Villarejo pidió a su 'topo' en la Policía datos del 'rey del ladrillo' andaluz

El comisario José Manuel Villarejo pidió a sus topos en la Policía Nacional datos confidenciales sobre el empresario N. O., el 'rey del ladrillo' andaluz y uno de los principales promotores inmobiliarios del país. No ha trascendido si el controvertido agente, hoy en prisión preventiva, hizo uso de esa información en 'trabajos de inteligencia' para clientes privados.

En un informe aportado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional a la pieza principal del caso Tándem, fechado el pasado 22 de mayo, constan dos certificados del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado en el que se detallan peticiones de actividad notarial relativas a 12 personas realizadas a nombre de dos agentes que estaban adscritos a la Comisaría General de Información -uno de ellos está ya jubilado (M.N.M.) y el otro se encuentra actualmente en segunda actividad sin destino (J.M.S.Y.)- entre el 24 de septiembre de 2014 y el 8 de enero de 2016.

Los investigadores sospechan que tras esas peticiones de información se encontraba el inspector jefe hoy jubilado Constancio Riaño, entonces superior de los dos citados agentes por su condición de jefe de sección operativa en la Comisaría General de Información. Asuntos Internos trabaja con la hipótesis de que Riaño habría hecho uso de las claves de acceso a las bases policiales de sus subordinados para no llamar la atención, de ahí que los que aparecen como peticionarios son otras identidades y no él.

Cuando prestó declaración como investigado el pasado 5 de febrero en el marzo de la pieza separada conocida como Land, M.N.M. dijo al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que él se limitaba a buscar en las bases de datos policiales la información que sus mandos le requerían, sin conocer el motivo de las pesquisas y sin recibir dinero a cambio. El agente ya jubilado explicó que en algunas ocasiones le anotaban el nombre de la persona a investigar en un pósit.

Luis Miguel Rodríguez, más conocido como el 'rey de la chatarra', entre los empresarios también investigados por la trama

Entre la documentación intervenida a Rafael Redondo -socio de Villarejo en el grupo Cenyt e investigado también en la causa- que ya se ha desencriptado figuran numerosos correos electrónicos en los que consta cómo Riaño facilitó datos confidenciales a través de su cuenta de correo electrónico en la Policía al inspector retirado Antonio Bonilla, quien a su vez se los reenviaba a la empresa de Villarejo a cambio presuntamente de una contraprestación económica.

En el informe entregado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, al que ha tenido acceso El Independiente, Asuntos Internos deja claro que la obtención de la documentación fue ilegal por cuanto aquélla sólo es accesible por la Policía Judicial mediante solicitud formal al Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado en el marco de investigaciones por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, como establece la normativa.

Entre las personas investigadas se halla N. O. G., propietario de la primera promotora de Andalucía y una de las mayores de España tras sobrevivir al crash del ladrillo: Inmobiliaria Osuna. En concreto, la petición la hizo el policía J.M.S.Y. el 15 de enero de 2015.

"Informes de actividad"

Éste y el otro agente de la Comisaría General de Información solicitaron datos sobre otros empresarios en dicho periodo. Es el caso de Luis Miguel Rodríguez García-Rivera, conocido como el 'rey de la chatarra' y actual pareja sentimental de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. En concreto, Bonilla reenvió a Rafael Redondo el 1 de octubre de 2015 a las 12.20 horas el correo original que había recibido 12 minutos antes de Constancio Riaño con el "informe de actividad" de Luis Miguel Rodríguez.

También sale a relucir el nombre de José María Bergaz Pérez, hijo del fundador de la compañía sanitaria Ruber. En este caso, la petición de información está fechada el 20 de mayo de 2015 -cinco meses después de la venta de la Clínica Ruber y del hospital Ruber Internacional a un grupo controlado por la sociedad de capital riesgo CVC- y el topo Riaño adjuntó los datos requeridos a Antonio Bonilla el 26 de mayo de 2015 a las 9.18 horas. Justo 65 minutos después, Rafael Redondo tenía a su disposición el "informe de actividad" de José María Bergaz.

Entre las personas sobre las que se rastreó también se encuentran -entre otros- el arquitecto técnico de Málaga Felipe Gómez Zotano y el abogado Ignacio Gómez-Sanchez, socio del departamento de Corporate de la oficina de Latham & Watkins en Madrid desde febrero de 2018 y entonces jefe de mercados de capitales y situaciones de riesgo de DLA Piper. Este despacho fue el que asesoró a los dueños de Ruber en la venta de sus hospitales.

Llama también la atención que Villarejo demandó a sus contactos en la Policía información sobre su propia actividad notarial. La petición la formalizó el agente M.N.M. ante el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales el 15 de septiembre de 2015 y, ese mismo día, Constancio Riaño se la proporcionó a Antonio Bonilla en un correo electrónico enviado a las 13.44 horas. Como en casos anteriores, Bonilla remitió el e-mail con celeridad: a las 14.06 horas se lo rebotó a Rafael Redondo por la misma vía.

Villarejó se 'investigó' a sí mismo

Esa solicitud de información se producía seis meses después de que El País desvelara que Villarejo -entonces agente encubierto adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, Cuerpo en el que causó baja por jubilación en junio de 2016- figuraba en una docena de sociedades como presidente o administrador único.

El comisario ya retirado siempre ha mantenido que tenía autorización de sus jefes para compaginar su labor policial con su faceta empresarial, opinión que no comparten los fiscales asignados al caso. El Ministerio Público mantiene que el hoy preso preventivo realizó trabajos para terceros mientras aún estaba en activo sin haber solicitado la compatibilidad e incumpliendo la normativa que afecta a los funcionarios de este Cuerpo.