En el fragor del debate celebrado en Atresmedia este martes el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, acusó (otra vez) a Cabify de utilizar un entramado fiscal para no tributar de forma adecuada en España, citándola como una de esas situaciones que se comprometía a erradicar si los votantes le otorgan su confianza.
No es la primera vez que el líder de la formación morada ataca las prácticas de la plataforma de transporte española, pues Podemos es uno de los grandes apoyos de los taxistas en su lucha contra los servicios VTC, pero sí fue el único de los candidatos que llevó al debate un conflicto que ha protagonizado muchos titulares y horas de televisión. De hecho, Iglesias llegó a la sede de Atresmedia en un taxi.
"Cabify cumple al 100% con sus obligaciones fiscales en España y paga el 100% de los impuestos que genera su actividad en nuestro país", explica la compañía en un comunicado publicado en la mañana de este miércoles, en el que detalla que en 2018 su aportación "a las arcas públicas fue de 8 millones de euros".
Pese a las explicaciones ofrecidas por la compañía dirigida por Juan de Antonio, lo cierto es que Cabify mantiene su matriz en la polémica Delaware, un territorio en Estados Unidos que es considerado un paraíso fiscal de facto por lo amable de su sistema tributario.
El pasado mes de julio, en la primera gran batalla de la guerra del taxi, Cabify se comprometió a trasladar a España su sede fiscal, algo que todavía no ha sucedido. "Ya no nos van a poder acusar de estar en un paraíso fiscal. Es algo que ya teníamos previsto, pero que hemos querido adelantar para cerrar de una vez esta discusión", explicaba entonces a El Independiente Mariano Silveyra, country manager en España.
El directivo de Cabify ya advertía de que este cambio es "complejo y lleva su tiempo", pero ya han pasado nueve meses desde aquellas palabras y todavía no se ha completado el traslado.
Un duro conflicto
Los choques entre Cabify y Podemos son recurrentes, pero lo cierto es que el enfrentamiento ha traspasado los titulares mediáticos para llegar a los tribunales. El pasado verano Cabify demandó a Podemos por considerar que habían atentado contra su derecho al honor, su modelo de negocio, sus empleados y sus socios.
Por su parte, la formación de Iglesias denunció que desde la app de transporte habían tratado de "asustarles y amedrentarles" con "sus grandes bufetes de abogados". "Estamos muy cansados de que venga gente a España a pensar que pueden hacer lo que les dé la gana", decía Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos.
La guerra del taxi ha servido a Podemos para sumar los apoyos de un sector en el que trabajan casi 100.000 personas en toda España. El apoyo de la formación a la pelea de los taxistas contra Uber y Cabify ha sido total durante las movilizaciones en Madrid y en Barcelona, llegando al punto de que Rafael Mayoral, diputado de Podemos, se convertían en una de las figuras de referencia a la hora de decidir los pasos a seguir para conseguir sus reivindicaciones.
De hecho, uno de los líderes del movimiento, Tito Álvarez, mantiene una gran relación con los dirigentes morados, aunque de momento ha rechazado ir en alguna de las listas de la formación en Cataluña.
¿Por qué Delaware?
Con 5.130 kilómetros cuadrados de extensión, Delaware es el segundo estado más pequeño de Estados Unidos. Situado en la costa este, enclavado entre Nueva Jersey y Maryland, Delaware cuenta con poco más de 960.000 habitantes y, pese a su escaso tamaño, sí que está en mitad de tabla en cuanto a ingresos medios por persona, con casi 58.000 dólares, unos 52.000 euros.
El principal atractivo del territorio es que concede una exención de impuestos para todas las compañías que coloquen entre sus fronteras su residencia fiscal, sin importar su procedencia, siempre y cuando no operen dentro de su territorio. Es decir, una empresa española podría establecerse allí y ahorrarse los impuestos siempre y cuando su actividad se limite a nuestro país.
Así, se calcula que en los poco más de 5.000 kilómetros cuadrados de extensión del estado hay más de 250.000 empresas. Tocan a una empresa cada cuatro habitantes, un ratio que parece alto y que sólo se explica por la enorme cantidad de firmas que van hasta allí para colocar su sede fiscal.
Porque hacerlo es extremadamente sencillo. La legislación de la mayoría de Estados dicta que para constituir una sociedad hacen falta al menos un director y un par de ejecutivos. En Delaware basta con una persona, que puede ocupar todos los cargos que haga falta.
La normativa de Delaware protege, además, la identidad de estos ejecutivos, ya que permite hacer todas las operaciones a través de un Agente Autorizado, que representa a los verdaderos fundadores y les permite mantenerse en la sombra. Esta protección es tan fuerte que los nombres de los componentes de las empresas allí radicadas no pueden ser revelados ni en medio de un proceso judicial.
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