Informe final: la Fiscalía defenderá que el 'procés' atentó contra el orden constitucional

Se dio un golpe a la Constitución  y se hicieron tambalear los cimientos del Estado de Derecho. El denominado ‘procés’ no fue pacífico sino, por el contrario, los líderes independentistas  recurrieron a la violencia para tratar de segregar Cataluña del resto de España en el otoño de 2017. Además, se saquearon las arcas públicas de la Generalitat para sufragar el desafío soberanista.

Estas serán las principales líneas que defenderán los cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo que expondrán este martes su informe definitivo en el majestuoso Salón de Plenos del que fuera palacio de la reina Bárbara de Braganza.

Según informan fuentes fiscales a El Independiente, está previsto que el primero en intervenir sea el fiscal Javier Zaragoza quien centrará su exposición en rebatir algunas de las reflexiones que hizo el líder de ERC Oriol Junqueras en la vista oral cuando se definió como un “preso político”. Asimismo, recalcará la actuación deficiente del cuerpo de Mossos d’Esquadra en el referéndum del 1-O y el concierto previo que existió entre el Govern, el Parlament y las asociaciones civiles ANC y Òmnium Cultural en el ‘procés’.

Para el Ministerio Público, estos cuatro meses de juicio en el Salón de Plenos del Alto Tribunal han servido para probar que hubo violencia 2000 puntos de Cataluña, que existió un concierto delictivo entre el poder ejecutivo, legislativo y las citadas asociaciones civiles y que el cuerpo de Mossos d’Esquadra “facilitó” la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Acto seguido intervendrá el fiscal Jaime Moreno que hará hincapié en el concepto de violencia –la propia Sala de Apelaciones del Alto Tribunal habló de ella en un auto con ponencia del magistrado Alberto Jorge Barreiro- y en las pruebas recabadas contra los líderes independentistas durante la celebración del juicio: testimonios, periciales, etc.

A continuación, será el turno de la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal que dará por acreditada la malversación de caudales públicos en el presente procedimiento. La Fiscalía dará entonces la cifra definitiva de los fondos malversados.

Por último, intervendrá el fiscal Fidel Cadena que expondrá la doctrina dogmática sobre la rebelión. A los ojos del Ministerio Público, lo que sucedió en Cataluña no encaja un delito contra el orden público como es el caso de la sedición que defiende –obligada por el Ejecutivo- la Abogacía del Estado. Fue una rebelión de libro.

Tras el turno de los acusadores públicos, será el de los servicios jurídicos del Gobierno y, por último, el de los abogados de la formación política Vox.