Malestar en el Supremo con Batet: debe asumir su responsabilidad sobre los presos

El Tribunal Supremo lo tiene claro: corresponde al Congreso y el Senado ejecutar la suspensión cautelar de funciones de los presos del ‘procés’ ya que la misma es de obligado cumplimiento atendiendo tanto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal como al Reglamento de las Cámaras.

Fuentes jurídicas consultadas por El Independiente, explican que el tribunal que preside Manuel Marchena -que deliberó este miércoles sobre la petición que la presidenta del Congreso Meritxell Batet hizo al Alto Tribunal- ya informó a las Cortes, "a los efectos procedentes", de que los parlamentarios Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez y Raül Romeva estaban en situación de prisión preventiva y habían sido procesados por un delito de rebelión. Lo hizo cuando autorizó su salida de prisión para ir a adquirir a la sesión constitutiva del Parlamento la condición de diputados y senador, en el caso del dirigente de ERC Romeva.

Entonces, el Supremo entendió que no debía interferir en una aplicación legal que corresponde ejecutar al Congreso de los Diputados y al Senado, como es la suspensión de los presos, al tratarse de un “efecto extraprocesal”.

De ahí, que la petición de Batet haya causado sorpresa y malestar en el tribunal por dos motivos. En primer lugar, porque la Sala Segunda del TS “no es un órgano consultivo del Congreso” y, en segundo, porque la solicitud de la presidenta de la Cámara se ha producido cuando todavía los propios letrados del Parlamento –es decir, el cuerpo de expertos juristas de las Cortes- aún no ha emitido un informe sobre dicha cuestión. Los siete magistrados que juzgan a los promotores del desafío independentista en Cataluña darán a conocer este jueves su respuesta sobre quien debe asumir la ‘inhabilitación de facto’ de los presos.

La maniobra de Batet

Lo cierto es que en el tribunal defienden que el Poder Legislativo no puede eludir su responsabilidad sobre la suspensión de los presos debido a que la competencia inequívoca para ejecutar la misma corresponde a la Mesa del Congreso y el Senado. Las distintas fuentes consultadas tampoco creen casual que se remitieran de forma simultánea al TS los escritos del Ministerio Público y Batet, trasladando ambos la ‘patata caliente’ sobre el futuro de los presos a la Sala. Dichas fuentes sitúan ambas acciones dentro una “operación coordinada” desde la esfera política.

En un acto inesperado, la nueva presidenta del Congreso Meritxell Batet envió este miércoles una comunicación al Alto Tribunal donde pidió un informe sobre la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La estrategia de la ex ministra socialista tenía un doble objetivo: por un lado, ganaba así tiempo antes de que la Mesa de la Cámara Baja tuviera que adoptar decisión alguna de cara a las elecciones del 26-M y evitaba, además, ejecutar la suspensión de Junqueras, Romeva, Rull, Turull y Sánchez sin tener previamente la orden taxativa del Poder Judicial.

Por su parte, la Fiscalía también remitió este miércoles un escrito a la Sala que juzga a los presos independentistas donde les pedía que instara al Parlamento a suspender cautelarmente de sus funciones públicas a los acusados del ‘procés’ que fueron elegidos en las elecciones generales del pasado 28 de abril.

El Ministerio Público entendió que los presos ya han adquirido la condición de parlamentarios y que el Supremo debe solicitar la suspensión “inmediata” del líder de ERC Oriol Junqueras, el senador Raül Romeva y los diputados de Junts per Catalunya Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez por aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal puesto que se encuentran en situación de prisión preventiva y han sido además procesados por un delito de rebelión. Fuentes fiscales defienden que "han hecho lo que tenían que hacer" puesto que el Supremo debe pedir de forma clara a las Cortes la suspensión de los acusados encarcelados de forma provisional.