Pablo Iglesias reapareció en público, tras su aburrida entrevista con Juan Carlos Monedero, el viernes pasado en la reunión anual del Cercle d'Economía en Sitges. El auditorio, claro, era muy distinto.

Sin embargo, el líder de Podemos no se amedrentó y desplegó ante lo más granado del empresariado catalán su programa de máximos: jornada de 34 horas; subida del IRPF a rentas de más de 100.000 euros; impuesto de patrimonio; 24 semanas de permiso de paternidad; renta básica de 600 euros; derogación de la reforma laboral; creación de un banco público y... el establecimiento de un impuesto a la banca.

No hay que ser Sherlock Holmes para adivinar lo que piensan sobre ese programa personas como Jaume Guardiola (consejero delegado del Banco de Sabadell) o Marc Puig (presidente del Grupo Puig), presentes en el acto entre otros empresarios y ejecutivos de grandes compañías. Seguro que ninguno de ellos baja de esos 100.000 euros de ingresos que Iglesias quiere castigar aún más con el IRPF.

Iglesias aclaró que, en su negociación con Pedro Sánchez para la conformación de un gobierno de coalición, lo importante "no son los sillones, sino las reformas". Los empresarios, como es lógico, preferirían justo lo contrario.

A los empresarios les gustaría un gobierno del PSOE con el apoyo de Ciudadanos. Incluso a Ana Botín le parecería bien que Gabilondo fuera el presidente de la Comunidad de Madrid

Los resultados de las elecciones generales del 28 de abril dieron vencedor al PSOE, pero con una exigua minoría (123 escaños). Sánchez tendrá que gobernar pues con apoyos, dentro o fuera del gobierno. Si lo hiciera con Unidas Podemos (42 escaños) necesitaría también a los nacionalistas. Sin embargo, si pactara con Ciudadanos (57 escaños), Sánchez tendría el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso y no necesitaría pactar con otros grupos.

Al presidente del gobierno le gustaría esta última fórmula. Primero, porque le permitiría aprobar unos presupuestos más sensatos; en segundo lugar, porque esa alianza sería bien vista por Bruselas, y, en tercer lugar, porque dejar fuera de juego a Iglesias supondría a medio plazo su muerte política. El problema es que sus intereses no coinciden con los de Albert Rivera, empeñado en ser el líder del centro derecha, para lo cual colaborar con Sánchez no es precisamente la mejor receta.

Los empresarios creen que lo mejor para la economía sería un gobierno de Sánchez con el apoyo de Rivera y, a pesar de las dificultades que tiene esa opción por la oposición del líder de Ciudadanos, no renuncian a intentarlo. Y están presionando para lograrlo.

Ana Patricia Botín, por ejemplo, no sólo ha dejado ver sus preferencias por esa coalición de centro izquierda entre su círculo más íntimo y sus colegas, sino que ha mostrado su inclinación a que Ciudadanos pacte en la comunidad de Madrid con el PSOE  para hacer presidente de la autonomía a Ángel Gabilondo.

Rivera tiene que decidir ahora si mantener a C's como un partido bisagra, o bien lanzarse a por el electorado del PP, para lo cual tiene que derechizarse

Aunque los grandes empresarios madrileños no ven mal un gobierno regional y una alcaldía de centro derecha con los candidatos del PP al frente, no le hacen ascos a la posibilidad de que Gabilondo sea presidente de la comunidad. Alguno de los más conocidos no ha tenido empacho en alabar la gestión de Manuela Carmena al frente del consistorio.

Los susurros del gran capital tienen sus ecos en el partido de Rivera, en el que algunos de sus líderes han llegado a decir: "Antes que gobernar con Vox, mejor pactar con el PSOE".

El movimiento en la dirección de Ciudadanos es un hecho. El artículo de Francesc de Carreras el sábado en El País resume lo que piensan muchos de los críticos con la orientación que ha imprimido Rivera para convertirse en el líder de la oposición, desplazando al PP.

La cuestión clave ahora en Ciudadanos es precisamente esa: ser vocacionalmente un partido bisagra, que pueda gobernar con PP y con PSOE y haga innecesarios los pactos con los nacionalistas o con los populistas; o bien desplazar al PP y ocupar ese espacio, para lo cual, obligatoriamente, tiene que girar a la derecha.

Rivera tiene que tomar ahora la decisión más difícil desde que se lanzó a la arena política. Si opta por pactar con el PSOE podría condicionar su acción de gobierno: investidura a cambio de líneas rojas claras con el independentismo, defensa a ultranza de la Constitución y no subida de impuestos.

Desde El Independiente, la misma noche del 28 de abril, propusimos a Rivera que ofreciera sus diputados para evitar que dependiera de Iglesias y de los independentistas. Pero el líder de Ciudadanos insistió en su confrontación total con Sánchez y creyó que sus buenos resultados se verían incrementados el 26 de mayo si incidía en esa misma línea, pero no ha sido así.

La negociación sobre gobiernos de 26 capitales de provincias y cuatro comunidades autónomas está abierta. Rivera podría poner todo sobre el tablero para negociar con Sánchez un programa político, como ya hizo hace tres años. Sin embargo, no lo hará porque piensa que en las próximas elecciones puede o ser presidente o el indiscutible jefe de la oposición.

Muchos pensarán que es absurdo tratar de pactar con Sánchez, que ya ha hecho demasiados gestos hacia los independentistas y hacia la izquierda radical. Pero si Rivera lo intenta y su oferta es rechazada estará entonces completamente legitimado para pactar con el PP, aunque para algunos gobiernos autonómicos o alcaldías haga falta la muleta de Vox.

Paradójicamente, ahora, lo que más le beneficia a Pablo Casado es que Rivera quiera quitarle el puesto como líder de la oposición.