Nuevo frente judicial para Marlaska por su gestión del acuerdo de equiparación salarial

Un nuevo frente se abre en los tribunales para el Ministerio del Interior a cuenta de la ejecución de la equiparación salarial. Primero fue un juzgado de instrucción el órgano que abrió diligencias previas por las presuntas "presiones" que la Secretaría de Estado de Seguridad habría ejercido sobre los técnicos de la consultora externa que han elaborado el informe que determinará si los 807 millones de euros consignados son suficientes. Ahora, un juzgado de lo contencioso-administrativo ha admitido a trámite una demanda con la que se pretende forzar al Gobierno al "efectivo, real y pleno cumplimiento" del acuerdo firmado en marzo de 2018 para igualar las nóminas de los policías nacionales y los guardias civiles con las de los mossos.

Sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil mantienen abiertas diversas vías en un intento de conocer las conclusiones de la auditora (Ernst&Young Abogados) a la que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska encargó que analizara los puestos de trabajo y las retribuciones en los diversos Cuerpos y de que se cumplan los compromisos asumidos por Interior, publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hace 15 meses.

En un decreto firmado este lunes, al que ha tenido acceso El Independiente, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 12 de Madrid admite a trámite la demanda que la Confederación Española de Policía (CEP) interpuso el pasado 10 de mayo y ha fijado ya fecha para la celebración del juicio: el próximo 2 de octubre.

El juzgado ha adoptado otra decisión: le ha dado un plazo "improrrogable" de 20 días al Ministerio del Interior para que le remita el expediente administrativo íntegro, en el que deben figurar todos los trabajos -provisionales y finales- elaborados por Ernst&Young en virtud del citado encargo.

Un juzgado de lo Contencioso admite a trámite un recurso de la CEP y le pide a Interior el informe clave sobre la equiparación salarial

La CEP da este paso tras requerir sin éxito a Interior una copia de los informes entregados por la auditora a finales del pasado mes de febrero, antes de que expirara el plazo convenido. El departamento de Grande-Marlaska no sólo no atendió el requerimiento sino que ni siquiera respondió su petición. Sí le contestó la auditora, si bien para comunicarle que para cualquier cuestión relacionada con el encargo tenía que dirigirse a la Secretaría de Estado de Seguridad.

En su recurso, la organización sindical recuerda que el acuerdo firmado el 12 de marzo de 2018 incluyó una cláusula -concretamente la primera- por la que Interior aceptaba que en la elaboración de dicho estudio de retribuciones y funciones se contaría con la participación de los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil.

Informe "puesto a puesto"

"La necesidad de obtener por parte de los firmantes el informe realizado por la Consultoría externa radica en que, si no se dispone del mismo, en el que se valoran puesto a puesto las retribuciones que deben ser abonadas a los funcionarios de Policía Nacional, los sindicatos y asociaciones firmantes no pueden participar en el mismo (...) sin tener acceso al documento sobre el que trabajar", defienden. Sin tener acceso a dichas conclusiones, los representantes de los agentes desconocen si las cantidades consignadas son suficientes para que la equiparación salarial sea "total y absoluta".

Es por ello por lo que la CEP insta al juzgado a que requiera a la Administración para que le entregue "los trabajos de consultoría en los que constan las cifras de equiparación puesto a puesto y correcciones acordadas", como el anterior ministro del Interior (Juan Ignacio Zoido) prometió en marzo de 2018.

Ernst&Young Abogados entregó un primer informe final en la segunda quincena de febrero, si bien la Secretaría de Estado de Seguridad lo echó para atrás el 27 marzo al entender que el trabajo realizado por la consultora no cumplía las condiciones del encargo, ofreciéndole un plazo adicional de 45 días hábiles para rehacerlo. Ese margen expiró la primera semana de junio, sin que Interior haya convocado aún a los sindicatos y asociaciones profesionales para compartir el contenido de dicho análisis.

El Central de lo Contencioso-Administrativo 12 de Madrid es el segundo juzgado que reclama los trabajos elaborados por la consultora externa. El pasado 20 de mayo, Instrucción 17 de Madrid abrió diligencias tras la denuncia presentada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) al apreciar indicios de "infracción penal" en el proceder del Ministerio del Interior. La juez Inmaculada Lova requirió tanto a la consultora como a Interior que le entregue copia de todos los informes relacionados con la equiparación salarial.

Del Congreso al Defensor del Pueblo

El requerimiento de la citada documentación al departamento de Grande-Marlaska le ha llegado también a través del Congreso de los Diputados, después de que la Mesa admitiera a trámite la petición formulada por el grupo parlamentario de Vox. Y, previsiblemente, también se lo pedirá la Oficina del Defensor del Pueblo tras el amparo que esta misma semana han presentado la CEP y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ante la ocultación de Interior.

La petición de los informes se produce cuando Grande-Marlaska dispone ya de un dictamen del Consejo de Estado en el que concluye que el acuerdo firmado por Zoido con cuatro sindicatos de la Policía Nacional (SUP, CEP, UFP y SPP) y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, UniónGC, ASESGC, APROGC y la Asociación Profesional de Cabos) no es "ni jurídicamente exigible ni vinculante".