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La Abogacía del Estado ha defendido este martes en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo que los principales líderes del procés cometieron un delito contra el orden público cuando en el otoño de 2017 declararon de forma unilateral la independencia de Cataluña.
La abogada Rosa María Seoane ha explicado que en la vista oral "han quedado acreditados todos los elementos objetivos y subjetivos" de los delitos de sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos. Los servicios jurídicos del Gobierno, que apreciaron la concurrencia del tipo penal de la rebelión hasta que el PSOE llegó a La Moncloa y destituyó al abogado Edmundo Bal (hoy diputado por Ciudadanos), ha defendido este martes que los hechos encajan en el delito de sedición.
“No se puede equiparar violencia con el uso de la fuerza”, ha afirmado Seoane, que ha explicado que “la violencia del delito de rebelión tiene dos requisitos” que -en su opinión- no se cumplen en este procedimiento. Por un lado, que la violencia o la amenaza de usarla tenga un carácter nuclear en el acto y aparezca como idónea para tener el resultado. Y, por otro, que la violencia como medio comisivo de mayor intensidad que el uso de la fuerza haya sido uno de los elementos estructurales del plan de los acusados como medio para alcanzar sus fines.
“La finalidad del delito de sedición es impedir la aplicación de la ley y de una resolución administrativa o judicial”, ha remachado esta letrada. Tipificado en el artículo 545 del Código Penal, la sedición se castiga con penas de entre ocho y diez años de prisión e inhabilitación para los responsables de la sedición, y de hasta 15 años si se tratara de autoridades públicas.
Vox pide "penas disuasorias" para evitar 'golpes de Estado'
La acusación popular en el juicio del "procés", ejercida por Vox, ha pedido que se castigue a los líderes independentistas con penas acordes a la gravedad de sus delitos y que sean "disuasorias, para que nunca más nadie se atreva a atentar contra el ordenamiento constitucional".
En la presentación de su informe de conclusiones ante el Tribunal Supremo, los abogados de Vox han acusado a los dirigentes independentistas que se sientan en el banquillo de pretender ultimar "el más sofisticado y novedoso proceso golpista contra un Estado de derecho" y los ha enmarcado en una organización criminal para la rebelión.
"No podrá haber justicia si no se dicta una sentencia con unas penas que sean acordes a la gravedad de los delitos que están siendo enjuiciados, los mayores delitos que pueden cometerse en un ordenamiento constitucional, el delito de rebelión", ha advertido el abogado y diputado de Vox Javier Ortega-Smith.
Su compañero Pedro Fernández, también diputado, ha rechazado que se pueda equiparar lo ocurrido en Cataluña con cualquier situación de violencia registrada en el pasado y ha criticado con dureza a los "acusados golpistas" por dividir a la sociedad entre catalanes de primera y de segunda sin respetar las reglas del juego de la democracia que como cargos públicos estaban obligados a respetar.
Los abogados de Vox han elogiado la "heroica" labor realizada por guardias civiles y policías en defensa de la legalidad, el papel del rey en defensa de la unidad de España y el trabajo y la "valentía" de jueces y fiscales ya fallecidos en el inicio de la investigación judicial del procés, entre ellos el que fuese fiscal general del Estado José Manuel Maza.
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