El PSOE oculta qué hará con los diputados presos tras pedir PP y Cs su suspensión

El PSOE se ha negado este lunes a avanzar cuál será su posición en el Congreso sobre la suspensión de funciones de los independentistas catalanes que se encuentran en prisión preventiva y que este lunes se han acreditado como diputados de la XIII Legislatura que comienza este martes. Los socialistas sólo anuncian que acatarán a rajatabla los dictados del Tribunal Supremo, del Reglamento de la Cámara y las directrices de los letrados, en el caso de que la Mesa del Congreso, que debe decidir sobre la suspensión, solicite un informe jurídico para tomar una decisión.

Por su parte, los líderes de PP y Cs, Pablo Casado y Albert Rivera, han anunciado que presentarán hoy, tras la constitución del Congreso, un escrito solicitando que la Mesa suspenda automáticamente a los cuatro diputados independentistas y al senador que están siendo procesados en el Tribunal Supremo por los presuntos delitos de rebelión y malversación de fondos públicos por su participación en el procès. Los miembros de la Mesa del Congreso, órgano de gobierno del Parlamento, deben decidir qué hacer con los diputados presos. Presidida a partir de hoy por la socialista Meritxell Batet, la Mesa podría encargar un informe jurídico a los letrados del Parlamento para que estudien si se debe suspender de funciones a Junqueras, Rull, Turull y Sánchez  o aceptar los requerimientos de PP y Ciudadanos y aprobarlo de forma inmediata en una próxima reunión.

Los aliados parlamentarios del PSOE de Unidas Podemos ya han dejado claro que defenderán la opción de que los diputados presos puedan mantener todas sus funciones parlamentarias. El nuevo secretario de la Mesa, Gerardo Pisarello, mano derecha hasta ahora de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona y diputado por En Comú Podem, ha avanzado este lunes que defenderá en todo momento los derechos de los cuatro diputados y su "autonomía parlamentaria". Será la posición de Unidas Podemos y es la que ERC y JxCat han solicitado.

Mientras el PSOE guarda silencio sobre qué postura adoptará, su voto en la Diputación Permanente del Congreso este lunes se situó en el bloque constitucionalista junto a PP y Cs. Los tres partidos votaron en contra de la petición de los presos electos para poder reunirse con otros diputados y dar ruedas de prensa este martes durante la sesión constitutiva del Parlamento. Los socialistas rechazan que esa alianza en la Mesa sea una declaración de intenciones sobre los políticos presos y la justifican en el acatamiento de las directrices decretadas por el Tribunal Supremo.

La situación de los diputados en prisión marcará la investidura de Pedro Sánchez y puede influir en la campaña de las municipales y las autonómicas que termina el viernes. Como en las generales del 28 de abril, el PSOE intenta distanciarse al máximo de las alianzas parlamentarias que mantuvo en los últimos diez meses de Gobierno socialista a raíz de la moción de censura. Lo que Alfredo Pérez Rubalcaba denominó como 'Gobierno Frankenstein' no le ha pasado factura a Pedro Sánchez, que ganó los comicios generales asegurando que no quiere volver a pactar con los independentistas. Romper esa distancia con cualquier cesión o acuerdo con los diputados presos podría dar munición a PP y Cs en la recta final de la campaña.

Además, la posible suspensión de funciones de los diputados presos puede tener dos efectos. Podrían renunciar al acta y que entren los siguientes en la lista para que el bloque independentista mantenga todos sus votos y por tanto su fuerza parlamentaria en el Congreso, que podría ser decisiva para hacer presidente a Pedro Sánchez de nuevo. En el caso de mantener el escaño, la suspensión de sus funciones haría que la Cámara cuente con menos diputados y que la mayoría absoluta se reduzca de 176 a 174 votos, facilitando también la proclamación del presidente del Gobierno sin el apoyo de los independentistas.

De momento, Oriol Junqueras, presidente de ERC y cabeza de cartel a las elecciones europeas, ya ha anunciado que renunciará al Congreso para aceptar el acta del Parlamento europeo, un trámite que deberá realizar el 2 de julio. Su intención es internacionalizar la cuestión catalana y presentarse en Bruselas como "el primer preso político" que llega a Bruselas. La aclaración de su situación será clave para convocar la investidura del nuevo presidente, que fuentes del Gobierno sitúan a finales de junio o principios de julio.

Además de la situación de los diputados presos, el Ejecutivo quiere esperar a que los pactos postelectorales en ayuntamientos y gobiernos autonómicos se definan en unas alianzas globales que también influirán en la investidura y la formación del Gobierno. De momento, los pasos y los plazos son prolongados. Fuentes parlamentarias informan de que la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, visitará al Rey en la Zarzuela tras su toma de posesión para informarle sobre la constitución de las Cortes. Tras ese encuentro, que podría celebrarse esta misma semana, Batet convocará la primera reunión de la Mesa del Congreso, que deberá analizar la situación de los diputados presos.

Aunque no tienen limitados sus derechos políticos, el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”. A este artículo también apeló el juez Llarena para suspenderlos en calidad de diputados del Parlamento catalán y exigió su cumplimiento a la mesa de dicha Cámara.

Por otro lado, el artículo 21 del Reglamento de la Cámara Baja es algo menos claro, pues en su formulación establece “cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta”, lo que implica el proceso de petición de suplicatorio que, según el criterio jurídico, no sería necesario en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento.

Mientras tanto, la vida parlamentaria echa a andar. El lunes se constituirán los grupos parlamentarios y se empezará a concretar la nueva intendencia: la distribución de los asientos en el hemiciclo, el reparto de los despachos, la contratación de los asistentes y la constitución de las primeras comisiones. Todo ello requerirá de negociaciones entre los grupos que, de forma discretan han comenzado excepto en el caso de Vox, que sigue aíslado por el resto de partidos.