delicadas operaciones de Estado con gobiernos de todo signo desde su puesto de máximo responsable de la UCAO, unidad que dependía de la Comisaría General de Información y especializada en escuchas y dispositivos de seguimiento. Fue desmantelada después de que Juan Ignacio Zoido aupara a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía a Florentino Villabona.

Tanto el magistrado García-Castellón como la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional creen que la misión principal que tenía la operación Kitchen era despojar al ex senador Bárcenas de cintas que presuntamente él grabó y que podían comprometer a la ex cúpula del Partido Popular, después de que se hubiera filtrado el famoso ‘SMS’ con Rajoy y el ya célebre ‘Luis sé fuerte’.

Para conseguir ese objetivo se contó con la ayuda del chófer de Bárcenas, captado como confidente, pagado con fondos reservados del Ministerio del Interior –percibió al menos 48.000 euros– y actualmente imputado en la Audiencia Nacional por delitos de prevaricación, malversación, robo y allanamiento de morada.

La incriminatoria confesión es un claro indicio de que el comisario quiere colaborar con la Justicia para aclarar los hechos

Frente a esta tesis, el comisario principal ha mantenido en todo momento que la conocida como Operación Kitchen fue legal y que el objetivo de aquellas pesquisas era averiguar dónde tenía Bárcenas las cuentas corrientes, a qué personas utilizaba como testaferros para ocultar su patrimonio y cuánto dinero se había llevado por mordidas cobradas a adjudicatarios de contratos públicos licitados por administraciones gobernadas por el PP.

En su declaración judicial, García Castaño señaló a Eugenio Pino -entonces al frente de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía- como el mando que reclamó su participación en el dispositivo puesto en marcha en 2013. A preguntas del juez y de los fiscales, el investigado explicó que Pino lo llamó cierto día a su despacho oficial para pedirle su apoyo y que las pesquisas permitieron conocer la identidad de alguno de los testaferros de Bárcenas y los países por los que movió el dinero.

En su defensa de la legalidad de aquella operación, Enrique García Castaño mantuvo que se informó de los datos que se iban obteniendo y que se colgaron anotaciones en el Grupo de Análisis y Tratamiento de Información (GATI), la base de datos propia de la Policía Nacional. También aseguró que las pistas se ponían en conocimiento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, entonces comandada por el comisario Manuel Vázquez El Fiti y encargada de la investigación del caso Gürtel.

Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado a nivel indiciario que hubo una “organización criminal” dentro de la Policía liderada por Villarejo. Dentro de ella estaba García Castaño.  Anticorrupción ha subrayado que Kitchen era una dispositivo “ilegal” y “parapolicial” así como que en el Cuerpo Nacional de Policía hubo una “organización criminal asentada” durante años.

Piezas principales del puzle

Por su parte, el instructor Manuel García-Castellón ha situado a los comisarios Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo como los dos piezas fundamentales de un puzle donde todo encaja. “La relación directa de ambos investigados con quienes intervienen en el proyecto, principalmente Sergio Ríos Esgueva [antiguo chófer de Bárcenas] y Andrés Gómez Gordo [inspector de Policía], no resulta explicable sino dentro de este marco colaborativo. Ambos reconocen haber intentado contactar con Sergio Ríos por diversos medios, ambos se involucran en el operativo, se interesan en el resultado del operativo y gestionan una información que nunca llegaría ser judicializada”, subrayó el juez sobre Villarejo y El gordo.

“Esta colaboración por sí sola presenta una coordinación en el tiempo que les sitúa muy próximos a la organización delictiva, pero que en todo caso cualquiera que sea su denominación determina necesariamente una investigación conjunta”, agregó.