El presidente de la Generalitat ha remitido hoy una carta a Pedro Sánchez en la que le exige el acatamiento del dictamen del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, que pide la puesta en libertad de los líderes del 1-O procesados por el Tribunal Supremo. Quim Torra ha remitido esta carta también a la Fiscalía, en la que además le reclama que indemnice a los procesados por el tiempo pasado en prisión preventiva.

Todo ello, el mismo día en que el Gobierno ha solicitado la inhabilitación del presidente del Grupo de Trabajo, el mejicano José Guevara Bermúdez, y el coreano Seong-Phil Hong. El Gobierno reclama la inhabilitación solo en el caso de la causa sobre los políticos catalanes, dado que ambos miembros del grupo trabajaron anteriormente con Ben Emmerson, defensor de Carles Puigdemont e impulsor de este proceso. El embajador español ante Naciones Unidos presentará además una nota verbal de queja porque no se han respetado las obligaciones procesales que imponen que debe entregarse el informe primero al Estado afectado, algo que no se hizo en este caso.

Quim Torra ha reunido hoy a su ejecutivo, en convocatoria extraordinaria, con un único punto del día: pedir formalmente a la Fiscalía Superior de Cataluña la retirada de todas las acusaciones contra los protagonistas del 1-O, tanto los que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo como los que investiga la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. Lo hace en base al informe del Grupo de Trabajo de la ONU que esta semana ha criticado la prisión preventiva de los líderes del procés y denunciado una supuesta connivencia del Gobierno Rajoy con la Justicia para perseguir a los independentistas por sus ideas.

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha anunciado tras la reunión que el Ejecutivo ha aprobado un acuerdo de gobierno en el que hace suyas conclusiones de grupo trabajo y reclama la "libertad inmediata" de los procesados en prisión preventiva, además de reclamar a la Fiscalía "que reconozca el derecho a obtener indemnización".

Investigación al Tribunal Supremo

El Govern dirige además tres peticiones muy concretas al presidente del Gobierno. Insta a Pedro Sánchez "a que las instituciones del Estado den cumplimiento a las demandas de libertad inmediata y reconocimiento a su derecho efectivo a ser indemnizados y reparados por este tiempo privados de libertad; a realizar una investigación exhaustiva e independente" sobre la decisión de dictar prisión preventiva para los procesados -que el dictamen de la ONU atribuye a la connivencia entre el Tribunal Supremo y el Gobierno Rajoy- y a "tomar medidos contra los responsables de esta violanción de derechos".

Reclaman además al Gobierno que "difunda las conclusiones del Grupo Trabajo por todos los medios" a su alcance, y comunican también este acuerdo a la ministra de Justicia "de acuerdo con lo que prevé la Ley del Estatuto Fiscal". De hecho, Torra ha enviado hoy mismo a Sánchez la carta a Sanchez en la que le hace estas peticiones, ha explicado Budó, y a lo largo del día de hoy se mandará a la Fiscalía Superior de Cataluña para que dé traslado a la Fiscal General.

Reunión extraordinaria

"Haciendo uso de la potestad que tiene atribuida expresamente por la Ley del Estatuto del Ministerio Fiscal", como anunció el miércoles Quim Torra, el Govern ha aprobado la petición formal a la Fiscalía para que se retiren todas las acusaciones y se ponga "inmediatamente en libertad" a los procesados en prisión provisional.

El ejecutivo catalán no está dispuesto a desperdiciar la plataforma propagandística que le ofrece el dictamen elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias dependiente de la ONU, por mucho que el Gobierno haya dejado claro que no se siente en absoluto aludido por el citado informe y haya reclamado al grupo más neutralidad en sus dictámenes. Torra volvió a esgrimir este dictamen ayer ante los empresarios y directivos reunidos en las jornadas del Círculo de Economía, justo después de que su presidente le pidiera que deje de hablar del proceso independentista.

Torra insiste en que, según el grupo de trabajo, España ha vulnerado hasta siete artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los referidos a la detención arbitraria, a la imparcialidad de los tribunales, a la presunción de innocencia, a la opinión, el derecho de reunión y de participación política. Y añade otros seis puntos recogidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que incorporan el derecho a la libertad de expresión, a la reunión pacífica o de asociación.

Pero el Gobierno ya ha dejado claro que no se siente en absoluto concernido por el dictamen. En un duro comunicado, el gobierno de Sánchez aseguró el miércoles que el grupo de trabajo “plantea dudas sobre su independencia e imparcialidad y pone de manifiesto la necesidad de mejorar los mecanismos de control internos para evitar su utilización con fines espurios”.

Moncloa consideró “especialmente grave” que el grupo de trabajo haya emitido su informe “poco antes de que quede vista para sentencia la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra los denunciantes”, y lo interpreta como una “lamentable circunstancia que podría ser interpretada como una interferencia en un proceso penal en marcha”.