Los generales del próximo 28 de abril se plantean como la llamada a las urnas con el escenario político más abierto de la historia de la democracia. En este contexto y ante una horquilla de más de un 40% de indecisos, los partidos han comenzado una trepidante campaña electoral en la que instan a acudir a las urnas o solicitar el voto por correo para arañar hasta la última papeleta. Pero, ¿qué pasa con los más de dos millones de españoles en el extranjero llamados a las urnas y cuya participación podría ser esencial en estos comicios? La respuesta es sencilla: que la mayor parte se quedará en casa.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo se han recibido 176.547 peticiones de electores que desean ejercer su derecho al voto fuera de nuestras fronteras, lo que apenas representa un 8,4% del total de los 2.099.977 personas que componen el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
No es una cifra para tirar cohetes, pero sí es cierto que se ha atendido a una mejora progresiva del porcentaje de personas que se animan a ejercer sus derechos. Así, en 2011 el número de electores alcanzó mínimos históricos con tan solo un 4,9% de participación, que creció al 6,3% en 2015 y en torno al 8% en los comicios de 2016.
Nada que ver tienen estos números con la participación de este sector que se logró en los comicios de 2008 en los que se atendió a la victoria del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero: un 32%.
¿Y cuál fue el motivo de ese bajón tan drástico? Que las de 2008 fueron las últimas generales antes de que se modificase el sistema electoral para residentes fuera de nuestras fronteras al polémico 'voto rogado'.
En 2011 se acometió la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), una medida impulsada por PP, PSOE, CiU y PNV que tenía como objetivo primordial acabar con los casos de fraude en el voto emigrante. Pero consiguieron un efecto adverso: la bajísima participación en las generales de esta parte del electorado por convertir la solicitud del voto en un auténtico laberinto burocrático.
Las trabas legales, la dificultad de los trámites y la falta de garantías de que el voto llegase a tiempo provocó -y sigue provocando- que muchos ni si quiera lleguen a intentarlo.
Un laberinto burocrático
Las facilidades para ejercer el derecho al voto en el extranjero invitan más bien a prescindir de él. Lo primero a tener en cuenta, es comprobar si se está inscrito en el CERA, debiendo figurar en las listas como residente temporal o ausente a fecha de 1 de enero de 2019. En caso de no estarlo, habría que reclamar la inscripción al Consulado que corresponda con mucha antelación a los comicios, algo que, de entrada, ya supone una criba. Este año el plazo para reclamar fue del 11 al 18 de marzo.
De estar inscritos correctamente, el siguiente paso sería 'rogar' el voto, es decir, solicitar la documentación electoral a la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral donde estén inscritos, para lo que hay que incluir el DNI o Pasaporte y certificación de nacionalidad en el Registro de Matrícula Consular. El plazo de solicitud se cerró el pasado 30 de marzo, si bien la Junta Electoral Central amplió 48 horas ese tiempo por problemas técnicos registrados en la web del INE.
Llegados a este punto, los electores pueden ejercer su derecho a voto de dos maneras: mediante correo certificado a la Oficina Consular de España en el extranjero donde se esté inscrito -debiendo pagar en muchos casos altas tasas por la certificación-, cuyo plazo termina el 23 de abril; o votar presencialmente en el Consulado que corresponda los días 24, 25 y 26 de abril, una distancia que no es precisamente corta en algunos casos y que precisa utilizar un avión para llegar hasta la Oficina más próxima.
Francia será el país donde más residentes en el extranjero votarán, con 27.562 personas. Le sigue Alemania, con 21.813; Reino Unido, con 19.778; Estados Unidos, con 14.609; Argentina y Suiza, con 13.297 y 13.110 votantes, respectivamente.
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