Cuando parecía que se iba a poder descifrar en un tiempo razonable los 40 terabytes de información incautada al comisario vinculado a las cloacas del Estado José Manuel Villarejo, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ha encontrado con nuevas dificultades para poder desencriptar el material.
Según informan fuentes de la investigación a El Independiente, la instrucción de algunas de las piezas del caso Tándem se encuentra en estos momentos casi paralizada debido a que el CNI está teniendo problemas para desencriptar parte del material de Villarejo hallado en una de sus viviendas de la localidad de Boadilla del Monte (Madrid). El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, pidió a comienzos de año al organismo que dirige Félix Sanz Roldán que descifrara los algoritmos endiablados que precedían a los documentos y audios almacenados durante años por el antiguo agente encubierto.
El CNI logró descifrar en los tres primeros meses el 40% del material sensible de Villarejo pero la tarea se ha frenado por la dificultad de algunos archivos
En los tres primeros meses, el CNI logró desencriptar el 40% de aquellos terabytes pero, ahora, se ha vuelto a ralentizar. Este hecho, que a priori puede parecer insignificante, hace que ni el juez ni los fiscales Anticorrupción puedan cerrar algunas de las piezas cuya instrucción está en fase muy avanzada por si aparecen nuevos hallazgos relacionados con esos hechos entre el material que aún no ha sido desencriptado.
La intención del Ministerio Público era solicitar la conclusión de la investigación de algunas de las diez piezas separadas en las próximas semanas para poder ir a juicio cuanto antes, pero las serias dificultades para acceder a las grabaciones más sensibles del comisario podrían trastocar los planes de los investigadores.
Febrero de 2020, en el horizonte
Por otro lado, el próximo mes de noviembre se cumplirán dos años en prisión preventiva del comisario Villarejo y la ley obliga a revisar su situación procesal. Por ahora, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ido confirmando la citada medida cautelar pero el criterio podría cambiar si los jueces de la Sección Tercera consideran excesivo el tiempo de encarcelamiento del policía, jubilado en junio de 2016. Dicho en otras palabras, a nadie se le escapa que cuanto antes se celebre un juicio, siempre que acabe con una sentencia condenatoria, los riesgos de que el comisario Villarejo quede en libertad disminuirán.
En una diligencia de ordenación, fechada el pasado 22 de marzo y a la que ha tenido acceso El Independiente, la Audiencia Nacional decidió entregar más material del incautado al agente al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) -dependiente del Ministerio de Economía- para que vuelva a intentar desencriptar nuevos audios. En aquella comunicación judicial se especificó que "la labor de desencriptado deberá realizarse necesariamente antes del 10 de febrero de 2020, fecha prevista como plazo máximo para la instrucción de la causa" y que para ello el Incibe debe destinar "al mínimo de técnicos que resulten indispensables".
En marzo, la Audiencia Nacional volvió a pedir al Incibe que desencriptara los audios más comprometedores del comisario Villarejo
Sin duda, uno de los grandes obstáculos de esta investigación han sido las dificultades para poder acceder a la mayoría de las grabaciones realizadas durante décadas por Villarejo. Fue el principal problema con el que se encontró el Grupo III de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía hace más de un año cuando comenzó a analizar los 40 terabytes intervenidos al comisario en su vivienda de Avenida de España de Boadilla del Monte, en un segundo domicilio de la calle Clavel en dicha localidad y en las oficinas de Torre Picasso (Madrid). Apenas consiguieron descifrar diez terabytes de información.
A raíz de ahí, tanto el Incibe como el CNI han trabajado sin descanso en las labores de desencriptado de las grabaciones del policía, pese a que 17 meses después de que se practicaran aquellas entradas y registros por orden de la Fiscalía Anticorrupción aún queda una importante parte del material sin descifrar.
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