Dos testigos con dos versiones muy distintas de unos mismos hechos. La ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal arremetió este jueves contra su acérrimo enemigo Luis Bárcenas en el juicio por la destrucción de los discos duros celebrado en el Juzgado de lo Penal Número 31 de Madrid. La ex ministra de Defensa, que compareció en la sesión de la tarde, relató cómo su enfrentamiento con el ex tesorero ha tenido un “coste muy grande” para ella ya que “esa persona tiene la mala costumbre de mentir”.
Cospedal negó de forma tajante haber dado la orden de destruir los discos duros, que supuestamente contenían datos de la Caja B del PP, a la par que admitió haber sido la responsable última de que se le prohibiera a Bárcenas acceder a la sede de Génova después de conocer el “hecho escandaloso y vergonzante” de que atesoró hasta 48 millones de euros en Suiza a espaldas del fisco español.
“Ante la Comisión Rogatoria de 2013 se ve claramente que la presunción de inocencia no va a ninguna parte y se toman varias decisiones que no vuelva a entrar en la sede nacional del partido y que desaloje todos los objetos que tiene allí”, explicó la testigo.
Sobre el exhaustivo borrado de esos dos ordenados portátiles, la ex número dos de los populares aseguró que "ha sabido después que se les aplicó el mismo procedimiento que se aplica a todos los ordenadores" aludiendo a los 35 formateos que llevó a cabo el jefe de sistemas José Manuel Moreno, encausado en este procedimiento judicial.
Por su parte, el ex tesorero Bárcenas, que también declaró como testigo en la vista oral, afirmó que probablemente la destrucción de sus ordenadores era un “episodio” de la operación Kitchen, ese operativo "parapolicial" montado presuntamente desde el Ministerio de Interior para sustraerle información sensible de la caja B. Es decir, los discos duros fueron la anécdota de una guerra sucia en la que llegó a enviar hasta a un "falso cura" a su domicilio para amenazar a su familia. "Si hubiésemos conocido antes la operación Kitchen hubiera pensado que esto era un episodio de ella”, dijo el ex senador cuando el abogado de Izquierda Unida Juan Moreno le interpeló por otras causas judiciales abiertas relacionadas con él. “En un procedimiento en el que parece que está acreditado que se llegó incluso a organizar que un falso cura secuestrase a mi familia, destruir discos duros es muy sencillo”, subrayó Luis Bárcenas. “Se suceden un montón de acciones que confluyen en el mismo sentido: hacer desaparecer documentación que me pertenece y amedrentarme”, añadió el ex gerente quien aseguró que si hubiese conocido la existencia de la operación Kitchen “yo no habría retirado mi acusación aquí”.
Las cajas abiertas por El Gordo
Además, el ex gerente del PP aseguró que los ordenadores que la formación destruyó eran de “su propiedad” y que en ellos había documentación de lo que se “han denominado como sus papeles” en alusión a los apuntes contables de la financiación irregular del PP.
Bárcenas, que pese a su condición de testigo fue sometido a un interrogatorio propio de acusado por parte del Ministerio Fiscal, ha puesto de manifiesto que en el ordenador portátil Toshiba había unas “hojas de cálculo y continuidad de lo que se han denominado mis papeles” en referencia a la Caja B, presupuestos de campañas electorales, quienes eran los donantes de la financiación irregular así como quienes fueron los suscriptores de la ampliación de capital del medio de comunicación Libertad Digital.
Cuando ha sido interrogado sobre el contenido de las cajas que se le empaquetaron en Génova, el ex gerente del PP ha afirmado en tono irónico que él no vio su contenido porque se dejaron en un estudio almacenadas pero que, en cambio, "las ha abierto el comisario El Gordo, Villarejo, ¡las ha abierto todo el mundo!", espetó.
Previamente, declaró como acusada la actual tesorera Carmen Navarro quien aseguró que desde que ella asumió la gestión de las finanzas del partido “no hubo ninguna contabilidad B”. Tratando de restar importancia al contenido que se guardaban en dichos PC portátiles Navarro dijo que en la Sala donde Bárcenas tenía sus enseres en Génova “no tenia los millones de euros, ni los papeles de Bárcenas. Ni se me pasó por la cabeza que tuviera eso ni se me pasa ahora”, recalcó. “Lo que tenga q tener lo tendrá en los ordenadores de su casa”, añadió.
El PP niega todo
Por su parte, el director de la asesoría jurídica del Partido Popular Alberto Durán, que fue el primero de los acusados en declarar en el juicio ante el titular del Juzgado Número 31 de lo Penal de Madrid, manifestó que esos dos portátiles eran propiedad de la formación conservadora y no de Bárcenas, razón por la que el PP procedió a resetear y destruir los citados ordenadores.
El imputado ha explicado que la entonces secretaria general del partido María Dolores de Cospedal dio la orden de desalojar la sala de la sede de Génova donde Bárcenas almacenaba sus enseres después de que saltase a la luz pública que el ex tesorero ocultaba hasta 48 millones de euros en Suiza. “Esos ordenadores yo deduje que eran material del partido y llame al jefe informático para que se los llevara”, explicó el acusado.
El director del área de asesoría jurídica del PP argumentó que tras saltar el escándalo de la fortuna oculta del ex gerente de la formación ellos “habían detectado” que Luis Bárcenas pretendía interponer una demanda laboral contra el partido y que quería era dejar en la Sala Andalucía de Génova sus pertenencias “para tratar de preconstituir una prueba para esa demanda laboral”. “Bárcenas quería cobrar más de 600.000 euros como indemnización (…) Era una maniobra dilatoria proceso laboral”, apuntó.
Dos delitos en la vista oral
Asimismo, el abogado de los ‘populares’ –imputado por delitos de encubrimiento y daños informáticos- ha subrayado que los mismos estaban “vacíos”, sin dato alguno dentro y que carecían de contraseña cuando el jefe de informática del PP procedió a borrar sus memorias hasta 35 veces. "Luis Bárcenas sabía que en los ordenadores no había absolutamente nada", agregó.
El partido, imputado como persona jurídica en esta causa, estuvo representado por la abogada del letrado Baker McKenzie María Massó, que basó su escueta declaración en tratar de reflejar que la formación conservadora hizo lo tenía que hacer atendiendo a la Ley de Protección de Datos.
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