Anticorrupción: El Gordo suministró la información sensible del espionaje del BBVA

La Fiscalía Anticorrupción apunta al comisario principal y ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño como la persona que hizo llegar “principalmente” al comisario José Manuel Villarejo la información sensible que dio lugar al espionaje masivo ordenado por parte del BBVA cuando la constructora Sacyr pretendía tomar el control de la entidad en el año 2o04.

Estos hechos están siendo ahora investigados en la pieza separada 9 de la operación Tándem, que se encuentra bajo secreto de sumario. Tanto Villarejo como García Castaño se encuentra imputados en las diligencias abiertas sobre el BBVA si bien, hasta ahora, no había trascendido el motivo de la imputación del comisario conocido como El Gordo.

En un informe remitido el pasado mes de marzo al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, al que ha tenido acceso El Independiente, el Ministerio Público sostiene que “el investigado Enrique García Castaño habría sido el principal proveedor de la información protegida, tráficos de llamadas e interceptaciones telefónicas con las que luego José Manuel Villarejo elaboraba informes para su cliente particular, en este caso el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria”. Como ocurre en otras piezas del caso Tándem, los investigadores sospechan que se utilizaron medios de la Policía -en concreto de la UCAO- para los trabajos del BBVA que contribuyeron al lucro personal del comisario Villarejo. El banco pagó hasta 11 millones de euros al comisario vinculado a las cloacas del Estado, que permanece en la actualidad en prisión.

En total, se rastrearon 15.000 llamadas entrantes y salientes de 4.000 teléfonos en lo que supuso un auténtico espionaje masivo ordenado presuntamente por la entidad bancaria. Se vieron afectados por este espionaje –bautizado como la operación Trampa- el ex ministro socialista Miguel Sebastián, la ex vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero o el empresario Juan Abelló, entre otros.

Según Anticorrupción, el modus operandi de García Castaño en el caso del BBVA es similar al que los investigadores han hallado en otras piezas separadas de esta macrocausa como son las bautizadas como Iron –relativa al bufete de abogados Herreros y Asociados- o Land -relacionada con la empresaria de la Finca Susana García Cereceda-. La Fiscalía defiende que el citado policía “mediante la realización de actos de intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad de las personas y en el derecho al secreto de sus comunicaciones” y “prevaliéndose de su condición de funcionario público” puso a disposición de Villarejo y su socio Rafael Redondo “información obtenida de forma ilícita”.

Un negocio privado

El pasado día 21 de enero, Villarejo declaró en la pieza secreta del BBVA y reconoció –a preguntas de los fiscales Anticorrupción- que aceptó ejecutar el encargo del segundo banco de España para espiar a los protagonistas de la operación empresarial que quería desarrollar Sacyr. El preso preventivo admitió que tanto el acceso y posterior análisis de tráfico de llamadas como “probablemente la interceptación de comunicaciones” eran un negocio privado y, por lo tanto, “ajeno a sus funciones policiales desarrolladas como comisario en activo en la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía”.

Se da la circunstancia de que García Castaño participó en delicadas operaciones de Estado con gobiernos de todo signo desde su puesto de máximo responsable de la UCAO, unidad que dependía de la Comisaría General de Información y especializada en escuchas y dispositivos de seguimiento. Fue desmantelada después de que Juan Ignacio Zoido aupara a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía a Florentino Villabona.

Tal y como publicó este medio, el informe forense -análisis de detección de fraude y corrupción- que encargó BBVA a PwC, con ayuda de los despachos Garrigues y Uría y Menéndez, para dilucidar el alcance del supuesto caso de espionaje llega a la conclusión de que hubo un rastreo exponencial de las llamadas entrantes y salientes de distintas terminales pero menor número de ‘pinchazos telefónicos’. Ese informe también pone de relieve que Villarejo  siguió trabajando para el BBVA hasta poco antes de ser encarcelado, así como que cobró un total de 11 millones de euros por sus trabajos para el banco. Sólo entre 2012 y 2017, percibió más de cinco millones, tal y como desveló este medio en exclusiva el pasado mes de octubre.