El Congreso pide al Supremo un informe sobre la suspensión de los presos del 'procés'

La presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet ha remitido este miércoles una comunicación al Tribunal Supremo donde solicita que le envíe un informe sobre la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal antes de proceder a ejecutar la suspensión cautelar de funciones públicas de los presos del 'procés' que han adquirido la condición de diputados, según informan fuentes jurídicas a El Independiente. El escrito se ha mandado al presidente del tribunal Carlos Lesmes.

Batet, elegida ayer presidenta de la Cámara Baja, quiere saber el criterio del Alto Tribunal antes de que la Mesa proceda a suspender a los diputados presos. De esta forma, el Poder Legislativo huye de adoptar ninguna decisión sobre los presos preventivos sin antes contar con el plácet de la Sala que los mantiene encarcelados.

La semana pasada el tribunal que preside Manuel Marchena decidió dejar en manos del Congreso y el Senado la ‘patata caliente’ de suspender a los presos. Tal y como informó este medio, la Sala consideró que esa suspensión de funciones es un “efecto extraprocesal” cuya competencia corresponde a las Cortes. Ahora, el Congreso le devuelve la pelota a su tejado y quiere que el Supremo también 'se moje' en este controvertido asunto.

Por su parte, la Fiscalía ha remitido este miércoles un escrito a la Sala que juzga a los presos independentistas para que esta vez sí que trace al Parlamento la vía legal para suspender cautelarmente de sus funciones públicas a los acusados del ‘procés’ que fueron elegidos en las elecciones generales del pasado 28 de abril.

El Ministerio Público entiende que los presos ya han adquirido la condición de parlamentarios se debe suspender de funciones al líder de ERC Oriol Junqueras, al senador Raül Romeva y a los diputados de Junts per Catalunya Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez por aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal puesto que se encuentran en situación de prisión preventiva y han sido además procesados por un delito de rebelión.