La URJC lleva al fiscal irregularidades en la gestión de otro de sus organismos

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha puesto en conocimiento de la Fiscalía posibles irregularidades en la gestión de otro de sus organismos -concretamente el Centro Integral de Formación Permanente- que se han detectado en la auditoría forense realizada en los últimos meses y que podrían ser constitutivas de delitos de malversación y fraude a ente público.

El equipo rectoral de esta universidad pública madrileña decidió auditar este centro tras constatar que compartía trabajadores con el Instituto de Derecho Público (IDP), el organismo que organizó el máster por el que Cristina Cifuentes se sentará en los próximos meses en el banquillo de los acusados. El IDP estaba dirigido por el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde, fallecido el 1 de abril.

El pasado 8 de noviembre, la URJC encargó a la consultora Grant Thornton -por 261.791,97 euros- la realización de una auditoría forense y una auditoría económico-financiera de tres organismos propios: el Instituto de Derecho Público, el Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales y el Centro Integral de Formación Permanente. Las conclusiones de este trabajo sustentan la denuncia que el rector Javier Ramos ha presentado esta semana ante la Fiscalía, según ha adelantado la Ser.

Las fuentes consultadas por este diario explican que dicha auditoría ha revelado la existencia de incumplimientos en materia de "normativa y control". Las diligencias de comprobación que realice el Ministerio Público determinarán si la gestión ha podido causar un perjuicio económico a la universidad.

La denuncia se presenta tras realizar una auditoría forense, que arroja indicios de la comisión de delitos de malversación y fraude a ente público

Además de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, la URJC ha adoptado otra medida. Ha contratado los servicios de un prestigioso despacho de abogados para que emita un informe jurídico sobre la "subsumibilidad penal de determinadas actividades" del Centro Integral de Formación Permanente, ante la sospecha de que se haya podido cometer delitos de malversación de caudales públicos y de fraude a un ente público.

Dirigido por Jorge Urosa, profesor del área de Historia del Derecho y las Instituciones, el Centro Integral de Formación Permanente era un organismo que ofertaba cursos no oficiales a empresas privadas. La URJC lo estaba transformando a gestión externa, pero su intención es desmantelarlo y crear uno de enseñanzas propias.

La Universidad también dará traslado de dicha auditoría al juzgado de Madrid que abrió causa contra Álvarez Conde por posible malversación de caudales públicos, al desviar fondos del IDP a gastos particular sin justificación académica. Al fallecer quedó extinguida su responsabilidad penal.