PP y Cs piden la suspensión de los diputados presos: "Sería una vergüenza que cobraran"

Partido Popular y Ciudadanos exigirán este martes tras la constitución del Congreso que sean suspendidos de manera inmediata los cuatro diputados independentistas y el senador que están siendo procesados en el Tribunal Supremo por los presuntos delitos de rebelión y malversación de fondos públicos por su participación en el procès. Sus líderes, Pablo Casado y Albert Rivera, así lo han anunciado este lunes en el Parlamento.

En una reunión con el plenario de sus Grupos Parlamentarios, el presidente del PP, Pablo Casado, ha apelado al artículo 21 del Reglamento del Congreso y al 384, bis de la Ley de Enjuiciamiento criminal, para defender que dicha suspensión "se puede hacer de forma inmediata" una vez constituidas las Cámaras, Congreso y Senado, este martes. Además, Casado, que propuso en su programa electoral regular el juramento y promesa de la Constitución, ha pedido también a los procesados que "acaten estrictamente" la Carta Magna "sin subterfugios ni humillaciones".

Por su parte, Ciudadanos presentará mañana en el Registro del Parlamento un escrito pidiendo la suspensión inmediata de los acusados por rebelión. Albert Rivera ha explicado que no tiene “ningún sentido” que quienes intentan “levantar fronteras entre los españoles”  y “liquidar la soberanía nacional” ocupen un escaño de representación precisamente del pueblo español.

“No hay nada más antagónico que haya personas que han intentado dar un golpe de estado representando a la soberanía del pueblo español”, ha lamentado el presidente de Ciudadanos, que ha solicitado a la Mesa del Congreso que los diputados procesados no cobren un sueldo público.“Sería una vergüenza”, ha censurado. “Ciudadanos se opone a que los que atacan al pueblo español ocupen un escaño del pueblo español, que está reservado para los que defienden la soberanía nacional”, ha insistido tras recoger su credencial como diputado este lunes.

Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Sánchez, Jordi Turull, y Josep Rull de Junts pel Catalñunya, han acudido este lunes a por sus actas de diputado y mañana tienen previsto hacer lo mismo en el acto de constitución del Parlamento.

En la misma situación que ellos se encuentra el senador electo Raúl Romeva. Sin bien no tienen limitados sus derechos políticos, el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión". A este artículo también apeló el juez Llarena para suspenderlos en calidad de diputados del Parlamento catalán y exigió su cumplimiento a la mesa de dicha Cámara.

Por otro lado, el artículo 21 del Reglamento de la Cámara Baja es algo menos claro, pues en su formulación establece "cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure
ésta", lo que implica el proceso de petición de suplicatorio que, según el criterio jurídico, no sería necesario en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento.

La nueva Mesa del Congreso que se constituya mañana deberá decidir qué hacer con los diputados presos. Podría encargar un informe jurídico a los letrados del Parlamento para que estudien si se debe suspender de funciones a Junqueras, Rull, Turull y Sánchez  o aceptar los requerimientos de PP y Ciudadanos y aprobarlo de forma inmediata en una próxima reunión.