Investigado y acusación a la vez. Eso pretende ser el banco BBVA en la Audiencia Nacional. Según avanzan fuentes jurídicas a El Independiente, la entidad que preside Carlos Torres ha remitido un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional donde solicita personarse como perjudicado directo en la pieza separada número 9 del caso Tándem, donde se investiga el espionaje masivo ordenado presuntamente por el propio banco cuando la constructora Sacyr pretendía tomar el control de la entidad en el año 2004.
De momento, ni el juez García Castellón ni la Fiscalía Anticorrupción se han pronunciado sobre la posibilidad de que el banco se persone como acusación particular en las diligencias que permanecen bajo secreto de sumario. El hecho de que BBVA quiera ejercer de acusación cuando la dudosa actuación de la entidad está siendo analizada por la Audiencia plantea serias dudas a los investigadores. De ahí, que la Fiscalía aún no haya informado al instructor sobre si debe admitir o no la personación del banco pese a que la solicitud fue presentada el pasado mes de marzo.
El informe forensic del BBVA cifra en 11 millones de euros los pagos que la entidad hizo al comisario Villarejo
Lo cierto es que tras destaparse el escándalo –el BBVA pagó más de 11 millones de euros al agente José Manuel Villarejo, según adelantó este medio- la entidad está colaborando activamente con la Audiencia Nacional en la entrega de documentación.
Las claves del informe forensic
El ex fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce y la ex fiscal Helena Prieto –actualmente dedicados a la abogacía en el bufete Garrigues- van informando puntualmente a la Audiencia de los avances del informe forensic que la entidad ordenó realizar tras salir a la luz pública que recurrió a los servicios de una empresa del comisario Villarejo (V & V Development) para frustrar la operación de toma de control del banco por parte del constructor Luis del Rivero, presidente de Sacyr. Junto a éste, el empresario Juan Abelló, consejero del banco, y Miguel Sebastián, en aquellas fechas director de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero y antiguo empleado del servicio de estudios de la entidad, también fueron supuestamente espiados.
En total, se rastrearon 15.000 llamadas entrantes y salientes de 4.000 teléfonos en lo que supuso un auténtico espionaje masivo ordenado presuntamente por la entidad bancaria aunque el número de 'pinchazos telefónicos' fue considerablemente menor. El ex director de Seguridad de BBVA Julio Corrochano pasaba puntualmente los informes que realizaba Villarejo al ex presidente de la entidad, Francisco González, quien tuvo que abandonar el cargo salpicado por este caso.
En las únicas declaraciones concedidas a un medio de comunicación, Corrochano reconoció que se espió a Miguel Sebastián tras tenerse conocimiento de que se le relacionaba con el intento de asalto del grupo constructor Sacyr para tomar el control del BBVA. “Queríamos ver quién estaba detrás para defender el banco”, admitió el antiguo jefe de Seguridad de la entidad financiera.
Sin control interno
El informe aportado por BBVA al juez Manuel García Castellón pone en evidencia que todos los controles internos del banco saltaron por los aires, al igual que el código ético de la entidad. Francisco González habría violado recurrentemente el código ético que él mismo aprobó en el consejo de administración del 28 de mayo de 2005. La normativa en torno a política anticorrupción, el respeto a los derechos humanos, la conducta en el mercado de valores, la libre competencia, y la confidencialidad y protección de datos son algunos de los puntos clave que recoge el documento y que el entonces presidente habría vulnerado a la luz de las grabaciones publicadas durante las últimas semanas. Sólo los pagos efectuados por BBVA al comisario pueden constituir un delito de administración desleal que no habría prescrito.
Anticorrupción señaló a García Castaño como la persona que suministró a Villarejo la información sensible del espionaje al BBVA
De momento, en esta pieza separada se encuentran imputados tanto Villarejo como el comisario principal Enrique García Castaño. En un informe reciente, el Ministerio Público señaló a El Gordo como “el principal proveedor de la información protegida, tráficos de llamadas e interceptaciones telefónicas con las que luego José Manuel Villarejo elaboraba informes para su cliente particular, en este caso el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria”.
José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017 por liderar presuntamente una red corrupta, prestó servicios, además de al BBVA, al menos a otras cuatro compañías cotizadas mientras se encontraba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía: Santander, La Caixa, Iberdrola y Repsol.
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