El juez del 'caso Lezo' archiva la causa para el ex ministro Ruiz-Gallardón tras la petición del fiscal

El juez que instruye el caso Lezo, Manuel García-Castellón, ha decretado el archivo de las actuaciones contra el que fuera alcalde de Madrid y ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. Éste había sido llamado al procedimiento en calidad de imputado en abril de 2018 por la compra presuntamente fraudulenta de la empresa colombiana Interamericana de Aguas (Inassa) por parte del Canal de Isabel II en su etapa de presidente de la Comunidad de Madrid.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional respalda así la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado 22 de mayo presentó un escrito en el que consideraba que la instrucción de la pieza separada número 1 de esta macrocausa estaba agotada y pedía dejar fuera del banquillo de los acusados al ex dirigente del Partido Popular. El sobreseimiento provisional alcanza también a otros antiguos integrantes del Consejo de Gobierno, caso de Manuel Cobo.

En un auto fechado este miércoles, al que ha tenido acceso El Independiente, García-Castellón hace suyo el planteamiento del Ministerio Público y elude archivar las actuaciones para los ex consejeros Pedro Calvo y Juan Bravo, participantes en la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid -celebrada el 29 de noviembre de 2001- en la que se autorizó la compra del 75 % del capital de Inassa. El Ejecutivo bendecía así el acuerdo aprobado dos semanas antes por el consejo de administración del Canal de Isabel II.

Por contra, no se sentarán en el banquillo de los acusados por los hechos investigados en esta pieza separada otras 13 personas: el ex presidente Ignacio González, el ex presidente ejecutivo de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino, Gaspar Cienfuegos, Jesús Sánchez, Salvador Cardona, Ángel Varona, María de la Paz González, Luis Blázquez, Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Alicia Moreno, Pilar Martínez y Luis Peral.

El instructor sí sitúa al borde del procesamiento a 22 acusados como posibles autores de un delito de malversación de caudales públicos agravado. García-Castellón transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado tras dar por terminada la instrucción y da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares personadas para que formulen escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa.

73 millones de dólares

El Gobierno madrileño autorizó el 29 de noviembre de 2001 la constitución de una sociedad vehículo llamada Canal Extensia SA -con Tecvasa como socio minoritario y un desembolso de 19,2 millones de euros- para que posteriormente adquiriera el 75 % de Inassa a cambio de 73 millones de dólares. El acuerdo incluía el visto bueno para que Canal Extensia pidiera créditos por 58,35 millones de euros.

La formalizaron de la compra de Inassa se llevó a cabo “contraviniendo de plano” los términos de la autorización librada tanto por el consejo de administración del Canal de Isabel II (14 de noviembre de 2001) como del Consejo de Gobierno (29 de noviembre de 2001). Así, se utilizó una “sociedad interpuesta radicada en un paraíso fiscal” -Sociedad de Aguas de América SA (SAA), domiciliada en Panamá- y se adquirió el 51 % de las acciones de una compañía dominicana llamada Watco, ‘detalle’ que no se especificaba en la propuesta elevada al Ejecutivo.

Si bien el acuerdo del Canal de Isabel II para que se iniciara el proceso de licitación para la compraventa de Inassa no tuvo lugar hasta el 8 de octubre de 2001, tres altos cargos de la empresa de aguas ahora procesados -Arturo Canalda, ex director gerente del Canal; Pablo López de las Heras, ex director de Nuevos Negocios del Canal y José Antonio de Cachavera, ex director económico y de desarrollo comercial del Canal- "ya estaban gestionando y negociando la adquisición" de la sociedad colombiana con anterioridad y "de forma distinta" a la que plantearon en el consejo que dio luz verde: mediante la empresa panameña Sociedad de Aguas de América SA.