Un estudio avala con datos que la partida para equiparación salarial es insuficiente

Un estudio puesto a puesto elaborado por la Unión Federal de Policía (UFP) concluye que para que la equiparación salarial con los Mossos d'Esquadra sea total es necesario desembolsar una partida superior a la ya comprometida por el Ministerio del Interior para el trienio 2018-2020 (807 millones de euros).

De acuerdo con el citado informe, al que ha tenido acceso El Independiente, el Gobierno tendría que comprometer al menos otros 61,5 millones para que los agentes de la escala básica (policía y oficial) cobren lo mismo que los mossos en puestos y responsabilidades asimilables.

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A esa cantidad habría que sumar incrementos en las otras tres escalas (subinspección, ejecutiva y superior), no cifrados por la UFP al considerar que la equivalencia establecida por la Secretaría de Estado de Seguridad cuando calculó el montante pactado con sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil es "errónea".

El estudio se ha presentado ante el Ministerio del Interior este lunes, en vísperas de que la consultora externa (Ernst&Young Abogados SLP) contratada el pasado mes de julio para analizar los puestos y retribuciones en los tres Cuerpos policiales entregue el informe definitivo. El departamento que dirige actualmente en funciones Fernando-Grande Marlaska rechazó la versión recibida a finales de febrero al entender que el trabajo no cumplía el pliego de condiciones que reguló el concurso, por lo que decidió concederle un plazo adicional de 45 días hábiles -a contar desde el pasado 28 de marzo- para rehacer el trabajo.

La UFP cifra en 61,5 millones la cantidad adicional que se requiere para igualar totalmente las nóminas sólo en la escala básica

Interior se ha negado en redondo a facilitar a los representantes de policías nacionales y guardias civiles el informe que le entregó en febrero la consultora, con el argumento de que el estudio encomendado está en fase de elaboración. Ello supone un incumplimiento del acuerdo de equiparación salarial firmado por el Gobierno del PP en marzo de 2018, por cuanto el documento -en su cláusula primera- establecía que para la realización del estudio se "contaría con la participación de los sindicatos y asociaciones profesionales" firmantes de dicho acuerdo. Ni se les ha tenido en cuenta durante la realización ni se les ha informado de su contenido una vez entregado.

En este sentido, la UFP critica el "oscurantismo que ha impuesto" la Secretaría de Estado de Seguridad, lo que ha impedido a sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil "no han podido rebatir o confirmar si los resultados son correctos". La organización ha pedido a la Dirección General de la Policía que dé traslado de su estudio a la citada consultora, a fin de que pueda manejarlo antes de entregar a Interior la nueva versión de su análisis.

Catálogo de puestos de trabajo

Tomando como referencia las plazas detalladas en el catálogo de puestos de trabajo de cada plantilla, localidad, provincia, jefatura superior y organismos centrales para establecer la equivalencia con la Policía de la Generalitat y no haciendo tabla rasa, la UFP concluye que es necesario incrementar en al menos 58,55 millones de euros la cantidad calculada inicialmente para alcanzar la absoluta equiparación salarial en la categoría de policía. A esa cantidad hay que añadir -precisa el informe- la cuantificación de puestos de trabajo cuyo número "se desconoce", caso -entre otros- del personal de Seguridad Privada, Brigada Móvil, Participación Ciudadana y Asuntos Internos.

Ese cálculo incluye la detracción de 928.431,74 euros correspondientes a los 400 funcionarios de Policía Científica Básica y a otros 154 funcionarios que, al estar en un nivel superior al de los Mossos d'Esquadra, gozan de mayores retribuciones.

A los citados 58,55 millones de euros se suman otros 2,94 millones de euros que se requerirían para igualar las nóminas de los oficiales de policía, la otra categoría que integra la escala básica en el Cuerpo Nacional. Se trata también de una estimación a la baja, por cuanto el sindicato ignora los puestos de trabajo de determinadas especialidades.

El sindicato policial entrega el trabajo a la auditora que determinará si los 807 millones consignados son suficientes

En su trabajo, la UFP expone que no puede ampliar el cálculo a las escalas de subinspección (subinspector), ejecutiva (inspector e inspector jefe) y superior (comisario y comisario principal) dado que la equivalencia realizada por la Secretaría de Estado de Seguridad presenta "errores de encuadre" de funcionarios. "No puede establecerse una equivalencia de un funcionario del grupo A, subgrupo A2, con exigencia de técnico superior, con otro funcionario de un grupo inferior, grupo C, subgrupo C1, y titulación igualmente inferior de bachiller o equivalente", expone como evidencia.

En el estudio, que se ha circunscrito al ámbito de la Policía Nacional, el citado sindicato llama la atención sobre el hecho de que "miles de funcionarios de la Guardia Civil" gocen de una vivienda concedida por el Ministro del Interior para su "uso particular", sin que esta retribución en especie -lamenta- se haya tenido en cuenta a la hora de fijar el reparto de las cantidades entre los agentes de ambos Cuerpos.

En la nómina de abril, los policías nacionales y los guardias civiles recibieron el segundo tramo pactado (250 millones de euros). En 2018 se destinó a este fin 310 millones y para el próximo año se estableció un desembolso de 247 millones, lo que totalizará los 807 millones comprometidos en el acuerdo alcanzado en marzo de 2018.