Barcelona: última pieza del puzzle independentista o bastión del constitucionalismo

La noche electoral del 26M Ada Colau y Ernest Maragall cruzaron sus caminos pasando del cielo al infierno, y viceversa, durante un recuento en el que el socialista Jaume Collboni empezó encabezando los resultados para acabar en tercer lugar. Esquerra se convirtió por primera vez en primera fuerza de la capital catalana con un escasísimo margen de 5.000 votos que llevó a la euforia a Maragall. Mientras el republicano hablaba ya esa noche de gobernar en solitario, Colau no podía evitar las lágrimas al comparecer ante sus seguidores al filo de la media noche. Mientras tanto, Manuel Valls hacía su primera llamada tras reconocer la derrota de su proyecto en Barcelona. No fue a Albert Rivera, sino a Jaume Collboni. Empezaba a fraguarse la operación para evitar que Barcelona, el último bastión posible del constitucionalismo, cayera en manos de Esquerra a cuatro meses de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes del 1-O.

Esa noche, Valls y los socialistas catalanes coincidieron en un objetivo común: evitar que el Ayuntamiento se convirtiera en nueva palanca del independentismo, como Maragall había prometido durante toda la campaña. Un objetivo que Miquel Iceta no ha tenido problema en imponer en la estrategia del PSOE, y que Valls ha considerado prioritario frente a la continuidad de su alianza con Cs. De hecho, el ex ministro francés está convencido de que el endurecimiento del discurso de Rivera contra Pedro Sánchez y el independentismo en los últimos meses ha lastrado su proyecto, el de una candidatura transversal del constitucionalismo catalán en el que se pudieran sentir cómodos desde los votantes de ciudadanos a socialistas e incluso catalanistas moderados desencantados de la deriva de la antigua Convergencia.

Con un presupuesto de 2.739,9 millones de euros en 2018 y una plantilla en torno a los 14.000 trabajadores entre el Consistorio y los organismos autónomos dependientes, el Ayuntamiento de Barcelona es la segunda institución política catalana. Una institución con importantes lazos además tanto con otras ciudades españolas como con redes de ciudades de todo el mundo, que Ada Colau ha cuidado especialmente durante su mandato. Ese es el patrimonio político e institucional que está en juego en la batalla por decantar a la alcaldesa a favor de uno u otro bloque.

El próximo otoño la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes del procés volverá a elevar al máximo la tensión política en Cataluña. Es el "momentum" señalado por Quim Torra en cada una de sus comparecencias para relanzar el proyecto independentista, con la convocatoria de unas elecciones que ERC y JxCat intentarán convertir en un plebiscito sobre la sentencia. Y en ese contexto, la fotografía de Cataluña ante el mundo será muy diferente si existe unanimidad en la Plaza Sant Jaume o, por el contrario, el Ayuntamiento actúa como contrapeso a las directrices de la Generalitat. Un contrapeso que siempre será muy relativo con Ada Colau en la alcaldía, y que podría volver a romper la coalición de gobierno local como ya sucedió en 2017 tras la aplicación del 155, cuando Colau echó a Jaume Collboni de su gobierno. Pero que permitirá mostrar que existe la disidencia al proyecto independentista en Cataluña.

Cortejo a Colau

Tanto el PSC como ERC son muy conscientes de ese escenario. Por eso han intensificado en los últimos días su cortejo a Colau, al tiempo que desestiman sin dudarlo un intento de acuerdo a tres bandas que el calendario del juicio hace inviable. Es cierto que republicanos y socialistas pactarán en otras ciudades y pueblos de Cataluña, como señalan los comunes, pero la capital seguirá jugando un papel protagonista en el relato del procés, y esto condicionará la elección de su alcalde.

En este contexto, la operación orquestada por los socialistas, con el apoyo imprescindible de Valls y los dos regidores independientes de su lista que se han comprometido a garantizar la investidura de Colau, ha decantado la balanza de los comunes en favor de esta opción. En plena desintegración del partido, con listas enfrentadas el 26M en muchos de sus antiguos bastiones, Colau necesita la alcaldía para afianzar su liderazgo y mantener el control del espacio integrado por comunes, Podemos e ICV.

Pero Colau ha evitado hasta ahora mostrar sus cartas, porque la dirigente morada sabe que la política de alianzas divide a su partido tanto como al conjunto de la sociedad catalana. Y pospone la decisión mientras acaricia la posibilidad de forzar a los socialistas a escoger entre votarla a ella sin pacto de gobierno el próximo sábado o permitir que Ernest Maragall se haga con el bastón de mando en la capital catalana. Esta maniobra le permitiría evitar la consulta a las bases para aprobar cualquier coalición de gobierno, como estipulan los estatutos de su partido, pero no parece que los socialistas, y sobre todo Manuel Valls, vayan a regalarle la alcaldía.

De hecho, Laia Bonet, número dos del PSC en Barcelona, dejó claro el viernes que si Ada Colau quiere seguir siendo alcaldesa deberá ser ella quien empiece a moverse para conseguir los votos necesarios. Los socialistas valoran el paso dado por Colau al plantear su candidatura, pero son muy prudentes a la hora de dar por cerrado un acuerdo en el que ni siquiera se ha empezado a hablar del reparto de áreas de gobierno en el Ayuntamiento, pese a lo que se ha publicado.

Presión independentista

Mientras, en Esquerra se da ya prácticamente por perdida la oportunidad de cerrar un pacto de gobierno de los comunes con Maragall como alcalde. El propio candidato lo dejaba entrever el viernes, cuando reclamaba a Colau que retirara su candidatura. Aunque lo más relevante de la intervención de Maragall no fue esa petición, sino el modo en que mostró cuales serán las armas de Esquerra para evitar verse excluida del gobierno local: la presión inmisericorde sobre los comunes en su punto débil, la incapacidad para desligarse del discurso independentista sobre la "represión" y los "presos políticos".

Todo ello convenientemente aderezado con la asimilación de Valls y Collboni con la "casta" que Colau siempre ha jurado combatir, como hacía el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, tras conocerse el paso adelante de Colau. Y la identificación de la alianza de comunes y socialistas en Barcelona con una "operación de Estado" contra el independentismo que incluiría también acuerdos en Sabadell, Tarragona y la Diputación de Barcelona.

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Malgrat el Pacte de la Casta a Barcelona sembla més proper q mai, q ningú dubti: no deixarem de lluitar

Ni és el q ha votat BCN, ni és l’acord de progrés de necessita la ciutat. I com sempre recorda @junqueras, @Esquerra_ERC mai es rendeix, ni mai defalleix. Tampoc ho farem ara

— Sergi Sabrià (@sergisabria) June 6, 2019

En este contexto, será determinante para las aspiraciones de Esquerra la manifestación convocada el próximo miércoles por partidos y entidades independentistas coincidiendo con el final del juicio a los líderes del procés. Será una poderosa palanca de presión a los comunes, cuando el juicio quede visto para sentencia con peticiones de penas que la Fiscalía ha mantenido en 25 años para Oriol Junqueras. A 48 horas de cerrar los pactos para investir alcalde. "El miércoles, cuando acabe el juicio de la vergüenza, con quien estará Colau, con las víctimas o con los carceleros" advirtió el viernes Maragall.