Una veintena de ex altos cargos investigados en casos de corrupción ha pedido ya formalmente a la Junta de Andalucía que abone los honorarios profesionales de los abogados que los defienden en los procedimientos judiciales en los que se hallan inmersos. El montante supera los 2,68 millones de euros, de los que la Administración ha abonado hasta ahora una mínima cantidad.

En los últimos ocho años, decenas de altos cargos de la Administración autonómica han sido imputados en macrocausas que en la mayoría de los casos siguen aún en instrucción -entre las escasos casos que sí se han enjuiciado figura la pieza política de los ERE, que quedó vista para sentencia a mediados del pasado mes de diciembre- y en algunas de las cuales la Junta de Andalucía ejerce la acusación particular por su condición de perjudicada. Según la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (artículo 14.f), éste tiene derecho "a la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos".

De acuerdo con los datos facilitados por el Gobierno andaluz en respuesta a una petición de información tramitada a través del Portal de la Transparencia, al menos cinco consejerías han recibido solicitudes de antiguos altos cargos para que se les sufrague el coste de su defensa jurídica en las causas en las que han sido imputados como consecuencia de sus responsabilidades públicas.

Respuesta de la Consejería de Empleo en relación a las solicitudes para el pago de la defensa jurídica a antiguos altos cargos.

Encabeza la lista la actual Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, epicentro de las irregularidades investigadas -y parcialmente enjuiciadas- en el caso de los ERE fraudulentos. Este departamento suma un total de 11 peticiones, ascendiendo la cuantía reclamada a 1.812.325,71 euros. "Esta cantidad no coincidirá necesariamente con la que finalmente proceda abonar, previo cumplimiento de los requisitos para ello", advierten.

La Consejería de Empleo, epicentro de las irregularidades investigadas en el 'caso ERE', suma 11 peticiones por más de 1,8 millones

Se trata por lo general de procedimientos judiciales complejos, con una prolongada fase de instrucción -la investigación de los ERE comenzó en enero de 2011 y su primera pieza no empezó a enjuiciarse hasta casi siete años después- y con vistas orales también muy largas en el tiempo. En muchos casos, los abogados contratados tienen sus despachos en Madrid, lo que incrementa los gastos por los desplazamientos que han de realizar y termina elevando la factura de la defensa.

Sin desvelar las identidades, Empleo reconoce que hasta el momento consta la tramitación del pago a dos solicitantes. Uno es con toda seguridad Daniel Rivera, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía (2010-2012) que llegó a estar imputado en la pieza política del caso ERE y que finalmente no fue procesado. El 1 de junio de 2017, el entonces vicepresidente andaluz (Manuel Jiménez Barrios) reconoció en el Parlamento autonómico que la Junta había abonado 18.000 euros al abogado de Rivera.

Tres peticiones a Hacienda

En el caso de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, son tres los ex altos cargos que han pedido que se paguen los honorarios de sus abogados: 757.581,96 euros en total. "Hasta el día de la fecha no se ha procedido al abono de cantidad alguna por las minutas presentadas formalmente", responde el departamento que dirige Juan Bravo.

A Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad le constan tres peticiones por un montante de 9.534,69 euros, habiendo pagado hasta ahora la defensa jurídica de un alto cargo por importe de 1.307,31 euros. Por su parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha recibido dos solicitudes -no ha especificado por qué causas judiciales ni los nombres de los solicitantes- y ha abonado 290,40 euros en un caso y 580,80 euros en otro.

El ex consejero Zarrías tiene en los tribunales a la Administración andaluza después de que sólo le reconociera el abono del 6 % de la minuta de su letrado

Igualmente, la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior ha recibido también sendas peticiones, de las que tan sólo ha sido atendida una. Se trata de la formalizada por Gaspar Zarrías, ex titular del departamento y uno de los 21 ex altos cargos procesados en el primer juicio del caso ERE. Defendido por el prestigioso penalista Gonzalo Martínez-Fresneda, Zarrías ha presentado hasta ahora una minuta de honorarios de 104.290,26 euros, de los que la Junta de Andalucía considera que -conforme a los "requisitos de aplicación"- le corresponde pagarle tan solo 4.220,32 euros (más IVA).

Desde hace meses, la antigua 'mano derecha' de Manuel Chaves libra un pleito en los tribunales a fin de que la Administración regional corra íntegramente con los gastos que le ha supuesto su defensa jurídica, iniciada después de que la juez Mercedes Alaya lo llamara al procedimiento en calidad de imputado a mediados de noviembre de 2015 como posible autor de un delito de prevaricación y que se ha extendido hasta la terminación del juicio. En caso de ser condenado, tendrá todavía la opción de recurrir ante el Tribunal Supremo.

Como avanzó ABC de Sevilla, Gaspar Zarrías interpuso el pasado mes de diciembre un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) después de que la Consejería de Presidencia dictara una orden por la que limitaba al 6 % el importe de los honorarios profesionales que estaba dispuesta a abonarle a su letrado. El ex dirigente socialista ve una "clara discriminación" en relación con los altos cargos que "pueden ser defendidos por los servicios jurídicos de la Junta".

El precedente de los interventores

Los precedentes avivan las posibilidades que el alto tribunal andaluz termine estimando el recurso del ex consejero de Presidencia. En 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA dio la razón a dos interventores imputados en los ERE -Manuel Gómez Martínez y Juan Luque, éste último exculpado antes de que empezara el juicio- después de que la Junta de Andalucía hubiera recurrido en apelación los fallos de dos juzgados de Sevilla en los que se les reconocía el derecho a que se les sufragara la defensa sin limitaciones.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública había dictado una orden el 19 de noviembre de 2013 -en la etapa de María Jesús Montero, hoy ministra del ramo- por la que estableció dos condiciones: sólo reconocería el derecho al abono de los honorarios por representación y defensa de abogado y procurador «una vez que haya recaído resolución judicial firme por la que se declare inexistente la responsabilidad penal del solicitante por causas objetivas ligadas a la inexistencia del hecho, la falta de participación en él o el carácter lícito del mismo», al tiempo que restringía el importe a 18.000 euros (equivalente al límite de las contrataciones menores).

La hoy ministra de Hacienda dictó en su etapa de consejera una orden por la que se pagaría en caso de absolución y con un máximo de 18.000 €

En las sentencias del TSJA, la magistrada María Luisa Alejandre expuso que "no se trata de una indemnización ni de una ayuda, sino del reconocimiento de un derecho de defensa jurídica del funcionario por parte de la Administración" como prevé -entre otras normas de aplicación- el Estatuto Básico del Empleado Público. Y añadió: "Es la Administración la que debe asumir su defensa cuando se solicita y se cumplen los presupuestos legales (extremo que no se discute) y por tanto a sufragar los gastos que de ello deriven, pues en otro caso el derecho de defensa quedaría gravemente afectado si no se asumen y abonan hasta que se dicte resolución judicial firme y que se puede demorar sine die en una causa tan compleja y de larga duración como se prevé, sin que la norma que resulta aplicable contemple, salvo caso de renuncia, la defensa y representación a costa del funcionario por actos u omisiones en el ejercicio de su cargo garantizando así su indemnidad".

No sólo consagra el derecho el Estatuto Básico del Empleado Público. En su artículo 44, la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía establece que los letrados de su gabinete jurídico "podrán asumir la representación y defensa en juicio de las autoridades y personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, de las agencias administrativas, del Consejo Consultivo de Andalucía y del Consejo Audiovisual de Andalucía cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el cargo y previo consentimiento de la persona interesada".

Incompatibilidad material

Ocurre que en algunos casos, como en el de los ERE, la Administración autonómica ejerce la acusación particular por ser perjudicada por los hechos investigados, lo que genera incompatibilidad material -sería un contrasentido procesal que le ponga abogado a quien está acusando de la posible comisión de hechos delictivos- y abre la puerta a la contratación de bufetes privados previa autorización de su gabinete jurídico.

Así lo prevé la disposición adicional segunda del decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía: "En los casos en los que, resultando procedente la defensa de las autoridades y personal de la Administración de la Junta de Andalucía por los Letrados de la Junta de Andalucía, pudiera existir incompatibilidad material por la posición procesal que la Comunidad Autónoma haya de mantener en el mismo o en otros procedimientos, la Consejería competente, previo informe del Gabinete Jurídico, podrá contratar los servicios de profesionales que se encarguen de la defensa de aquel personal".