Los líderes regionales de Podemos se rearman en los Gobiernos autonómicos. Las federaciones del partido han conseguido cuotas de poder en la Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias y La Rioja, donde han sellado acuerdos de coalición con los socialistas y otras fuerzas. Estos cuadros, el único contrapeso crítico que hasta ahora tenía Pablo Iglesias, adquieren así un peso institucional que conlleva una legitimidad renovada dentro de la formación. Mientras los suyos van sellando alianzas de Gobierno, Pablo Iglesias sigue clamando a las puertas de Moncloa pidiendo ministerios, con un Pedro Sánchez poco dispuesto a dárselos y concediendo sólo cargos de segundo grado. Una situación que, de prolongarse, podría llevar a un conflicto en el seno de la formación.
Por el momento, quienes más han ganado tras las autonómicas del 26 de mayo son los dirigentes a los que Iglesias culpó de los malos resultados. En el último Consejo Ciudadano Estatal de Podemos (CCE) celebrado el 8 de junio, Iglesias responsabilizó a los secretarios autonómicos de la falta de liderazgo que habría hecho perder al partido dos tercios de su representación autonómica. Una responsabilidad que Irene Montero también había cargado sobre los hombros de estos dirigentes territoriales tras los malos resultados de las generales del 28 de abril. En esta última ocasión, además, no dudó en amenazar a sus barones con removerles de sus cargos convocando unas primarias en caso de que se celebrara un Vistalegre 3.
En las últimas horas, Podemos celebra la entrada al Gobierno riojano, valenciano, canario y balear por todos los medios posibles. La situación de Aragón, otro de las comunidades en las que Podemos es determinante, está aún por ver, dada las resistencias del líder aragonés, Nacho Escartín, a formar gobiernos de coalición pese a la línea dictada en Madrid. La entrada de cuadros morados en ejecutivos socialistas de las distintas autonomías sirve a Iglesias de estrategia de presión a Pedro Sánchez para forzarle a la coalición a nivel estatal. Los territorios avanzan en su objetivo mientras la negociación con Moncloa está encallada por la exigencia de carteras de Iglesias y la negativa de Sánchez a cederlas.
Con la entrada en Gobiernos de los cuadros territoriales de Podemos, se da una circunstancia inédita en el partido, donde las federaciones tendrían por primera vez autoridad propia y no subordinada a las órdenes de Madrid. Hasta el momento, los secretarios generales autonómicos habían contrapuesto posturas con la cúpula de Podemos, aunque su influencia era meramente testimonial: la centralización del partido y la falta de un espacio autónomo en los territorios les privaba del peso suficiente para ser tenidos en cuenta.
Ahora, legitimados por el poder, los líderes autonómicos podrán hacer de contrapeso al líder de Podemos, que procurará forzar al máximo la negociación con Sánchez para conseguir una salida digna a los malos resultados electorales y salvar su liderazgo interno. Es más, en caso de que Iglesias no consiga una posición fuerte en el Ejecutivo socialista podría enfrentarse a un nuevo problema interno, con una crisis de legitimidad sobrevenida por el poder renovado de las voces críticas de la formación.
Hasta ahora, el único precedente del cogobierno fue el de Castilla La Mancha, donde su líder, José García Molina, entró en agosto de 2017 como vicepresidente en el Ejecutivo del socialista Emiliano García Page. Por entonces, Iglesias lo celebró como un éxito, pero el idilio fue breve y los recelos no tardaron en llegar. Molina fue adquiriendo un perfil propio que ya no respondía estrictamente a las órdenes de la cúpula del partido. E Iglesias lo fue apartando. En los últimos meses, pese a ser el único ejemplo de la coalición que ha defendido en campaña ha evitado dejarse ver con el artífice de esta alianza y ha evitado emplear el territorio manchego como parte de su discurso.
La incógnita está ahora en el desenlace de las negociaciones entre Iglesias y Sánchez. Si el líder de Podemos no consigue cuotas significativas de poder podría enfrentarse a un problema dentro de su partido. En este caso quedaría desprovisto de herramientas con las que justificar su utilidad política y los dirigentes autonómicos irían acumulando fuerzas que podrían hacerle sombra a nivel nacional.
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