El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha llegado minutos antes de las 10:30 al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para declarar como investigado por un presunto delito de desobediencia por su negativa a retirar los símbolos partidistas del Palau de la Generalitat. Lo ha hecho acompañado por miembros de su gobierno y los líderes de Òmnium, Marcel Mauri, y la ANC, Elisenda Paluzie, que han convocado de nuevo a centenares de personas para acompañar al president.

En una escena simlar a la que ya se vivió cuando Artur Mas fue juzgado por la organización del 9N, Torra ha accedido al Palacio de Justicia de Barcelona coreado al grito de "president", "independencia" y "no es justicia". Esta vez, sin embargo, no se ha producido la exhibición de alcaldes, varas de mando en mano, que en su momento acompañaron a Mas.

Torra ha entrado en las dependencias judiciales acompañado por los abogados Gonzalo Boye y Jaume Alonso Cuevillas, que han dirigido la defensa de Carles Puigdemont desde su huida a Bruselas. A las puertas se han quedado el vicepresidente, Pere Aragonés, y dirigentes de JxCat que le han acompañado. No estaba, sin embargo, el presidente del Parlament, Roger Torrent.

El presidente catalán debe responder ante el TSJC por la querella interpuesta por la Fiscalía a instancias de la Junta Electoral Central (JEC), tras negarse a retirar de la fachada del Palau de la Generalitat el lazo amarillo y la pancarta reivindicativa de los procesados por la celebración del referéndum ilegal del 1-O. El propio Torra acató finalmente el requerimiento de la JEC, pero solo después de dos semanas de tira y afloja con la Junta, en las que cambió la pancarta del lazo amarillo por otra con un lazo blanco en referencia a la libertad de expresión.

Entre el 11 y el 21 de marzo la Junta Electoral requirió en dos ocasiones al presidente de la Generalitat para que retirara esteladas y lazos amarillos de los edificios públicos de la Generalitat durante el periodo electoral, atendiendo a una demanda de Cs, que exigían respeto a la neutralidad de las instituciones públicas. Pero Torra se negó acatar el requerimiento de la JEC y no retiró la pancarta de la Generalitat hasta que el 21 de marzo el Sindic Rafael Ribó -defensor del pueblo catalán- emitió un dictamen en el que recomendaba acatar los dictámenes de la Junta.

El Fiscal Superior de Cataluña imputa a Torra un delito de desobediencia a resoluciones judiciales “por haber incumplido consciente, abierta y reiteradamente” lo decidido por la JEC  en sus acuerdos del 11 y el 18 de marzo. La Fiscalía recrimina además al presidente catalán que la desobediencia ha sido “encubierta bajo una mera apariencia de cumplimiento que no ocultaba una evidente permisividad de diversos actos tendentes a burlarlas abiertamente”.

"Decencia democrática"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha apelado a la libertad de expresión ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que lo investiga por no retirar los lazos amarillos en campaña y se ha escudado en que la orden de la Junta Electoral era imprecisa.

Según han informado fuentes jurídicas, Torra ha declarado esta mañana durante cerca de 40 minutos ante el magistrado del TSJC Carlos Ramos por un delito de desobediencia, a raíz de la querella de la Fiscalía que le acusa de desoír la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos y símbolos a favor de los políticos presos de los edificios públicos, en la campaña del 28A.

El presidente catalán, que se ha negado a responder a la acusación popular ejercida por Vox por "decencia democrática", sí ha contestado al fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, en una comparecencia en la que ha alegado que la Junta Electoral no tenía competencias para obligarle a retirar los lazos y que la orden que dictó era imprecisa.