Un día después de tomar posesión como presidenta del Congreso, la socialista catalana Meritxell Batet ha apostado por inhibirse a la hora de tratar la situación de los cuatro diputados presos que están en prisión preventiva durante el juicio del procès independentista. Así lo ha anunciado la propia presidenta tras su reunión con el Rey Felipe VI este miércoles en la Zarzuela.
Batet ha insistido en que la suspensión en sus funciones de los diputados presos es una decisión que corresponde "en exclusiva" al "poder judicial", y no al legislativo, por lo que enfría las posibilidades de que sea la Mesa del Congreso quien los deje sin capacidad para ejercer el cargo como reclaman PP y Ciudadanos. Por este motivo ha tomado la decisión unilateral, sin consultar al resto de miembros del órgano de gobierno de la Cámara, de solicitar al Tribunal Supremo instrucciones sobre cómo afrontar esta situación.
La semana pasada, el tribunal que preside Manuel Marchena decidió dejar en manos del Congreso y el Senado la decisión de suspender las funciones como diputados de los presos. La Sala consideró que esa suspensión de funciones es un “efecto extraprocesal” cuya competencia corresponde a las Cortes en virtud de su propio Reglamento. Ahora, el Congreso le devuelve la pelota a su tejado abriendo un posible conflicto institucional entre ambos poderes del estado.
El PSOE sigue dilatando la decisión de suspender a los políticos procesados por el golpe en Cataluña. Cada minuto que pasa es un minuto de humillación al pueblo español. Ni un euro de sueldo ni un solo escaño para los que intentaron destruir nuestra democracia. Basta ya, Sánchez.
— Albert Rivera (@Albert_Rivera) May 22, 2019
"El auto del Supremo se refería sólo a la sesión constitutiva y he considerado adecuado conocer la situación para toda la legislatura. Esta presidencia consideró que es su obligación hacer esa consulta y lo hice en cuanto tomé posesión del cargo", ha justificado la presidenta de la Cámara. Según Batet, que ha comparecido de forma breve ante la prensa tras su visita al Rey, "la función jurisdiccional" en este caso "pertenece en exclusiva al poder judicial, competente para enjuiciar esas conductas", por lo que la Presidencia del Congreso ha optado por "no tomar ninguna decisión sobre el fondo de la cuestión, sino remitirlo y solicitar más información" al poder judicial.
Aunque no tienen limitados sus derechos políticos, el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”. A este artículo también apeló el juez Llarena para suspenderlos en calidad de diputados del Parlamento catalán y exigió su cumplimiento a la mesa de dicha Cámara.
Por otro lado, el artículo 21 del Reglamento de la Cámara Baja es algo menos claro, pues en su formulación establece “cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta”, lo que implica el proceso de petición de suplicatorio que, según el criterio jurídico, no sería necesario en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento.
PP, Ciudadanos y Vox han regisrado escritos en el Congreso solicitando que la Mesa suspenda automáticamente a los cuatro diputados independentistas y al senador que están siendo procesados en el Tribunal Supremo por los presuntos delitos de rebelión y malversación de fondos públicos por su participación en el procès. La Mesa se reunirá mañana por primera vez y, según Batet, los representantes de los grupos podrán debatir sobre la situación de los diputados presos en ese encuentro, en el que no se espera que se tome ninguna decisión.
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