La primera reunión oficial del pasado miércoles entre los candidatos a presidir la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Francisco Igea (Cs) se saldó con un principio de acuerdo entre ambas fuerzas que desdibujaba del mapa la posibilidad de que el barón naranja hiciese caso omiso de las premisas de la dirección nacional y se decantase por Luis Tudanca para formar gobierno.
"De estas negociaciones saldrá un acuerdo de gobierno beneficioso", manifestaba entonces el secretario naranja de Acción Institucional, José María Espejo, mientras que Igea justificaba la decisión de dar continuidad al PP tras 32 años de hegemonía en la región asegurando que "las cosas van a cambiar porque Ciudadanos estará en el gobierno".
Tan solo han pasado tres días desde la reunión, y poco o nada resta de la buena sintonía que consumaron ambos grupos entonces. En el marco de una investigación sobre la posible financiación ilegal en las primarias del PP en la región, Igea fue más allá de las directrices marcadas por la dirección nacional y endureció las líneas programáticas marcadas por Rivera para llegar a acuerdos con su "socio preferente".
En una entrevista concedida para la agencia Efe, Igea se desmarcó del decálogo central y exigió al equipo de Mañueco acatar que no puedan ser alcaldes o presidentes de Diputación aquellos candidatos que ya hayan ocupado el cargo durante ocho años, limitando el poder a dos legislaturas, lo que afectaría directamente al alcalde de Burgos, Javier Lacalle; al de Palencia, Alfonso Polanco; y al presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Todos ellos aspiran a la reelección.
"Lo que no somos ni seremos es el tonto útil de nadie", declaraba Igea sobre las nuevas exigencias sine qua non al PP. Y, aunque los populares prometieron estudiar las propuestas, aún no ha habido respuesta, lo que precipitaría una reunión con el socialista Luis Tudanca, con el que solo iban a reunirse, a priori, si se confirmaba la imposibilidad de acuerdo con el PP.
Así, el barón territorial de Ciudadanos ha supeditado una reunión con el secretario general del PSCyL a la decisión de la Dirección nacional ante las "serias dudas" sobre la "voluntad real" del PP para admitir "el cambio y la regeneración que las urnas han solicitado".
"Cuando un partido coloca las ambiciones personales de sus cargos sobre las necesidades de sus ciudadanos está dando muestras de una escasa voluntad de cambio", ha explicado en una carta que ha colgado en su cuenta de Facebook en respuesta a una misiva que en la noche de ayer le envió el candidato socialista y en la que le pedía una "reunión urgente" porque Castilla y León ya no podía "esperar más".
La respuesta de Igea al candidato socialista arranca con la coincidencia en la "idea de la voluntad de un cambio real" en las políticas de la Comunidad y que fue "expresada" por los votantes en las urnas el pasado 26 de mayo.
No obstante, el líder de la formación liberal recuerda que Ciudadanos mantiene "serias discrepancias" con el PSOE en cuanto a la necesidad de una política "más firme en defensa de la legalidad constitucional frente a los ataques de quienes desprecian e ignoran el marco constitucional".
"Esa amenaza para nuestra convivencia atañe a los intereses de nuestra Comunidad, ya que su cuestionamiento pone en duda la existencia de los derechos y libertades de todos, así como la sostenibilidad del Estado del Bienestar", explicar para ahondar en que un Estado en el que se "fragmentase la caja común y las políticas fiscales fueran desiguales", un Estado en el que "no se respetase el marco jurídico constitucional aduciendo un inexistente derecho de autodeterminación", un Estado en el que los políticos que se "saltan la ley" -y ponen "en riesgo" la convivencia y crean un "enfrentamiento civil cada vez más profundo"- resultasen "impunes" por el mero hecho de "necesitar sus votos", se convertiría, a su juicio, en un Estado "que no respetaría los derechos de los ciudadanos más débiles" de la Comunidad.
Por todo ello, explica, la Ejecutiva Nacional decidió estudiar acuerdos "de forma preferente" con el Partido Popular con quien, asimismo, comparten más espacio en política económica.
El PP no ha respondido a las exigencias, lo que genera dudas sobre "la voluntad real del PP para admitir el cambio"
"Sin embargo, el Partido Popular no ha respondido afirmativamente aún a nuestra exigencia de hacer efectiva con carácter inmediato la limitación de mandatos a dos legislaturas de todos los altos cargos (presidente, consejeros, secretarios generales y directores generales) así como de los presidentes de Diputaciones y ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes", matiza para insistir en que la limitación de mandatos es "esencial" para conseguir dos objetivos "irrenunciables" en su política de regeneración, como son "romper las redes clientelares" que se generan durante prolongados periodos de poder, y evitar que el objetivo en política sea "antes la permanencia que la realización de políticas novedosas en beneficio de la ciudadanía".
Este hecho provoca, en palabras de Igea, "serias dudas sobre la voluntad real del PP para admitir el cambio y la regeneración que las urnas han solicitado". "Cuando un partido coloca las ambiciones personales de sus cargos sobre las necesidades de sus ciudadanos está dando muestras de una escasa voluntad de cambio", explica.
Por todo ello, "y en beneficio de la creación de las necesarias mayorías que precisan nuestras instituciones para atender las políticas de cambio solicitadas por la ciudadanía", Igea asegura que dará traslado de su "amable carta" al grupo negociador para que valore el establecimiento de posibles vías de negociación en el caso de que el Partido Popular continúe sin aceptar las propuestas de regeneración de Ciudadanos.
Una posibilidad que deberá de contar con el aval de la dirección nacional, concluye.
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