Sánchez asume que PP y Cs no se abstienen y empieza a negociar en serio con Podemos

Las presiones no han surtido efecto. Albert Rivera no se mueve un milímetro de su posición de no pactar con Pedro Sánchez y el presidente del Gobierno en funciones mueve ficha de cara a su investidura. La estrategia de Moncloa de poner sobre los hombros de Ciudadanos y PP la responsabilidad de la gobernabilidad en España para forzarlos a una abstención no está funcionando y hay que activar el 'plan b', el menos deseado por el candidato socialista: reeditar la alianza con Podemos e independentistas vascos y catalanes que Alfredo Pérez Rubalcaba bautizó como Gobierno Frankenstein en 2016.

Ese "Gobierno de retales" -también en palabras de Rubalcaba- naufragó en febrero tras la crisis del relator con los independentistas, que tumbaron el proyecto de Presupuestos de Sánchez y abocaron a elecciones anticipadas. El resultado de las urnas, a pesar de legitimar al Gobierno socialista y sus alianzas, mantiene la misma debilidad parlamentaria que el presidente intentaba paliar con la convocatoria electoral.

Fuentes del entorno del presidente explican que Sánchez insistía en la estrategia de forzar a que PP y Ciudadanos "se retraten" al negarse a  una abstención para facilitar la gobernabilidad. Con ese objetivo, el propio presidente retiró la condición de "socio preferente" a Pablo Iglesias durante su comparecencia en Moncloa el 6 de junio para anunciar que aceptaba el encargo del Rey de presentarse a la investidura.

Sánchez situó al mismo nivel de interlocución a PP, Ciudadanos y a Unidas Podemos, retirándole a Pablo Iglesias la condición de “socio preferente” que mantuvo desde la moción de censura y durante la campaña electoral. En esta nueva legislatura -dijo el candidato socialista- son los cuatro grandes partidos quienes deben alcanzar acuerdos para facilitar la gobernabilidad y estabilidad institucional. “Lo haré como lo he hecho en los últimos meses: gobernar desde los valores progresistas y con la voluntad de construir grandes consensos y dialogar con todas las fuerzas políticas dentro del marco constitucional”, anunció.

En esa última comparecencia pública, el presidente habló en todo momento de las cuatro fuerzas mayoritarias como protagonistas de la nueva legislatura y no incluyó la cuestión catalana, el epicentro de su anterior mandato, dentro de los cuatro ejes programáticos que propuso a PP, Ciudadanos y Unidas Podemos para empezar a negociar la investidura: digitalización de la economía y la educación, transición ecológica, lucha contra la desigualdad y Europa.

Ministros y dirigentes socialistas como Adriana Lastra y José Luis Ábalos insistieron en ese guión -que llevaban por escrito en sus ruedas de prensa- hasta la saciedad. El secretario de Organización del PSOE  ha invitado en numerosas ocasiones a Pablo Casado y Albert Rivera a colaborar a lo largo de la legislatura, no sólo en la investidura, sino también "en la solución de los problemas de este país”. "¿Esa satisfacción de contribuir al bien del país no existe, no cabe respetarla?”, les instó.

"Hemos perdido el norte, se hace gala de cuanto más vetos y más obstruccionistas mejor, cuanto más se bloquea mejor. Es la perversión de la función pública”, censuró, antes de amenazar con elecciones. "La alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones”, advirtió, antes de señalar que “las urnas también tienen memoria” y que “los españoles no perdonarán a quienes pongan en solfa la viabilidad de la legislatura”.

La estrategia de presión se completó con las críticas del presidente francés, Emmanuel Macron, a la deriva de Albert Rivera por pactar con el PP, justo después de que el mandatario galo cerrara una alianza con Sánchez en Europa para aumentar el poder de ambos países frente a la Alemania de Angela Merkel. Todas esas maniobras no han funcionado y Albert Rivera sigue cerrado en su 'no es no' al "sanchismo". "Hemos pasado toda la campaña diciendo que no pactaríamos con Sánchez y nuestros votantes no entenderían que hiciéramos lo contrario. El motivo es que el PSOE de Sánchez se había aliado con el independentismo y con Podemos. Son sus socios y van a seguir siéndolo", explican en Ciudadanos.

Esta situación ha llevado al PSOE a recuperar a Podemos como "socio preferente", con el que existe "máxima disposición de entendimiento", aunque las posiciones "siguen muy alejadas". La reunión el lunes por la mañana de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para iniciar esas negociaciones suponen, de facto, el fin de una posible colaboración con PP o Cs.

El principal escollo para que ese 'Gobierno de cooperación' entre ambos partidos es la necesidad de Pablo Iglesias de entrar en el Gobierno para frenar el cuestionamiento interno de su liderazgo. La postura de Iglesias sobre el conflicto catalán entra en colisión con el nuevo rumbo que quiere tomar Pedro Sánchez en las negociaciones con los independentistas.

El presidente no quiere tener un ministro en su gabinete dispuesto a acudir a la cárcel para negociar con Oriol Junqueras los Presupuestos, como hizo Pablo Iglesias y como declara que volvería a hacer. "Sería ilegal un veto a visitar a alguien en la cárcel: cualquiera puede visitar a cualquiera en la cárcel. Tenemos que llegar a un acuerdo programático que fijará hasta dónde podemos llegar como Gobierno. Seremos leales con el acuerdo que firmemos al 100%, pero eso no quiere decir que renunciemos a nuestras ideas", aseguró el domingo en una entrevista con El País.

Otro obstáculo fundamental son los recortes por casi 16.000 millones de euros que Bruselas exige a España para que el déficit estructural baje el 0,65% del PIB en 2019 y 2010. Esa medida supondrá un serio problema a la hora de negociar los Presupuestos Generales del Estado con los distintos aliados parlamentarios -sólo el Partido Regionalista Cántabro ya ha pedido mil millones para el AVE- y especialmente con Podemos, cuyo programa supone un importante incremento del gasto social que pretenden financiar con un aumento de los impuestos.

Sobre estos inestables pilares ha comenzado la negociación entre el PSOE y Podemos con el objetivo de celebrar la investidura de Pedro Sánchez en la segunda semana de julio y con la amenaza de nuevas elecciones planeando sobre el país.