Patinazo de Pedro Sánchez en el debate de Atresmedia de este martes. El candidato socialista, durante el bloque dedicado a la política social, ha acusado a PP y Ciudadanos de plegarse a Vox en materia de género, y para probarlo ha exhibido un papel que ha presentado como "una carta de la Junta de Andalucía" que pedía los datos personales de los trabajadores de los servicios de violencia de género para evaluar si había "criterios ideológicos" en la elaboración de informes, de los que dependen las asignaciones económicas o los procedimientos judiciales. Una petición que en realidad no había sido formulada por ningún organismo público.
Este registro de datos, en realidad, no fue pedido por el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos sino que fueron varios ciudadanos particulares los que enviaron la petición de esta información a través del Portal de Transparencia e información pública. Las peticiones llegaron después del rechazo del Parlamento andaluz a la propuesta de Vox el pasado febrero. Por tanto, la misiva no fue remitida por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración local, como ha asegurado Sánchez en el debate, sino que esta consejería sólo trasladaba esta petición de información, puesto que tiene obligación por ley de notificar las peticiones de información tramitadas a través de este portal.
La Junta de Andalucía, siguiendo el protocolo de Transparencia, remitió a los trabajadores la petición para que decidieran si prestaban o no sus datos. No es, por tanto, una iniciativa del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, como ha tratado de hacer ver el presidente del Gobierno y candidato del PSOE en las elecciones generales, sino que ha empleado unos documentos privados haciéndolos pasar por institucionales.
"Han pedido hacer una lista negra, no con los maltratadores, sino con los trabajadores", ha reprochado el presidente de Gobierno a PP y Cs, que ha acusado directamente a Albert Rivera de que "su consejería" es la "responsable" de esta supuesta cacería, que no existe en realidad.
El texto, presentado por siete particulares, recoge el objetivo de la propuesta de Vox de "poder constatar si dichos perfiles profesionales cumplían y cumplen con los requisitos de cualificación y colegiación obligatoria"; la Consejería de Justicia remitió estas cartas particulares a los trabajadores, que tuvieron un plazo de 15 días para enviar alegaciones a esta petición.
Pablo Casado ha criticado a Sánchez después de estas duras acusaciones: "Es inaceptable que vengan aquí a arrojarme las víctimas de violencia de género". "No voy a permitir que me señale co violencia de género. Es algo que me humilla". "Es un insulto".
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