La Fiscalía ha pedido hoy de nuevo la absolución para el PP y sus tres empleados acusados de borrar los ordenadores de Luis Bárcenas porque hay "dudas" que se tienen que interpretar en favor del reo y si el PP destruyó su propia contabilidad B, no se puede acreditar un delito de daños informáticos.
En la presentación de sus conclusiones finales en el juicio abierto en el juzgado de lo penal número 31 de Madrid, la fiscal Carmen Luciáñez ha destacado las "numerosas contradicciones" en el relato del extesorero y ha recordado que no pudo acreditar que los ordenadores borrados fueran suyos.
"Si partimos de la base de que el PP destruyó su contabilidad B, entendemos que esa información era del PP y no era ajena", como exige el artículo 264 del Código Penal, que establece que el delito de daños informáticos implica borrar o dañar datos o archivos "ajenos", ha explicado la fiscal.
La representante del Ministerio Público ha considerado que "no es descabellada" la idea planteada por el PP de que Bárcenas les reclamó los ordenadores cuando se le prohibió entrar en la sede de Génova para intentar demostrar que mantenía una relación laboral con el partido, y que no había sido despedido.
Ha señalado también que el proceso de borrado seguro al que el PP sometió los discos duros -en los que sobreescribió 35 veces- "aparentemente se ajusta a la legalidad"
Ha repasado varias de las "contradicciones" en las que ha incurrido el extesorero desde que comenzó hace cinco años la instrucción del caso, en cuanto al contenido de los portátiles, y ha recalcado que para que haya un delito de encubrimiento, del que se acusa también a tres trabajadores del partido, es necesario precisar cuál es el delito que se quiere encubrir.
Si se destruyó información sobre la contabilidad B de PP hasta 2006, los delitos habrían prescrito y "la conducta encubridora de delitos prescritos no obstaculizaría la labor de la labor de justicia", ha explicado.
La fiscal ha rebatido las críticas de las acusaciones populares, que le ha recriminado su escrito absolutorio, y ha dejado claro que tanto el que presentó en 2013 como el hecho ahora, con diferentes gobiernos, tenía el visto bueno de sus superiores. Ha vuelto además a cuestionar la legitimidad de las acusaciones populares para impulsar la causa.
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