La ‘nómina’ de los diputados presos: tienen derecho a cobrar al menos 4.238 € cada uno

Los cinco políticos encarcelados tienen derecho a cobrar ya 4.238 euros cada uno por su condición de diputado o senador, al no haberse ejecutado todavía la suspensión cautelar de sus funciones por haber sido procesados como posibles autores de un delito de rebelión. Entre salario e indemnización para gastos, a cada parlamentario le corresponde al día unos 163 euros.

Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez han obtenido escaño en el Congreso tras presentarse a las elecciones generales celebradas el pasado 28 de abril, mientras que Raül Romeva se ha convertido en uno de los senadores de ERC. Los cuatro primeros renunciaron a sus actas en el Parlamento autonómico el pasado viernes para poder tomar posesión de sus actas en la Cámara Baja.

Desde el pasado martes, PP, Ciudadanos y Vox demandan la inmediata suspensión de los cuatro diputados en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que establece que, "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

Sin embargo, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, está dilatando la decisión tras intentar sin éxito que el Tribunal Supremo emitiera un informe. Fracasada esa vía ha realizado una consulta a los servicios jurídicos de la Cámara y ha convocado a la Mesa este viernes a una nueva reunión, mientras la oposición amenaza con llevarla a los tribunales por prevaricación.

Junqueras, Turull, Rull, Romeva y Sànchez, mientras no sean suspendidos, pueden cobrar 163 euros al día entre indemnización para gastos y salario

Mientras se acuerda la suspensión, el único camino posible que marca la ley en situaciones como ésta, los cinco diputados en Cortes juzgados por rebelión mantienen intactos los derechos económicos que les corresponden como miembros electos del Congreso o el Senado.

El régimen económico vigente en la Cámara Baja establece que a cada diputado le corresponde una asignación mensual de 2.981,86 euros, cantidad a la que habría que añadir los eventuales complementos por la función que se les atribuyera (entre 1.847,35 y 739,30 euros más cada mes). De momento, no se han repartido los cargos, por lo que no tendrían derecho a percibir ningún plus.

Al 'sueldo base' sí hay que sumar una indemnización de 1.921,20 euros al mes para cubrir los gastos derivados de la función parlamentaria dado que la circunscripción electoral por la que se presentaron es distinta a Madrid (en este caso la cuantía sería de 917,03 euros), lo que totaliza 4.903,06 euros mensuales.

Con efectos retroactivos

En el caso del Senado, la asignación lineal es cuatro céntimos superior a las del Congreso -2.981,90 frente a 2.981,86 euros- mientras que la indemnización mensual por gastos es ligeramente inferior. En concreto, está establecida en 1.919,63 euros.

Los diputados y senadores tienen derecho a percibir estas cantidades con efectos retroactivos desde el día de las elecciones en caso de no haber cobrado otro sueldo público. Habida cuenta de que han transcurrido 26 días desde la celebración de los comicios en los que obtuvieron las actas y aún no han sido suspendidos, a cada uno de los cinco diputados presos les corresponde unos 4.238 euros (hasta este jueves incluido).

Junqueras, Turull, Rull y Sànchez eran miembros del Parlamento de Cataluña hasta el pasado viernes, cuando formalizaron sus renuncias para poder tomar posesión de sus actas de diputados en el Congreso este lunes al no ser compatibles. Sí se puede ser parlamentario autonómico y senador, caso de Romeva.

Suspensión en el 'Parlament'

Con todo, no percibían cantidad alguna después que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena -instructor de la causa del procés- comunicara el pasado 10 de julio a la Mesa del Parlament la inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público de los líderes independentistas tras procesarlos por un delito de rebelión.

La constitución de las Cortes tras las elecciones del 28-A se ha producido mientras el juicio por el que se sientan en el banquillo de los acusados los líderes independentistas encara su recta final. De cumplirse el calendario que maneja el Supremo, la vista oral terminaría en junio y la sentencia se dictaría el próximo otoño.