El constructor David Marjaliza ha contado este jueves en la Audiencia Nacional que él y su ex socio Francisco Granados se reunieron con el comisario de Policía José Manuel Villarejo y el que fuera su letrado Ernesto Díaz-Bastién para ver si les podían ayudar a repatriar el dinero que ambos tenían depositado en Suiza a espaldas del fisco español y que fue bloqueado por orden de la justicia española.
Según informan fuentes jurídicas a El Independiente, Marjaliza –que colabora activamente con la Justicia desde el año 2015 en el marco de la trama Púnica- ha prestado declaración durante tres horas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia el juez Manuel García Castellón y las fiscales Anticorrupción y ha explicado que él pago 135.000 euros al ex letrado del comisario por ponerlos en contacto con unos abogados suizos que iban a tratar de solucionar el bloqueo de fondos en el país helvético.
La versión dada por el constructor es que él hizo un pago de 135.000 euros a Díaz-Bastién a través de facturas de sus empresas mientras, según su versión, Granados pagó "en metálico" los servicios del abogado de Villarejo en dos pagos de 30.000 euros en efectivo y un tercero que le dio en un sobre. El investigado ha subrayado que en total “cree” que el ex consejero del Partido Popular pagó otros una cuantía similar a quien durante años fue letrado de confianza y amigo del comisario José Villarejo. Hubo tres encuentros con el citado letrado uno, el 30 de julio de 2013; otro, el 18 de octubre de ese año; y, un tercero el 14 de febrero de 2014.
Según consta en distintos informes policiales incorporados a la macrocausa Púnica, Granados transfirió en 2007 todos sus fondos en Suiza (1,6 millones de euros) a una cuenta en el país helvético a nombre de una sociedad de Costa Rica vinculada a Marjaliza, operación con la que éste último ayudó al exconsejero a blanquear ese dinero.
Por otro lado, el constructor ha aportado este jueves documentación que revelan el presunto pago de dos comisiones al ex consejero de la Comunidad de Madrid a cambio de acceder a adjudicaciones públicas mientras Francisco Granados fue alcalde de Valdemoro. En primer lugar, un pago para ganar el concurso municipal de una parcela para construir un hotel –se pagó una ‘mordida’ de 30 millones de pesetas- y otro donde se le pagan a Granados 25 millones de pesetas en 2001 por una gasolinera.
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