La Justicia ha avalado finalmente que el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los ex consellers Toni Comin y Clara Ponsatí se presenten como candidatos a las elecciones europeas del próximo día 26. Ahora, ya sabiendo que no concurre causa objetiva de inelegibilidad, la siguiente pregunta que cabe hacerse es qué pasara si el ex líder del Govern decide venir a España a recoger su acta en caso de que sea elegido europarlamentario.
Los servicios jurídicos del Parlamento Europeo (PE) descartaron que el expresidente catalán pueda obtener inmunidad por el mero hecho de ser elegido en las elecciones europeas y que pueda, en consecuencia, efectivamente ser eurodiputado.
“Un candidato con una orden de detención nacional en España puede ser candidato (…) Su presencia en Madrid es necesaria para jurar o prometer la Constitución española y ser incluido en la lista de diputados que las autoridades españolas comunicarán al Parlamento Europeo”. “De acuerdo al artículo 146 del reglamento, la protección del artículo 9 (inmunidad) extiende sus efectos para los nuevos elegidos en la Eurocámara el 2 de julio de 2019 a las 10 de la mañana”, zanjó el Parlamento europeo.
Las fuentes jurídicas consultadas por El Independiente avalan la interpretación de los servicios jurídicos de la Eurocámara y confirman que Puigdemont será detenido si pisa suelo español -al pesar una orden nacional de busca y captura contra él-. Tras ser detenido, acto seguido sería puesto a disposición del Tribunal Supremo donde el magistrado del ‘procés’ Pablo Llarena regularizaría su situación procesal. Dicho en otras palabras, lo enviaría a prisión de forma incondicional por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos por los que fue procesado en el Alto Tribunal.
Puigdemont juega su baza en Europa
Ahora, si el Alto Tribunal va a permitir a los también presos Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull acudir al Congreso de los Diputados a recoger su acta y a Raül Romeva al Senado ¿podrá hacerlo también Puigdemont? El debate jurídico está servido. Hasta ahora todas las decisiones que afectan a los candidatos en su actividad política está siendo adoptadas por la Junta Electoral Central si bien las salidas de prisión deben ser autorizadas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo que preside el magistrado Manuel Marchena. Pero en este caso sería Llarena quien debería decidir si el ex president puede recoger su acta.
El primer escollo es determinar si el Estado español puede impedir a un europarlamentario ir a recoger su acta. Fuentes jurídicas consideran "altamente probable" que el magistrado Llarena le dejara desplazarse a las Cortes para recoger su acta y prometer o jurar el cumplimiento a la Constitución. "La Sala ya ha marcado el camino", puntualizan.
Por su parte, Puigdemont ha reiterado este lunes en una entrevista en Cuatro que “si hay un conflicto de interpretación de derechos fundamentales” y “estoy encarcelado al recoger el acta” es que “el Estado español no cumple la normativa”, una posibilidad por la que no sería juzgado por “un Tribunal de Madrid, sino del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
El embrollo de la inmunidad
Y el segundo problema es la inmunidad; dicho en otras palabras, saber qué interpretación hace la Junta Electoral sobre el informe de los servicios jurídicos de Bruselas. “El problema es que la Ley no regula algunos aspectos que nunca pensó que se producirían. Estamos ante situaciones inéditas”, explica una de las fuentes consultadas del organismo encargado de velar por la neutralidad de los procedimientos electorales de nuestro país.
Lo cierto es que sólo el hecho de si el ex president podría ser candidato ya suscitó un cálido debate en el seno de la Junta Electoral Central que lo vetó en medio de una fuerte división de sus miembros y en una decisión, que a la postre, ha sido revocada por los juzgados de Madrid tras una insólita resolución de la Sala Tercera del Supremo. El Alto Tribunal indicó este domingo a los togados cómo debían resolver el contencioso pese a declararse no competentes para ver el asunto.
Por su parte, Puigdemont ha anunciado este lunes que emprenderá acciones legales contra la Junta Electoral Central (JEC) por haberlo excluido de la candidatura. “Cuando de manera clara ha quedado probado y demostrado que ha habido una utilización y un abuso de la ley, tenemos que defendernos. Esto no puede quedar impune", ha afirmado en una entrevista de TV3.
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