Más problemas para Adrián de la Joya: la Audiencia pide investigarlo por fraude fiscal

“A perro flaco, todo son pulgas”, dice el refrán. Eso le está pasando al empresario de la ‘jet set’ madrileña Adrián de la Joya, investigado en la Audiencia Nacional por el caso Lezo y Tándem, y a quien también persigue el fisco español.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia, Manuel García Castellón, ha dictado un auto donde remite a los juzgados de Madrid abundante información fiscal sobre De la Joya “al objeto de investigar la posible deslocalización de residencia fiscal de Adrián de la Joya a Suiza  desde el año 2012, así como su posible vaciamiento patrimonial a favor de sus familiares con la finalidad de eludir sus presuntas responsabilidades penales y administrativas”.

La razón de esta inhibición es que la Audiencia Nacional no es competente para investigar las supuestas irregularidades fiscales, es decir, los posibles delitos contra la Hacienda Pública cometidos por el empresario.

Doce millones de euros al exterior

En un informe incorporado al sumario del caso Lezo, que obra en poder de El Independiente, la Agencia Tributaria (AEAT) explica que el imputado transfirió desde cuentas bancarias españolas al exterior doce millones de euros, entre otras operaciones, con destino a una cuenta bancaria de su titularidad en Suiza. Los peritos de Hacienda destacan que “a la vez que se deslocaliza fiscalmente en España traslada su residencia fiscal a Suiza y se divorcia de su cónyuge Cristina Fernández Longoria. Se desconoce el origen de dichos fondos, aunque era socio en dichas fechas, entre otras de dos sociedades: una productora audiovisual y una sociedad profesional, en la que canaliza su actividad de comisionista-conseguidor”.

De esos fondos del empresario amigo del comisario José Manuel Villarejo, 2,5 millones procedían de una trasferencia que en el año 2010 le hace su todavía mujer, con quien estaba casada en régimen de separación de bienes. “Y esos fondos los tenía ella a su vez porque en 2009 había recibido donaciones monetarias de su marido por importe aproximado de 3.700.000 euros”, apuntan los investigadores.

Una investigación "prospectiva"

Por otro lado, los peritos de la AEAT detallan cómo Adrián de la Joya retornó gran parte de ese dinero -3.300.000 euros- a España en el año 2013 a través de donaciones a sus hijos, con el que posteriormente adquirieron la vivienda de lujo que tienen en el barrio Salamanca (Madrid). Además, en los años 2013 y 2014, Fernández Longoria recibió de su esposo 1.753.098 euros y 704996 euros de Suiza en concepto “devolución de préstamo”.

La defensa del imputado ya ha recurrido la resolución dictada por García Castellón al entender que se somete a su cliente a una investigación penal de carácter “prospectivo”. Su abogado, Ernesto Díaz Bastien sostiene que “la inhibición acordada tiene su razón jurídica de origen en que el Juzgado Central no tiene competencia para investigar posibles delitos fiscales del señor De la Joya. Efectivamente es así. Sin embargo, el camino legal acordado por el juzgado es inadmisible y contrario a Derecho. Si se confirma el auto recurrido, lo que se produciría sería la invitación -no hay querella ni denuncia - a otro tribunal  para que inicie una investigación prospectiva contra un ciudadano, dejando al margen, frontalmente, la legislación vigente y dando pie al inicio de una  investigación con origen ilegal por haber sido dictada por órgano manifiestamente incompetente”.