El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusado este miércoles al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, de actuar "como presidente de parte, a las órdenes de ciertos partidos políticos y no como presidente de todos los eurodiputados".
En un comunicado, ha explicado que desde el 14 de junio, tanto él como el exconseller Toni Comín, han enviado cuatro cartas a Tajani, que no ha contestado, reivindicando sus "derechos e inmunidades" tras haber sido elegidos eurodiputados en las elecciones del 26 mayo.
En las misivas, que también han dirigido al secretario general del Parlamento Europeo, Klaus Welle, y al presidente de la comisión de Asuntos Legales Pavel Svoboda, concretan las "irregularidades cometidas por el Estado español" que bloquean la posibilidad de que puedan ocupar sus escaños en la institución europea.
Pide una 'respuesta formal'
Según Puigdemont, la lista con los diputados proclamados electos por la Junta Electoral Central (JEC), entre los que está su nombre, el de Comín y el del líder de ERC, Oriol Junqueras, no se ha enviado nunca al Parlamento Europeo: "Y esta es una de las muchas irregularidades cometidas por el Estado español, y sobre las cuales se pide que se tome una decisión".
"El Estado español es el único que obliga a acatar una constitución estatal antes de poder ejercer como eurodiputado, una condición que es contraria al derecho europeo", destaca también el expresidente catalán, que reprocha a Tajani no asumir su responsabilidad.
Así, ha advertido al presidente del Parlamento Europeo de que no responder las cartas no le ahorrará "una respuesta formal de las instituciones europeas ante una grave violación de derechos fundamentales, una vulneración que pone en riesgo las bases de la democracia europea".
A falta de menos de una semana para la constitución del Parlamento Europeo, considera que los responsables de velar por los derechos de los eurodiputados "ignoran la petición dirigida en tiempo y forma por dos eurodiputados que han sido elegidos con más de un millón de votos".
Tras reivindicar que los votos de los ciudadanos valen lo mismo, ha avisado de que establecer un precedente "que permitiría a los gobiernos dificultar o impedir el acceso de disidentes y opositores políticos a una representación parlamentaria sería un golpe a la democracia que Europa no puede asumir sin serias consecuencias negativas".
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