El juicio del procés se aproxima a su fase final en un entorno político favorable a la negociación con el independentismo. Aunque el tribunal, y en especial su presidente, Manuel Marchena, se ha esforzado en despolitizar el proceso, a nadie se le escapa que la sentencia, que se conocerá a finales de otoño, será determinante para el futuro inmediato de Cataluña.

El presidente del gobierno tiene en el horizonte establecer las vías de diálogo con los independentistas, tras el fracaso del primer intento patrocinado por la vicepresidenta Carmen Calvo. La propuesta de Miquel Iceta para presidir el Senado fue una primera señal, que fracasó por la oposición de ERC, para sorpresa de Moncloa, que daba ese voto por seguro. Posteriormente, la propuesta de Meritxell Batet como presidenta del Congreso y de Manuel Cruz como presidente del Senado inciden en esa misma idea, ya que ambos, además de ser miembros del PSC, han defendido posiciones favorables al diálogo.

No sabemos cuáles serán los límites de las futuras negociaciones, aunque el socio estratégico de Sánchez en esta legislatura, Pablo Iglesias, ha dicho siempre que era partidario del "derecho a decidir", o sea, de un referéndum de autodeterminación pactado. Lo que sí podemos aventurar es que una sentencia suave para los presos del procés facilitaría la estrategia del Gobierno, mientras que una sentencia dura le complicaría las cosas. Los independentistas mantienen que el juicio del Tribunal Supremo es político y, por tanto, exigen la libertad inmediata de los presos preventivos como condición para el establecimiento de una negociación bilateral entre el Gobierno y la Generalitat.

Ese es el escenario que ayuda a entender algunas decisiones, cuando menos discutibles, adoptadas desde el Gobierno y que tienen una repercusión directa en el juicio a los responsables del procés. La primera de ellas tuvo lugar en noviembre de 2018, cuando la ministra de Justicia, Dolores Delgado, decidió destituir al abogado del Estado que ejercía la acusación en la investigación de la causa, Edmundo Bal, por "pérdida de confianza". Bal, que llevaba 16 años al frente del departamento penal de la Abogacía del Estado, era partidario de mantener la acusación por un delito de rebelión, criterio que no era del agrado del Gobierno. Finalmente, tras la salida de Bal (ahora diputado de Ciudadanos), la Abogacía del Estado adecuó su calificación a los deseos del Ejecutivo y acusó por sedición, lo que conlleva una importante rebaja de pena.

Ahora nos encontramos ante una segunda y no menos grave cesión. Pero esta vez en relación al delito de malversación.

Es significativo que la Abogacía pretenda dar mayor credibilidad al informe que estima menor cuantía en la malversación y, por tanto, castigado con menos cárcel

El Tribunal se va a encontrar con dos informes sobre la mesa. Uno, confeccionado por los peritos de la Abogacía del Estado del Ministerio de Hacienda -liderado por Carmen Tejera-, que establece la cuantía de la malversación -gastos realizados por la Generalitat para llevar a cabo el 1-O- en 991.008,39 euros. El segundo informe es responsabilidad de la Intervención General del Estado, que estima la malversación en 196.906,90 euros.

La diferencia no es baladí. No tanto porque en el primer informe se incluyen gastos (por ejemplo, las inversiones en medios de comunicación) que el segundo ignora, sino porque la cuantía determina la gravedad del delito, según establece el artículo 432.2 del Código Penal. En resumen, si la abogada del Estado en el juicio del procés, Rosa María Seoane, se inclina por el criterio del cuerpo al que pertenece, el delito será agravado y castigado con penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta de entre diez y veinte años. Sin embargo, si se inclina por el segundo, las penas serán mucho más leves, al no superar la malversación la cantidad de 250.000 euros.

La Fiscalía lo tiene claro y respaldará el criterio del informe de la Abogacía del Estado. Sin embargo, según parece, la Abogacía del Estado se inclinará por el informe de la Intervención General del Estado, mucho más favorable a los intereses de los acusados.

Aunque es el Tribunal el que debe establecer en su sentencia si el presunto delito de malversación se ha producido en su cuantía agravada, parece lógico pensar que al ser la Abogacía del Estado la que, en principio, defiende los intereses del perjudicado, su criterio tenga más peso a la hora de establecer las condenas.

Lo que queda claro para los independentistas es que el Gobierno está haciendo todo lo que está en su mano para -sin vulnerar la ley- ayudar a que las penas a sus líderes sean lo más livianas posible y que la sentencia favorezca su excarcelación. Vía indulto, o no. Eso ya se verá.