Anticorrupción pide el archivo de la imputación contra Ruiz-Gallardón en Lezo

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito donde insta al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón a archivar la imputación del que fuera alcalde de Madrid y ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en el marco del caso Lezo.

Tal y como avanzó El Independiente, el Ministerio Público ha presentado este miércoles en el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia el informe donde da por finalizada la instrucción de la pieza separada número 1 de esta macrocausa de corrupción –donde se investiga la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II- y pedirá dejar fuera del banquillo de los acusados al ex dirigente del Partido Popular, así como a otros miembros del Consejo de Gobierno -aunque no a todos ya que Anticorrupción quiere Pedro Calvo y Juan Bravo vayan a juicio-.

Calvo y Bravo formaron parte de la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, celebrada el 29 de noviembre de 2001, donde se otorgó la correspondiente autorización para adquirir exclusivamente el 75 % de Inassa.

Anticorrupción entiende que tampoco deben ir a juicio por estos hechos -la operación es anterior a su llegada al Canal de Isabel II-, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su presunto testaferro Edmundo Rodríguez Sobrino.

Malversación de caudales públicos

En contraposición, en el informe donde se solicita la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, la Fiscalía pide juzgar por un delito de malversación de caudales públicos a un total de 23 personas, entre ellos los miembros del Consejo de Administración del Canal Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz Latorre, Ignacio López Galiacho, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho.

La Fiscalía también dirige su petición para el que fuera director gerente del Canal Arturo Canalda; los exdirectivos de la empresa pública José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras; así como otras personas vinculadas a la operación en calidad de compradores, vendedores y gestores como Ángel Conde, Santiago García Benavides, Esteban Palacios, Javier Vilaplana y Francisco Olmos.

El ex ministro, que declaró el 7 de junio de 2018 en la Audiencia, siempre defendió su inocencia. La Fiscalía entiende que a diferencia de lo ocurrido en el Consejo de Administración de Canal de Isabel II, "donde todos sus asistentes dispusieron del dosier explicativo que desvelaba como se iba a realizar esta operación ‒la interposición de la sociedad panameña y el sobreprecio‒, no consta indiciariamente acreditado que ni el Presidente ni los Consejeros del citado Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ‒salvo Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera‒ conocieran o dispusieran de ese dossier. La única documentación de la que dispusieron contenía información general sobre el objeto social de Canal Extensia y datos generales de Inassa, así como los informes favorables emitidos por la Consejería de Medio Ambiente, la Dirección de Patrimonio y el Servicio Jurídico de la Consejería de Hacienda. Ninguno de los citados documentos e informes desvelaba los detalles de esta operación ‒interposición de la panameña y sobreprecio‒ desencadenantes del presunto delito de malversación de caudales públicos cometido en la adquisición de Inassa por Canal de Isabell II”.

Una compra "plagada de ilicitudes"

Antes de dar cerrojazo a esta pieza, el instructor García Castellón y la fiscal Ana Cuenca han tomando declaración como investigados a todos los miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II y a los miembros del Consejo de Gobierno. Además, comparecieron como testigos decenas de personas relacionadas con la operación de compra de Inassa, entre ellas los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid que elaboraron los informes de la citada operación y a los miembros de Cuatrecasas que informaron sobre los riesgos de la operación que costó al Canal 70 millones de euros.

En definitiva, el Ministerio Público cree que Canal de Isabel II no llevó cabo los controles necesarios cuando adquirió Inassa ni se aseguró que las condiciones económicas pactadas eran ajustadas al valor real ni tampoco realizó una tasación interna minuciosa y validada por asesores externos especializados. "La adquisición de Inassa por el ente público estuvo plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América SA ꟷSAAꟷ entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana Watco SA, provocándose un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados ‒WATCO SA‒ que no redundaron en ningún beneficio para la Administración autonómica", recalca Anticorrupción.