Interior desvela ante el juez los criterios secretos sobre los fondos reservados

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo, el magistrado Manuel García-Castellón, tiene ya en su poder una copia de la orden que regula el uso de los fondos reservados desde hace 24 años y que le permitirá determinar si las grandes sumas de dinero que cobraron mandos policiales durante años por este concepto está justificado.

Según ha podido conocer El Independiente en fuentes de la investigación, el instructor recibió el documento este lunes tras el requerimiento formulado meses atrás al Ejecutivo para tratar de avanzar en el esclarecimiento de los hechos que se investigan en Kitchen, la pieza separada en la que se analiza si el Ministerio del Interior puso en marcha un dispositivo con fondos públicos para tratar de robar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas documentación comprometedora para la antigua cúpula del partido.

El envío de la orden reguladora de la utilización de los fondos reservados -dictada en la etapa de Juan Alberto Belloch como ministro de Interior y Justicia- ha requerido previamente su desclasificación por parte del Consejo de Ministros al tratarse de información secreta y confidencial. Tras los requerimientos efectuados del titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, el gabinete de Pedro Sánchez ha acordado en dos ocasiones hacer pública materia referida al citado operativo policial que estaba calificada como "reservada", concretamente en las reuniones semanales del 7 de diciembre de 2018 y del pasado 18 de enero.

El abogado del comisario principal Enrique García Castaño, ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) e imputado en varias piezas separadas de esta macrocausa, pidió el pasado 10 de octubre al juez García-Castellón que solicitara al Consejo de Ministros la dispensa necesaria para alzar la prohibición de declarar sobre secretos oficiales y el destino que se dio a fondos reservados utilizados en operaciones policiales para que no se viera cercenado su derecho de defensa.

La Audiencia Nacional investiga el uso que la Policía hizo de los fondos reservados después de que descubrieran que García Castaño -conocido como El gordo- recibió de forma constante ingresos en efectivo en sus cuentas. Parte del origen de ese dinero procedería de  “gratificaciones” pagadas con la partida del Ministerio de Interior destinada al uso de fondos reservados y para el pago de gastos a colaboradores policiales. García Castaño, conocido como El Gordo, recibió en sus cuentas bancarias ingresos periódicos en efectivo por valor de 512.400 euros y mantiene que puede justificar el uso de dichos fondos.

¿Un nuevo caso de fondos reservados?

García-Castellón, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ha interrogado a una decena de mandos policiales que han sido interpelados por la disposición y destino de los fondos reservados. Juez y fiscales sospechan que se hizo un uso espurio de los mismos, de ahí que hayan reclamado al Ejecutivo la normativa que regula su utilización. Del análisis de la documentación aportada por el Consejo de Ministros dependerá en gran medida que en el futuro se abra en la Audiencia Nacional una pieza separada para investigar específicamente esas disposiciones aparentemente ilícitas realizadas con la partida de los citados fondos, dependiente de la Secretaría de Estado de Interior.

El 13 de mayo de 1995 entró en vigor la Ley reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados, estableciendo un nuevo régimen jurídico para los fondos públicos destinados a garantizar la defensa y seguridad del Estado y revocando una norma promulgada en la recta final del franquismo (1968). Fue a raíz de una proposición no de ley fechada el 21 de julio de 1994.

Desde entonces, sólo están autorizados a disponer de los mismos los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior y Defensa, quedando sujetos dichos fondos al control del Congreso de los Diputados (concretamente a través de la comisión parlamentaria de los créditos destinados a gastos reservados).

Fue un año después de que estallara el escándalo a raíz de que El Mundo desvelara -el 9 de marzo de 1994- que altos cargos del Ministerio del Interior percibían sobresueldos a cargo de los fondos reservados asignados al departamento para la lucha antiterrorista.

Tras la instrucción llevada a cabo por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, hoy inhabilitado, la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid condenó en enero de 2002 a Rafael Vera (ex secretario de Estado para la Seguridad), José María Rodríguez Colorado (ex director general de la Policía) y Julián Sancristóbal (ex director de la Seguridad del Estado) a penas de entre siete y cuatro años de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos. El fallo fue confirmado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en octubre de 2004.