El juez embarga 27 millones a los navieros Pérez-Maura tras contratar a Villarejo

El juez que investiga el caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha ordenado el embargo de más de  27,16 millones de euros en cuentas de valores y saldos bancarios de los que son titular el naviero cántabro que contrató al comisario hoy en prisión para que frustrara su entrega a las autoridades de Guatemala, Ángel Pérez-Maura García; la empresa familiar que hizo los pagos, A. Pérez y Compañía SL; su esposa; tres hijos, y su hermano Álvaro. El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional trata así de asegurar el decomiso que se pudiera acordar en una hipotética sentencia y garantizar las responsabilidades pecuniarias que se derivaran de los hechos que se investigan.

Según ha podido conocer El Independiente, el instructor dictó un auto el pasado 21 de mayo por el que ordena a las entidades financieras en las que los Pérez-Maura tienen domiciliados los productos financieros y las cuentas corrientes -entre ellas el Banco Santander- que anoten el embargo y prohíban que se pueda disponer de esos fondos. También son conminadas a retener los intereses, dividendos u otros beneficios que puedan rentar las inversiones.

La diligencia practicada por García-Castellón se enmarca en la instrucción de la pieza separada denominada Pit, la cuarta en la que se ha desgajado hasta ahora el caso Tándem y que permanecía bajo secreto de sumario. En esta rama se investiga si la sociedad de los Pérez-Maura contrató los servicios del grupo empresarial de Villarejo para impedir la detención y extradición de Ángel Pérez-Maura García a Guatemala.

Las autoridades centroamericanas pidieron en abril de 2016 la entrega del empresario español por pagar presuntamente comisiones ilegales por 30 millones de dólares al ex presidente y ex vicepresidenta de la República de Guatemala -Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, respectivamente- entre los años 2012 y 2015 a cambio de que le adjudicaran a su filial Terminal de Contenedores Quetzal SA la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal.

Ángel Pérez-Maura recurrió al comisario para evitar su entrega a Guatemala, que lo reclamaba por el pago de 'mordidas' a cambio de un megacontrato

Tanto Ángel Pérez-Maura García como su hermano Álvaro fueron dos de los cinco detenidos el pasado 8 de mayo por agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, quedando en libertad bajo fianza tras prestar declaración ante el juez. En esta pieza, en la que también figura como imputado el empresario Adrián de la Joya, se investigan tanto cohechos internacionales como sobornos a nivel nacional.

Casi la mitad del importe embargado ahora por el juez García-Castellón corresponde a una cuenta a nombre de A. Pérez y Compañía, con un saldo de 14.421.837,20 euros. Los productos financieros y los ahorros de los que no podrá disponer Ángel Pérez-Maura suman 2.893.006,01 euros y los de su esposa, 2.460.576,09 euros.

El resto de las cantidades hasta completar los 27.167.155,66 euros corresponden a Álvaro Pérez-Maura García (2.804.059,56 euros) y a los tres hijos de Ángel Pérez-Maura García (3.249.169,46 euros). El instructor ordena que las cantidades en cuentas corrientes se transfieran a la que tiene el juzgado -medida que permitiría desbloquear aquéllas- y extiende el bloqueo a las cajas de seguridad que eventualmente pudieran estar asociadas a dichas cuentas.

"Contrato de prestación de servicios"

Las autoridades guatemaltecas ordenaron la detención y entrega de Ángel Pérez-Maura el 14 de abril de 2016, justo 14 días antes de que A. Pérez y Compañía y el entramado empresarial controlado por Villarejo (grupo Cenyt) firmaran un "contrato de prestación de servicios".  De acuerdo con la documentación que obra en poder de este medio, ese mismo día -el 28 de abril de 2016- emitió Villarejo la primera factura a su cliente a través de su empresa Stuart & Mckenzie. Fue por importe de 1.452.000 euros (incluido el 21 % de IVA) y el concepto que aparece en la factura es "Defensa legal ante procedimiento judicial en Guatemala de TCQ de conformidad con hoja de encargo de 28 de abril de 2016".

Cuando se emitió esa factura, el policía José Manuel Villarejo seguía ejerciendo como agente encubierto de la Policía Nacional, Cuerpo en el que causó baja por jubilación voluntaria el 22 de junio de 2016. Después del 28 de abril de 2016, sus empresas -Cenyt y Stuart & Mckenzie- emitieron otras 17 facturas hasta el 27 de abril de 2017: una de 1,2 millones, otra de 89.120 euros, tres de 89.520 y 12 de 58.080 euros, éstas fechadas entre el 12 de mayo de 2016 y el 30 de enero de 2017 con periodicidad mensual.

"Una serie de milloncitos"

Parte de las conversaciones intervenidas al agente vinculado a las cloacas del Estado y a su íntimo amigo, el empresario Adrián de la Joya ponen de relieve que “la oportunidad de negocio” surgió el 20 de abril de 2016 cuando el abogado “Enrique Maestre, amigo personal de Ángel Pérez-Maura, José Manuel Villarejo y Adrián de la Joya, les ofreció una elevada cantidad de dinero -‘una serie de milloncitos’- que pagaría Ángel a cambio de que evitaran su detención y extradición a Guatemala”. La tarifa: “120.000 euros al mes para gastos de despacho porque vamos a tener que tocar a mucha gente”.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha podido acreditar que las empresas de Villarejo resultaron receptoras del importe total de 7.498.700 euros “en concepto de retribución de los ilícitos servicios contratados” por el clan de los Pérez-Maura.

Los investigadores creen que esos fondos se destinaron a pagar a mercantiles vinculadas a terceras personas relacionadas con el proyecto Pit, para mantener el pago de las oficinas que el agente tenía en Torre Picasso en Madrid, a realizar trasferencias a otras cuentas del policía y a la compra de  acciones de Banco Popular y de cuentas de participación de Monte Fuji, así como al pago de un concesionario de vehículos. Tanto el instructor como la Fiscalía Anticorrupción sospechan que se trata de unas "claras operativas" empleadas por el agente encubierto para blanquear capitales.