Cómo acabar con las campañas electorales

Cuando los españoles fueron a votar en 1986 el coche más vendido era el Renault 11, comprarse un vídeo Beta aún parecía una buena idea y empezaban a venderse los primeros ordenadores Atari, cuya memoria hoy sería incapaz de abrir un selfi. Ese año se estrenó en las urnas la ley que regula las campañas electorales y que, a diferencia del R-11 y los ordenadores de 8bits, aún sigue muy vigente en España.

Es la regulación que prohíbe, por ejemplo, publicar encuestas la semana de las elecciones, al tiempo que permite que los partidos campen prácticamente a sus anchas en sus estrategias de persuasión en redes sociales, porque como hace 40 años internet no existía ni siquiera está regulado. Por no existir, no existía en España ni una democracia consolidada.

No impide nuestra ley electoral que la presunta jornada de reflexión los Whatsapp se llenen de bulos electorales impulsados por los equipos de los partidos y que en Twitter, para escapar a la censura, se hable de un mercado de frutas muy colorido que esconde burdamente los últimos sondeos electorales en los que el brócoli equivale al verde de Vox y las berenjenas al morado de Podemos. Este absurdo da lugar a situaciones curiosas que inciden en la necesidad de darle una vuelta a la legislación. Eso evitaría que se repitiera el bochorno del último día de campaña electoral, cuando una empresa hortofrutícola neozelandesa que anunciaba sus kiwis en redes sociales tuvo una crisis reputacional porque los usuarios de Twitter en España le acusaron de estar haciendo publicidad pro Vox encubierta con sus kiwis verdes.

Lo que la campaña electoral teóricamente delimita es que fuera de los 15 días que preceden al 28-A los partidos no pueden pedir el voto. "Pero es una limitación absurda porque cualquier acto político fuera de ese período también van encaminados a pedir el voto", afirma Juan Montabes, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Granada, que fue durante diez años miembro de la Junta Electoral de Andalucía.

La Junta Electoral Central escruta con lupa el proceder de los partidos y candidatos durante 15 días antes de la cita en las urnas del 28-A. ¿Tiene sentido esa hiperregulación durante 15 días cuando vivimos en una campaña electoral constante? "Todos sabemos que una campaña en realidad no dura 15 días", afirma Marta Rebolledo, subdirectora del máster de Comunicación Política de la Universidad de Navarra. "Hay precampaña y pre-pre campaña y pre-pre-pre campaña en la que teóricamente la diferencia es que no se puede pedir el voto explícito hasta dos semanas antes. Habría que replantear los límites a esa comunicación".

El fin de la jornada de reflexión

¿Cuánto tiempo más mantendrá la ley electoral española la obsoleta prohibición de publicar información electoral la jornada de reflexión? "La jornada de reflexión es un anacronismo del siglo XIX que imagina que nos fuéramos a encerrar en casa a reflexionar en silencio como el pensador de Rodin y estudiar junto a la chimenea los programas electorales", opina Montabes. "Es un anacronismo el artículo 69 de la ley orgánica del régimen electoral que regula que no se pueda hacer público el estado de ánimo de la ciudadanía. La administración electoral debería velar por la veracidad de las encuestas y de la información".

Entre las propuestas que hacen los expertos al abrir el debate para repensar la ley electoral, es inevitable plantear los retos de las comunicación en internet: "Ya no tiene sentido regular la jornada de reflexión como si hubiera solo la posibilidad de informarse por cuatro periódicos, los partidos políticos pueden saltarse la prohibición de forma indirecta por redes", apunta Rebolledo. Y lo mismo pasa con las encuestas.

El fin de la prohibición de las encuestas

Una jornada de reflexión sin información actualizada de las encuestas, más allá de kiwis, naranjas y berenjenas, es un contrasentido. La anomalía que se explica por una ley obsoleta que parte de un principio veraz. Está pensada para evitar que conocer el comportamiento de los demás ciudadanos influya en el propio. “Está demostrado que conocer encuestas influye en el voto durante las campañas electorales”, explica Giselle García Hipola, doctora en Ciencia Política y profesora de la Universidad de Granada. “Cuanto mayor es la percepción de que son competitivas, más influencia tiene en la participación. El impacto de una encuesta tiene más influencia en un escenario en que son competitivas, como pasa en las elecciones del 28-A. La normativa previó que no se pudieran publicar cuando teníamos un esquema de comunicación tradicional, pero ahora ya no tiene sentido porque en el mundo conectado esta regulación se queda totalmente obsoleta. En la mayoría de los países no existe limitación ninguna, pero el problema es que cuando se hace esta ley electoral España venía de la censura. No se abordó valientemente sin control porque en el contexto político en el que se crea ese reglamento aún no había la cultura democrática que hay ahora”.

“Lo ideal sería que la gente se aislara y tomara decisión en función a sus ideas y no a las expectativas de los demás de las encuestas, pero en vez de lograr eso lo que genera es especulaciones y manipulación. Así que es mejor que prime la transparencia que un exceso de protección a cómo toma decisiones el ciudadano”, afirma Joan Navarro, sociólogo electoral y vicepresidente de Llorente & Cuenca, autor del libro Desprivatizar los partidos.

"El modelo portugués encomienda que todas las encuestas que se publican especialmente en época electoral tienen que ser comunicadas y satisfacer un estándar de metodología", recuerda Montabes. Esa entidad supervisa la metodología de las encuestas para comprobar que efectivamente tiene rigor y ese tipo de control sí tiene sentido actualmente. "Debería eliminarse la prohibición de la publicación de encuestas, pero la Junta Electoral podría incluir esa veracidad a métodos estandarizados de las encuestas para poder comprobar su rigor con total transparencia", asegura.

El fin del escaqueo de los debates

"La polémica central de campaña en estos 15 días al final han sido los debates", se lamenta Marta Rebolledo, subdirectora del máster de Comunicación Política de la Universidad de Navarra. "Debería regularse la obligación de asistir y de realizar los debates de los principales candidatos para no pasar otra campaña discutiendo las firmas de las formas sino del fondo de las políticas, que es lo que ayuda a los ciudadanos a decidir su voto".

“Los candidatos con posibilidades de conseguir representación parlamentaria deben tener debates obligatorios con un mecanismo garantizado. La Junta Electoral debería ser la que promueve el debate obligatorio contando con una empresa independiente con unas reglas ya dadas. Igual que la Junta protege las reglas de juego durante la campaña, la Junta Electoral favorece en varios países como en Alemania y países nórdicos que se organice un debate para que no sea un privilegio de los candidatos si van o no van, sino un derecho de los ciudadanos a saber cómo piensan sus candidatos y cómo de competentes son defendiendo sus ideas”.

Darle oportunidad a los que ya tienen representación parlamentaria, que es el sistema vigente actual que impidió que Vox participara en un debate a cinco partidos en Atresmedia, "es un sesgo conservador que da preferencia al status quo", apunta Navarro. “Si el CIS dice que hay 15 partidos con posibilidad de representación parlamentaria se podrían organizar varios debates”, añade. “Esto requeriría, por tanto, que todos los partidos llegaran a un acuerdo entre todos de cómo se hace un debate obligatorio y neutral organizado por la Junta y luego libertad a los medios privados para que propongan otros”.

Sin embargo, regular los debates es un tema más complejo de lo que parece. “Recordemos que no es casualidad que los primeros debates aparezcan en España cuando llegan los canales privados”, advierte Montabes. "Puede que no sea justo perjudicar a las cadenas privadas, que perderían una audiencia extraordinaria. Este año han tenido un share en Atresmedia de casi el 50%. Los debates de las anteriores elecciones generales tuvieron una audiencia incluso mayor, similar a las finales de los Mundiales de Fútbol en los que participó España. Por supuesto es necesaria una regulación de los debates, pero debería garantizar el derecho a la competencia entre medios”.

El fin del buzoneo

Un tercer elemento que requiere revisión es cómo se resuelve la garantía de información neutral de los ciudadanos a través de la propaganda electoral que se recibe en el domicilio. Solo el envío de los sobres de la propaganda electoral a domicilio cuesta en torno a los 30 millones de euros. Es la partida presupuestaria más elevada de las que componen el presupuesto para unas elecciones.

"Habría que repensar un sistema que garantice que todas las opciones tienen un mínimo de accesibilidad a los ciudadanos y no solo las que tienen representación parlamentaria y presupuesto para el mailing", apunta Navarro, que advierte también de lo obsoleto del buzoneo en sí. "¿Podría haber una web institucional en la que se puedan descargar los programas de todos los partidos? La oferta tiene que estar regulada. Y aunque no todo el mundo tiene acceso a internet, el Estado podría dar opción de inscribirse al sistema digital durante la transición y garantizarle así al que no tenga acceso digital que se le envíe la información".

El problema actual de desequilibrio es que los partidos grandes puedan enviar por correo su información, pero los que no tienen representación parlamentaria no tienen los recursos. El problema de eliminar el envío postal, sin embargo, es cómo actualizar ese censo. "¿Queremos que los partidos políticos tengan acceso a si queremos recibir o no propaganda electoral o de qué partidos?", advierte Hipola. "Eso permitiría a los partidos tener una información de los electores que resultaría invasiva a la privacidad porque permite sesgar el tipo de población en uno u otro barrio". Y añade: "Si permitiéramos diferenciar exactamente unas casas de otras puede darse un choque democrático y si los partidos saben que no quieres recibir información de algunos partidos sabrían a quién se vota"

También el voto por correspondencia ha creado problemas este año. "Se podría intentar introducir sistemas de voto electrónico en España para facilitar alternativas", opina Rebolledo. "No cambiar completamente el sistema de voto por otro, sino añadir algún sistema de voto digital como en Estonia, por ejemplo, como opción para quienes no puedan votar en papel o de manera presencial. Todavía es lógico que genere muchas dudas, pero son debates que hay que abrir".

El fin de la campaña analógica

De todas las cuentas pendientes de regularizar la digitalización de la campaña electoral, el uso de redes sociales por parte de los partidos es una de las grandes cuentas pendientes que más urgen. "Si un grupo organizado, que puede ser un partido, una asociación o un simpatizante, pone dinero en una red social para influir a través del whatsapp o de Facebook ese meme aparentemente inofensivo debería llegar firmado", opina Navarro. "Los reenvíos espontáneos de la gente en redes sociales suelen estar inducidos por grupos profesionales y se paga mucha publicidad subliminal no identificada".

Mientras que los minutos de publicidad electoral en televisión y en medios tradicionales está muy escrutado por la Junta Electoral, "la publicidad en redes no tiene que estar firmada y eso debería cambiar en virtud de la transparencia y la libertad de información de los ciudadanos", añade Navarro, que insiste en que acotar la entrada de dinero en redes sociales de forma anónima es una de las reformas pendientes de la Ley Electoral. "El problema elemental es seguir el dinero, porque los partidos subcontratan campañas para redes sociales en las que no ponen su nombre ni van firmadas".

La campaña electoral que sí hace falta

Hace falta una reforma parcial que permita publicar datos electorales, regular los debates y actualizar el buzoneo, así como las técnicas de persuasión política en redes sociales. En eso hay cierto consenso entre los expertos, aunque está por ver si los políticos toman nota. El problema de la reforma de la Ley Electoral es la dificultad de imaginar a los partidos que salgan de las urnas el 28-A capaces de tener la altura de miras para realizarla con el consenso necesario.

"Las primeras regulaciones electorales en España datan del 77 y para ese año era una buena normativa, pero hay muchos anacronismos que es necesario revisar", dice Montabes, "igual que han ido actualizándose en Portugal y Alemania, que fueron en los países en los que la normativa española se inspiró". Y el catedrático añade: "Para hacer esta reforma haría falta un consenso muy amplio, porque sin acuerdo no se puede jugar un partido, sea de fútbol o unas elecciones. Todas las partes tienen que ponerse de acuerdo en dónde está el fuera de juego".

Sin embargo, pese a todos estos anacronismos, hay varios aspectos en los que los expertos coinciden en que las campañas electorales delimitadas a un período concreto de tiempo son imprescindibles. La cartelería a pie de calle, por ejemplo, es más necesaria de lo que pueda parecer.

"El mismo cartel de Haz que pase de Pedro Sánchez lo podía haber hecho hace un mes siempre y cuando no ponga Vota PSOE. La norma de forma ingenua interpreta que pedir el voto es decir ‘vota a tal’", reconoce Hipola. "Igual que una empresa no te dice ‘compra esto’, ya no hace falta para persuadir para pedir el voto haciéndolo explícitamente, pero aun así los carteles y los anuncios son importantes", sostiene la experta en campañas electorales.

“¿Para qué sirven las campañas electorales desde el punto de vista formal? Porque los símbolos como la pegada de carteles marcan un arranque de campaña importante simbólicamente, ya que la publicidad genera el imaginario de que hay elecciones y genera la sensación de competitividad", añade Hipola. "Esa escenificación es importante. Si no voy a mítines ni veo debates, ¿cómo me recuerda a mí el sistema que hay un proceso electoral? Con los carteles y las banderolas. La publicidad te recuerda que hay elecciones y quiénes son los candidatos aunque no quieras. Construir el marco conceptual de elecciones es importante. Si no, con la desafección política que hay la gente no tendría presente la cita electoral y no iría a votar”.

Aunque vivimos en campaña permanente, acotar temporalmente el periodo de campaña también cumple una función fundamental para regular los gastos electorales que compensa el Estado. Los partidos tienen que justificar el alquiler de locales, sillas, carteles y la publicidad en autobuses y marquesinas, etc. Con el límite máximo que te corresponde en función a la representación obtenida. "En el sentido de la financiación sí tiene sentido acotar la campaña a dos semanas, pero desde el punto de vista de la comunicación es obvio que la campaña no cesa nunca", afirma Montabes. Y esa es la buena y la mala noticia del día de las elecciones.

La noche del 28-A termina la campaña electoral, pero comienza la siguiente. Salir a comentar los resultados la noche electoral es el primer acto de campaña de las siguientes elecciones, que por cierto están a la vuelta de la esquina. Oficialmente, la campaña electoral para las elecciones europeas y municipales del 26 de mayo empieza dentro de dos semanas. Aunque todos sepamos que, en realidad, ya ha comenzado.