Meritxell Batet se encuentra en el ojo del huracán no solo por dilatar la decisión sobre la suspensión de los presos independentistas, sino también tras dar por válidas las frases empleadas por los diputados del ala independentista en la sesión constitutiva de las Cortes de la XIII Legislatura. Entre las extravagantes fórmulas utilizadas para acatar la Constitución se encuentran la de jurar por "la independencia de Cataluña", "desde el compromiso republicano y como preso político", o por el "mandato democrático del 1 de octubre y del pueblo catalán", en todo momento prometiendo por el "imperativo legal".
Pese a los golpes de la bancada de Vox para ahogar los juramentos y de las reiteradas protestas de Albert Rivera al respecto, la flamante nueva presidenta del Congreso de los Diputados evitó "interrumpir el proceso de acatamiento de la Constitución" porque todas las fórmulas que se emplearon fueron, a su juicio, respetuosas con el ordenamiento jurídico. Batet se remitió a una sentencia del TC de hace casi 30 años, en concreto la 119/1990, momento en que el Alto Tribunal validó la famosa coletilla "por imperativo legal" para evitar la rigidez de los acatamientos, aunque dejaba claro que los juramentos no podían "condicionar" la Ley Fundamental de 1978.
Pero no siempre valió todo para acatar la Constitución. Existe un precedente histórico que se saldó con la expulsión de tres diputados de Herri Batasuna por, precisamente, prometer la Constitución por imperativo legal, no digamos si hubiesen empleado las ocurrentes proclamas independentistas de las que se han valido los diputados nacionalistas en la actualidad.
Rescatamos cuando el "imperativo legal" sí que hizo que unos diputados fueran expulsados del hemiciclo https://t.co/bjdG6QDavP
— AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) 22 de mayo de 2019
Comenzaba entonces la IV Legislatura en 1989, momento en que Herri Batasuna (HB) concurría por primera vez al Congreso de los Diputados con cuatro parlamentarios. Fue el socialista Félix Pons, que ejercía como presidente de la Cámara Baja, quien decidió expulsar del hemiciclo a los diputados batasunos Idígoras Gerrikabeitia, Alcalde Linares y Aizpurúa Egaña por prometer "por imperativo legal".
Pons les negó, además, la "condición plena" de diputados de HB por no cumplir con la "fórmula reglamentaria" y, tras el intento de reprobación de Gerrikabeitia, el socialista optó por negarle la palabra y suspender la sesión.
Felix Pons actuó según lo estipulado entonces por la Junta de Portavoces, quienes habían decretado previamente como únicas expresiones válidas para tomar escaño las de "sí juro" o "sí, prometo".
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