Envuelta en una bandera de España, Susana Gallardo se erigió en una especie de heroína del españolismo catalán el 1 de octubre de 2017. Aquél día, mientras miles de catalanes se lanzaban a las calles a votar en el referéndum por la independencia organizado por la Generalitat de Cataluña, Gallardo decidió recorrer diversos colegios electorales de la región, ataviada con una enseña para votar en todos ellos, para demostrar la falta de garantías de la consulta, según detallaba ella misma en un vídeo que circula por las redes.
SUSANA Gallardo una catalana valiente pic.twitter.com/wrDj8UJ61c
— Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) October 1, 2017
Aquella mujer no era, en cualquier caso, una desconocida en los círculos sociales catalanes. Susana Gallardo es heredera del fundador de uno de los mayores grupos farmacéuticos españoles, Almirall, fabricante de productos tan popularmente conocidos como el Almax. Nacida en 1964, es hija de Antonio Gallardo presidente durante años de la farmacéutica y hermano del actual número uno del grupo, Jorge Gallardo.
La familia es propietaria, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de más del 66% de un grupo que está valorado a día de hoy en el entorno de los 2.700 millones de euros.
Gallardo ha saltado esta semana a los titulares tras anunciarse su próxima boda con el ex primer ministro francés y actual concejal electo en el Ayuntamiento de Barcelona, Manuel Valls, que está previsto que tenga lugar en septiembre. Eran muchas las sospechas de que el político galo, apadrinado por Ciudadanos para intentar asaltar la alcaldía de la Ciudad Condal, renunciaría al cargo si quedaba fuera del equipo de gobierno, como parece bastante probable que ocurra tras la victoria de ERC en los comicios del pasado 28 de abril.
Heredera de los dueños de Almirall, ha sido consejera en La Caixa o Abertis
Pero Valls, con ascendientes catalanes, parece haber encontrado en Gallardo una razón para hacer de Barcelona su lugar de residencia y de la defensa de la burguesía catalana alejada del independentismo el eje de su actividad. No en vano, su prometida cuenta con un amplio recorrido en el mundo empresarial catalán que bien puede servir de cauce para seguir engrosando su proyecto.
Antes de su relación con Valls, iniciada hace apenas un año, Gallardo estuvo casada con el reconocido empresario Alberto Palatchi, fundador de Pronovias, con el que tiene tres hijos. La heredera de Almirall tuvo un lugar destacado en el desarrollo del grupo de moda nupcial, que fue traspasado en julio de 2017 por alrededor de 500 millones de euros.
Además de sus destacadas aportaciones en el mundo de la moda, Gallardo también ha formado parte del consejo de algunas de las empresas catalanas más relevantes, como es el caso de La Caixa o Abertis.
Relación con la política
Pese a que la discreción ha sido una tónica habitual en el comportamiento de la familia Gallardo, que también dirige la compañía de cuidados de salud Goodgrower y gestiona sus inversiones a través del family office Landon Grupo Corporativo, las relaciones con la política no son una novedad. Y es que, sin ir más lejos, el hijo de Susana Gallardo, Alberto Palatchi Gallardo, ha estado vinculado en los últimos años al Partido Popular en Cataluña. La propia Susana y su exmarido también habían dado algunas muestras de apoyo al PP en anteriores citas electorales.
Lo que está claro es que la familia Gallardo se ha alineado frecuentemente del lado del catalanismo contrario a la independencia. De hecho, la farmacéutica Almirall fue noticia en 2015 por haber advertido a sus trabajadores de los riesgos a los que se enfrentaba el negocio si se producía una independencia unilateral. Posteriormente, tras el referéndum del 1 de octubre de 2017 optaron por trasladar la sede de Googrower a Madrid, aunque no así la de la farmacéutica. La compañía fue excluida por la ANC de su listado de empresas "comprometidas con la república".
Los Gallardo también han estado en el centro de la polémica en el último año, tras trascender que los hermanos Jorge y Antonio Gallardo legalizaron 113 millones de euros con la amnistía fiscal aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy.
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