El Gobierno asume la suspensión, pero está "convencido" de que podrá exhumar a Franco

Al Gobierno de Pedro Sánchez no le ha sorprendido la decisión del Tribunal Supremo de paralizar cautelarmente la exhumación de los restos de Franco. El Ejecutivo socialista se muestra comprensivo con la decisión, aunque culpa a la familia de paralizar la medida, y está "convencido" de que el alto tribunal acabará dándole la razón en la batalla judicial abierta sobre la tumba del dictador.

"La suspensión cautelar acordada por el Supremo implica que el Gobierno pospondrá la ejecución de la exhumación hasta que en los próximos meses se dicte sentencia sobre el fondo del asunto. No es extraño que el Tribunal Supremo suspenda la ejecución de una decisión cuya legalidad tiene que revisar a instancia de parte", asegura la Moncloa en su primera valoración sobre el fallo judicial.

"Obviamente, la suspensión cautelar no indica nada sobre el fondo del asunto. De hecho, el Gobierno está convencido de que el Tribunal Supremo desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los recursos planteados por la familia Franco", anuncia el Ejecutivo socialista, que se aferra al último párrafo del fallo judicial:

“No hay duda de que en los acuerdos del Consejo de Ministros que han dispuesto la exhumación, que se lleve a cabo el 10 de junio de 2019, a las 10:00 horas, y que se trasladen los restos mortales de don Francisco Franco Bahamonde al cementerio de El Pardo-Mingorrubio está también presente el interés general. El que expresa la Ley 52/2007. Pues bien, teniendo en cuenta el estado actual de las actuaciones y que la tramitación restante no debe presentar, en principio, particulares dificultades, no hay razones que impidan resolver el recurso contencioso-administrativo en un plazo razonable. Por tanto, los intereses públicos vinculados a la exhumación que ahora suspendemos no se verán afectados por un tiempo prolongado si es que, finalmente, debieran prosperar”, explica el tribunal.

El nuevo retraso en el objetivo de sacar a Franco del Valle de los Caídos es un varapalo en toda regla a la gestión de la medida realizada por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, desde que a finales de junio del año pasado Pedro Sánchez anunciara que la exhumación se realizaría ese mismo verano. Un año después, Moncloa sigue enredada en el embrollo jurídico sobre la tumba del dictador, que ha sido parte de la campaña electoral socialista.

La propia Calvo metió el asunto en la precampaña de las generales anunciando la fecha del 10 de junio para la exhumación. Ese plazo requería que el nuevo Ejecutivo saliente de las elecciones del 28 de abril o el Gobierno de Pedro Sánchez si seguía en funciones tendría que sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos para trasladarlos al panteón de Mingorrubio, en el cementerio de El Pardo. Según Calvo, esa decisión la tendría que cumplir c"ualquier gobierno porque es de obligado cumplimiento”.

El Ejecutivo metía así en campaña electoral la exhumación de Franco, una de las primeras medidas que anunció Sánchez nada más tomar posesión en el mes de junio de 2018. “Hemos decidido esta fecha para que no esté en los procedimientos electorales, sino al margen, después de que la familia Franco haya decidido que no se hace cargo de los restos y de que la Catedral de la Almudena haya quedado descartada por motivos de seguridad”, explicó en marzo la vicepresidenta, que insistió en la “urgencia” de la medida para evitar que los restos del dictador convivan con los de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura enterrados en ese monumento.

Los nietos de Franco pidieron al Supremo a finales del pasado año que suspendiese el acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de noviembre por el que se aprobó la continuación del procedimiento de exhumación. El TS rechazó esa pretensión el 17 de diciembre al entender que dicho acto administrativo no justificaba por sí mismo el traslado ni producía una situación irreversible que hiciera perder su finalidad al recurso, toda vez que el gabinete de Sánchez no había dado por terminada la tramitación administrativa y no había adoptado ninguna decisión.

El fin del expediente llegó poco después del anuncio de elecciones generales el 18 de abril, por lo que el proyecto de exhumación de los restos de Franco se mantuvo vivo durante la campaña. En el escrito de alegaciones del Gobierno contra la petición de los nietos del dictador de suspender cautelarmente la exhumación, fechado el 25 de marzo y de 33 páginas de extensión, la Abogacía del Estado pidió al Tribunal Supremo (TS) que delibere y falle de forma conjunta las tres solicitudes ya formalizadas: la de la familia, la de la comunidad benedictina de la abadía del Valle de los Caídos y la de la Fundación Nacional Francisco Franco.

La respuesta ha llegado este martes. El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad paralizar la exhumación los restos de Franco. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo -integrada por los magistrados Antonio Fonseca Herrero, Jorge Rodríguez-Zapata, José Luis Requero, Celsa Pico y Pablo Lucas- ha estimado así la medida cautelar solicitada por los nietos del dictador y dejar en suspenso el eventual traslado hasta que dicte sentencia.

La Sala entiende que, si se lleva a cabo la exhumación de Franco de su sepultura actual en la basílica del Valle de los Caídos y su posterior reinhumación en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo en contra del criterio de los descendientes, el procedimiento perdería su objeto en el caso de que finalmente el tribunal les diera la razón cuando estudie el fondo del asunto y dicte sentencia.