El Tribunal Supremo ha citado a los expertos que defienden que es más segura la Catedral de la Almudena que el cementerio madrileño de Mingorrubio-El Pardo como emplazamiento para reinhumar los restos de Franco a fin de que se ratifiquen en el informe elaborado a petición de los nietos del dictador y se someta su trabajo a contradicción de las partes. La comparecencia se ha señalado para el próximo 4 de julio, según ha podido confirmar este diario en fuentes jurídicas.
La familia Franco ha aportado al procedimiento un trabajo firmado por un grupo de profesionales de seguridad en el que analizan los riesgos que conllevaría el eventual traslado del cuerpo embalsamado al camposanto de Mingorrubio-El Pardo -el lugar elegido por el Gobierno- y a una cripta de La Almudena, la sepultura elegida por los nietos en caso de que los restos de su abuelo salgan del Valle de los Caídos. También se valora los riesgos de su continuidad en Cuelgamuros, donde permanecen desde hace casi 44 años.
Con este análisis, los descendientes combaten las conclusiones expuestas por la Delegación del Gobierno en Madrid en sendos informes incorporados al expediente tramitado por el Ministerio de Justicia -no previstos en el decreto-ley que reguló el procedimiento administrativo- e invocados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para rechazar la reinhumación en el centro de Madrid. "Los restos no deberían bajo ningún concepto enterrarse en la cripta de la catedral de La Almudena por motivos de orden público, de riesgo de amenazas terroristas, de colapso de la zona en fechas señaladas o de enfrentamiento entre partidarios y detractores dentro de la cripta, donde la policía no puede entrar por ser un lugar sagrado", justificaba.
El informe pericial de parte -de 99 páginas de extensión y al que ha tenido acceso El Independiente- refuta uno a uno los inconvenientes esgrimidos por el representante del Gobierno en Madrid y rechaza que el traslado de la momia al entorno de La Almudena pudiera incrementar los riesgos, como se da por seguro en un intento de vetar dicho emplazamiento. No sólo no aumentaría -concluye- sino que algunas de las sombras planteadas no tienen siquiera la consideración de "problema de seguridad".
Los técnicos que elaboraron el informe para los Franco comparecerán el 4 de julio para ratificarse en su contenido y responder a las partes
En concreto, los expertos se refieren al hipotético caos de tráfico que registraría la zona en caso de que la catedral madrileña acogiera finalmente los restos del dictador, dado que la circulación y el estacionamiento en dicho enclave está ya "muy restringido". "Resulta hasta sorprendente que, dadas las restricciones actuales al tráfico en Madrid, y más concretamente en esta zona, en su informe el Delegado del Gobierno mencione como problema el riesgo de colapso circulatorio en el entorno de la Catedral. Técnicamente es una muestra más de la falta de objetividad y rigor científico del informe, que, en modo alguno, se puede considerar un análisis de riesgos coherente", razonan.
Por contra, los peritos de los Franco reprochan al delegado gubernativo, José Manuel Rodríguez Uribes, que despache en un párrafo los argumentos con los que concluye que sería inexistente el colapso circulatorio en El Pardo e ignore hechos que cuestionan tal afirmación.
Así, recuerdan que el acceso desde Madrid a dicho poblado sólo puede hacerse por dos carreteras "estrechas y de un solo carril por sentido" -concretamente la M-605 (Madrid-El Pardo) y la M-612 (Fuencarral-El Pardo- y que en el acceso a Mingorrubio existen varios acuartelamientos militares "con gran tráfico de entrada y salida" de vehículos y de "armamento pesado". A ello añaden la existencia en la zona de distintas instalaciones deportivas y el hecho de que se incrementaría el "riesgo de atropello" de camareros y viandantes en la calle principal por el trasiego añadido de vehículos.
"Impropio de una autoridad"
"Ignorar todos estos hechos expuestos y la gravedad de un posible colapso de estos accesos y del poblado mismo sin que merezcan siquiera un mínimo análisis no es propio de una autoridad con responsabilidad en seguridad pública", censuran. No es el único reproche. Los peritos también critican que el informe del delegado del Gobierno en Madrid formule afirmaciones sin que éstas "estén sustentadas en un análisis metodológico de carácter científico o técnico".
Igualmente, rechazan que el incremento de visitas que registraría La Almudena si acogiera los restos del dictador pudiera interferir la vida cotidiana del barrio y "mucho menos llegar a colapsarlo", teniendo en cuenta el "porcentaje tan limitado" que representaría la afluencia sobrevenida a la zona: entre 1.010 y 1.600 visitas diarias.
A juicio de los peritos de los Franco, donde sí se generaría un riesgo de colapso es en El Pardo, "un pequeño barrio de unos 3.500 habitantes que ya sufre puntual y recurrentemente la afluencia masiva de visitantes tanto al Palacio como a los numerosos restaurantes o para disfrutar de la naturaleza".
"No hay más que consultar los datos de visitantes publicados por Patrimonio Nacional para 2017 para constatar que, sólo al Palacio, acudieron 40.996 personas (44.850 en 2016). A éstas habría que sumar el gran número de visitantes que acude a comer a los más de veinte restaurantes ubicados en este mismo barrio (...) y los numerosos ciudadanos que acuden regularmente a disfrutar de la naturaleza", agregan.
Los peritos de parte combaten las razones por las que el Gobierno veta la reinhumación de los restos del dictador en la catedral madrileña
Asimismo, los expertos califican de "técnicamente incorrecto" el argumento del Delegado del Gobierno de que un incremento de la presencia de personas en la zona de La Almudena traería consigo un aumento del riesgo de la comisión de atentado -ni mediante coche-bomba, ni introduciendo un artefacto explosivo en el interior del templo, ni utilizando un arma camuflada por el terrorista entre la multitud- y sostienen que el peligro cabría valorarlo como "bajo o muy bajo".
"Entre las premisas de actuación de grupos terroristas se encuentra tener garantizada al máximo su propia seguridad. En el caso de esta zona, un potencial terrorista tendría claro que tiene muchas posibilidades de ser detectado, abatido o, casi indefectiblemente, de ser capturado; entre otras cosas porque no hay vías de escape rápidas y segura para ellos. Circunstancias que reducen mucho también esta posibilidad de atentar", razonan.
A mayor abundamiento, recuerdan que La Almudena cuenta con unas medidas de seguridad que están "muy por encima de las que pueden encontrarse en un cementerio semiurbano como el de Mingorrubio", mucho más expuesto -defienden- a una eventual acción terrorista. "El que se cometa o no dependerá más del nivel de amenaza (de que existan grupos deseosos de realizarlo) que de las medidas con que se cuenta para evitarlo, ya que estamos ante un escenario de alto nivel de vulnerabilidad", plantean.
Desórdenes sociales
El informe pericial, de igual manera, también considera escasamente significativo que la reinhumación de los restos de Franco en la cripta que la familia tiene en La Almudena dispare el riesgo de conflictos y desórdenes sociales promovidos por personas de ideología contraria, como argüye la Delegación del Gobierno en Madrid. "Resulta evidente que cualquier atisbo de este riesgo, en esta zona, sería abortado por la gran presencia y control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En contraposición, hay que resaltar los escasos controles y presencia de estos en los otros lugares de enterramiento, ya fueran cementerios u otros lugares de culto, en muchos de los cuales esos grupos violentos tendrían más facilidad para actuar, principalmente, por esa menor presencia de medidas de seguridad", añaden.
Los técnicos llegan a la conclusión también de que tanto el riesgo medioambiental como para la seguridad de los propios restos mortales del dictador es más elevado en Mingorrubio que en la catedral madrileña y que en el Valle de los Caídos, en cuya basílica fue enterrado el féretro el 23 de noviembre de 1975.
Argumentos de la demanda
La demanda interpuesta por los nietos de Franco incorpora las conclusiones del grupo de expertos en seguridad entre los argumentos con los que pide al Tribunal Supremo que anule los acuerdos del Consejo de Ministros -adoptados el 15 de febrero y el 15 de marzo de 2019- para ejecutar la exhumación del dictador. Ésta está suspendida cautelarmente hasta que la Sala entre en el fondo y dicte sentencia, lo que se espera para después de verano.
Entre las pruebas a practicar, el abogado de la familia Franco -el letrado Luis Felipe Utrera-Molina- pidió a la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal que citara a los autores del citado informe pericial para que se ratificaran en su contenido y respondan las preguntas que puedan formularle tanto la otra parte -la Abogacía del Estado- como el propio tribunal. Es la comparecencia que se ha señalado para el próximo 4 de julio.
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