Navarra ha sido una vieja y manoseada pieza del tablero territorial en nuestro país. Históricamente codiciada por el soberanismo vasco para integrarla junto a Euskadi en su aspiración de una ‘Euskal Herria administrativa’, y esencial para el constitucionalismo en la defensa de la unidad territorial de España. Durante décadas la sombra del control de la Comunidad Foral ha estado en mesas de negociación ETA-Gobierno, en borradores de planes independentistas y siempre en la pugna política y dialéctica de las vecinas Euskadi y Navarra.
También ha aflorado como moneda de cambio en propuestas de solución a la violencia terrorista, tal y como ahora ha trascendido y antes era sospechado. En esta semana en la que la batalla entre formaciones abertzales forales y constitucionalistas navarras ha puesto los ojos en el Partido Socialista de Navarra, el pasado ha regresado sospechosamente oportuno para incomodar aún más la difícil posición del PSN.
La documentación incautada en mayo de 2008 al ex negociador de ETA, Javier López Peña, ‘Thierry’, el sustituto de ‘Josu Ternera’ en las negociaciones con el Gobierno en 2006, detalla años de contactos entre la banda y el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Unos escritos en los que de nuevo aparecía Navarra. Lo hizo días después del atentado de la T4 cometido por ETA y en un intento a la desesperada del Ejecutivo del PSOE por retomar las negociaciones rotas con los terroristas con el atentado cometido el 30 de diciembre de 2006 en la terminal de Barajas.
La idea de crear un órgano común, con capacidad legislativa, entre Euskadi y Navarra ya se plasmó en 2006 en los acuerdos de Loyola
Aquella documentación que portaba ‘Thierry’ cuando fue arrestado, y sobre los que ahora la Audiencia Nacional ha levantado el secreto del sumario de la investigación sobre los contactos Gobierno-ETA que lleva a cabo, ha sido presentada como las ‘actas’ de los encuentros. Tal condición no parece certificada, sí la de anotaciones personales realizadas por López Peña sobre los numerosos encuentros mantenidos entre la banda y el Gobierno entre junio de 2005 y junio de 2007.
Presos 'Parot' y financiación
En ellos se hacer referencia a lo que el Ejecutivo de Zapatero habría ofrecido a ETA a cambio de terminar con la violencia. Y la lista no es menor, desde la legalización de Batasuna a la liberación de Iñaki de Juana Chaos y otros presos de la banda enfermos, acabar con la ‘doctrina Parot’ o incluso dar una salida a los problemas de financiación de ETA para que cesara su extorsión.
Pero sin duda, en esa larga lista de cesiones a la banda terrorista a cambio del final –que se habría detallado en los encuentros mantenidos entre el 18 y 21 de mayo de 2007, según los papeles de ‘Thierry’-, el logro más relevante que se apuntaba era la creación de un “órgano institucional común” entre Euskadi y Navarra, tal y como ya se contemplaba en los acuerdos de Loyola. Un ‘órgano común’ Euskadi-Navarra al que se dotaría de “atribuciones” en un marco competencial acordado y “de conformidad con el ordenamiento jurídico”. En el momento de tener que cerrar el acuerdo definitivo, la izquierda abertzale elevó el listón y reclamó que ese órgano común fuera más allá, que tuviera no sólo más competencias sino también poder ejecutivo. No hubo acuerdo.
La propuesta incluía un compromiso para autorizar e impulsar la creación de "instituciones en Euskal Herria"
Cuando el Gobierno Zapatero rescató los ‘papeles de Loyola’ habían pasado apenas cinco meses del atentado de la terminal T4 de Barajas en el que murieron Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. El Gobierno del PSOE quiso resucitar del cajón aquel frustrado acuerdo de finales de 2006 fraguado en las cercanías de la Basílica de Loyola y que había logrado al menos poner de acuerdo en un borrador a PNV, Batasuna y el PSE. Esta vez lo hizo actualizando su oferta a través de la posibilidad de explorar un “estatuto único” para Euskadi y Navarra y fijar una hoja de ruta para su consecución en 2012, cinco años más tarde.
Incluso se contempló la posibilidad de crear un parlamento común o una asamblea municipal vasconavarra, según informó El Mundo. Finalmente no hubo acuerdo, la banda quiso que antes de cerrar las cuestiones técnicas en la mesa Gobierno-ETA se blindaran los compromisos políticos.
Una vez más, la ambición excesiva de ETA y su entorno frustró el acuerdo que contemplaba situar a Navarra como moneda de cambio. De nuevo la ‘mesa política’ debía blindar sus compromisos antes de que ‘la mesa técnica’, la del final del terrorismo, diera pasos irreversibles.
Diálogo 'multipartito'
Ocurrió igual en Loyola (Azpeitia, Guipúzcoa) en 2006. Entonces, las negociaciones Batasuna-PSE-PNV (con el compromiso de incorporar después al PSN) que habían permitido cerrar un borrador y establecer el compromiso para constituir un “órgano institucional común” Euskadi-Navarra sólo quedaron pendientes de plasmarlo en el documento final.
Todo parecía encarrilado. Se establecía que aquel acuerdo que otorgaba “atribuciones de propuestas y ejecutivas” al órgano común, aún por concretar pero siempre en “conformidad con el ordenamiento jurídico”, se negociarían en un diálogo “multipartito” posterior. Una vez acordadas serían sometidas al refrendo “de la voluntad democrática de la ciudadanía en cada ámbito territorial”, rezaba el documento de Loyola.
El acuerdo llegó incluso a establecer un compromiso para autorizar el derecho de las instituciones vascas y navarras “a crear, impulsar, desarrollar y financiar instituciones del conjunto de los territorios y ámbitos administrativos de Euskal Herria”. Todos los acuerdos que se alcanzasen serían sometidos a referéndum.
El borrador contemplaba la incorporación del Partido Socialista de Navarra a los procesos de negociación para definir la reorganización territorial e institucional Euskadi-Navarra que se pondrían en marcha a posteriori. El acuerdo de Loyola preveía un detallado cronograma para llevar a cabo toda la operación.
El primer anuncio público sería la celebración de una Conferencia “por la paz, el diálogo y el acuerdo” en San Sebastián. Tenía incluso fecha de celebración: el 2 de diciembre de 2006. Una fórmula que años más tarde rescataría la izquierda abertzale y el Gobierno vasco para la declaración de Aiete en 2011 tras el anuncio de cese de actividad armada hecha por ETA el 20 de octubre de 2011. Una conferencia que invitaría a partidos, organismos sindicales, patronales y sociales, foros por la paz y “personalidades relevantes” para con su presencia “avalar” una declaración pública que justificase el acuerdo de final de ETA a cambio de reorganizar la relación Euskadi-Navarra.
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