La policía ha detenido a cuatro personas en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional contra el exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo por blanquear en España fondos relacionados con el expolio a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Según han informado a Efe fuentes próximas a la causa, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detenido este lunes a Alejo Morojo, hijo del exembajador, y a otras tres personas dentro una investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, que cuantifica en 4,5 millones de euros el dinero cobrado de la petrolera por Raúl Morodo de forma irregular.

El diplomático, principal imputado en el caso, no ha sido arrestado debido a su avanzada edad, pero será citado más tarde a declarar directamente en la Audiencia Nacional. En la operación también se han practicado ocho registros, entre ellos el de las oficinas en Madrid de que fuera embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007. A los investigados en esta causa se les atribuye un delito de blanqueo de dinero procedente de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, así como falsedad documental y delito fiscal, por hechos ocurridos entre los años 2012 y 2015.

Blanqueo y expolio

Esta causa contra el que fuera embajador español en Venezuela con el régimen de Hugo Chávez en el país sudamericano y el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en España tiene relación con el expolio a la petrolera estatal venezolana que se investiga en varios juzgados españoles.

El principal imputado en ella es Raúl Morodo, quien supuestamente blanqueó en España dinero que habría obtenido de PDVSA gracias a contratos falsos de asesoramiento profesional a la petrolera, han indicado las fuentes, que cuantifican en 4,5 millones el dinero sustraído. Según sospechan los investigadores, ese dinero irregular lo remitió a España con la excusa de esos honorarios profesionales y mediante un complejo conglomerado de empresas, y lo blanqueó luego con inversiones inmobiliarias.

El saqueo a PDVSA lo investigan tres países europeos (Portugal, Andorra y España), además de Estados Unidos, que tienen en el punto de mira a decenas de ciudadanos venezolanos por lavar cientos de millones de euros obtenidos de sobornos cuando ostentaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia de Chávez.

Solo en España la justicia persigue a una veintena de ellos como el exviceministro de Energía de Chávez Nervis Villalobos o Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano y exalcalde de Caracas exiliado en España Antonio Ledezma. Otro país que tiene bajo la lupa a estos funcionarios corruptos es Andorra, donde una juez procesó a Villalobos y a otro exviceministro venezolano, Javier Alvarado, junto a otros antiguos altos cargos de PDVSA, por un presunto expolio de 2.000 millones de dólares a la compañía.

Los desvíos de PDVSA, que se considera el mayor caso de corrupción que se ha hecho público del gobierno chavista, se investigan también en Venezuela y casi un centenar de funcionarios de la empresa pública, entre ellos dos exministros y directivos de varias filiales, han sido detenidos o están siendo buscados.